Se hará una conexión a través de Internet, pues contra ella existe una orden de captura en el país. La comisión de Política Interior abrió una averiguación por la Masacre de Cicapra. En cuanto a la investigación de la Masacre de El Junquito, la diputada Delsa Solórzano informó que la comisión obtuvo las actas policiales de la Operación Gedeón.
Caracas. La fiscal general destituida por la fraudulenta Constituyente, Luisa Ortega Díaz, rendirá su informe de gestión ante la comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN) el miércoles de la próxima semana.
La información la dio a conocer este 21 de febrero la presidenta de la comisión parlamentaria, Delsa Solórzano (UNT-Miranda), quien precisó que la comparecencia se producirá vía conexión de Internet. Como se sabe, Ortega no solo fue destituida sino que además se dictó una orden de captura en su contra.
Ortega pudo ejercer su cargo normalmente entre enero y agosto de 2017, antes de su destitución. En ese lapso denunció el incremento de las ejecuciones extrajudiciales, la ruptura del orden constitucional, el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos y la participación de altos cargos del Gobierno en presuntos hechos de corrupción en Odebrecht, entre otros. Luego de su destitución, ha denunciado e investigado el financiamiento extranjero a la campaña presidencial de 2012, presentó una demanda contra el gobierno de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional y ha revelado algunos elementos de la trama de corrupción en torno a las bolsas Clap. También afirmó que en el caso de la Masacre de El Junquito se produjo una ejecución.
Entretanto, este miércoles el fiscal general designado a dedo por la fraudulenta ANC, Tarek William Saab, rindió su informe de gestión ante dicho ente.
Masacre de Cicapra
Durante la reunión ordinaria de este miércoles, la comisión de Política Interior acordó abrir una averiguación por la denominada Masacre de las Minas de Cicapra en el estado Bolívar, ocurrida el pasado 10 de febrero.
En ese sentido, los diputados cursaron citaciones al alto comandante general del Ejército, el ministro de la Defensa y los comandantes de las Zodi y Redi correspondientes para que respondan sobre la supuesta ejecución de 18 personas presuntamente desarmadas en la referida mina. “Ya sabemos que ellos no asisten a las convocatorias de esta Asamblea pero cuando no vienen nos hacen un favor y nos facilitan la vía internacional porque incurren en denegación de justicia”, afirmó.
Además confirmó que se oficiará al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo para solicitar que inicien una investigación por presunta violación de derechos humanos. Afirmó que a pesar de que el Estado venezolano dio como oficial la versión del enfrentamiento, “se pudo evidenciar que eran distintas las heridas que tenían los cuerpos en la mina y los que tenían luego en la morgue, además no se encontró ningún arma de fuego alrededor de los cadáveres”, lo cual pondría en duda esa versión.
Confirmó que los familiares de las 18 víctimas de la masacre de Cicapra concurrieron este miércoles a la comisión y fueron entrevistados a puerta cerrada.
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La diputada reveló que si bien los organismos oficiados por la comisión para obtener la lista de funcionarios policiales y militares que actuaron en la denominada Masacre de El Junquito, ocurrida el 15 de enero, no han respondido dicha solicitud, la comisión obtuvo las actas policiales de la Operación Gedeón, como definió el Ministerio del Interior a la incursión policial que dejó 7 personas muertas.
Tenemos las actas policiales del caso Óscar Pérez, las conseguimos. Hay cosas importantes que hemos conseguido en esas actas y que presentaremos al país cuando rindamos el informe final. No nos vamos a callar pase lo que pase y por eso nos quieren silenciar”, dijo Solórzano.
Sobre este caso, la comisión rindió un informe preliminar el 22 de enero y recibió una prórroga por 60 días más para rendir su informe final.
Foto cortesía @AsambleaVE
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