Fiscalía cerró un centro de torturas en el Palacio de Justicia de Caracas

Las denuncias de cuatro detenidos, quienes aseguraron a la Fiscalía haber sido golpeados y maltratados por los guardias nacionales que resguardan el recinto judicial mientras esperaban ser llevados ante un juez, permitió el descubrimiento.

Juan Francisco Alonso

Caracas. “La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad”. Así se refirió en 1815 el Libertador Simón Bolívar a esa rama del poder encargada de castigar a quien infringe la ley. Sin embargo, si hoy el prócer visitara el Palacio de Justicia de Caracas, el cual alberga a los tribunales penales, podría creer que más bien está en una guarida de criminales no solo por el deplorable estado físico de las instalaciones sino por el comportamiento de algunos de quienes allí laboran.

A principios de este mes el Ministerio Público desmanteló una especie de cuarto de torturas que funcionaba en los calabozos del recinto y el cual fue descubierto el 1 de julio, cuando cuatro imputados que esperaban ser llevados ante un juez denunciaron haber sido molidos a palos por los guardias nacionales que los custodiaban.

“El viernes 1 unos detenidos que aguardaban a ser llevados ante un juez denunciaron a funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que se encontraban en el lugar, que fueron golpeados y maltratados por unos guardias en los calabozos”, afirmó una fuente judicial, la cual reveló que “los militares los golpearon con bates y palos”.

Los policías notificaron la novedad al Ministerio Público y el fiscal 62 Nacional, Eddmysalha Guillen, se trasladó a los calabozos y halló los bates y los palos, razón por la cual solicitó a la jueza 22 de Control de Caracas, Betty Reyes, que ordenara la aprehensión de los sargentos Newman Ulpino, Abel López, José Gamero, Juan Rivas Caraballo y Jenson Rivero Vargas. Al día siguiente la funcionaria aceptó la solicitud y mandó a la Dirección de Contrainteligencia Militar realizar las detenciones, según consta en el oficio 588-2016, enviado al general William Hernández Aquino, jefe de Investigaciones del organismo castrense y al que tuvo acceso Crónica.Uno.

¿Por qué?

En un primer momento en el despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz sospechaban que la actuación de los uniformados tenía un móvil, se pensó que los señalados eran sospechosos de estar detrás de algún crimen donde un uniformado o el pariente de uno hubiera sido la víctima.

Los cuatro agredidos fueron detenidos el mismo viernes por presuntamente ser los responsables del secuestro y posterior asesinato de José Simón Contreras, conductor de la línea Catia-Tacagua, ocurrido en junio pasado.

Sin embargo con el paso de los días la tesis ha variado y en la actualidad los tres fiscales que conducen las investigaciones creen que los militares actuaron por “simple sadismo”, por lo que no descartan que este tipo de situaciones se vinieran repitiendo desde hace tiempo.

“El problema es que ahora alguien decidió hablar”, indicó la fuente, la cual agregó: “Al parecer era común que cuando los imputados o procesados eran sacados de los calabozos para llevarlos a los tribunales o a los autobuses que los llevan de vuelta a sus cárceles los guardias nacionales los maltrataran, les pegaran con bates y palos a medida que caminaban por el pasillo”.

El informante aseguró que los exámenes médico forenses a los imputados que destaparon este caso confirman que fueron golpeados. “En las fotografías que les tomaron se ven que de la cadera para bajo su piel cambia de color desde el rojo intenso al negro pasando por el morado, producto de los golpes”.

El pasado 7 de julio el Ministerio Público anunció que buscará procesar a cinco guardias nacionales (GN) por el delito de trato cruel y que pidió que permanecieran detenidos preventivamente en el comando que el organismo tiene en el Palacio de Justicia mientras recaba más elementos para acusarlos, todas estas peticiones fueron atendidas por la jueza Reyes.

El funcionarios condenado por trato cruel se arriesga a pasar hasta 23 años en prisión e igual tiempo de inhabilitación, según el artículo 18 de la Ley Especial contra la Tortura.

Práctica común

Lo ocurrido en la sede judicial no es una rareza en Venezuela, al menos a la luz de las propias cifras que maneja la Fiscal General, quien a finales de junio en una entrevista admitió que entre enero y mayo su despacho imputó a 229 funcionarios y acusó a 142 por violar Derechos Humanos; y que 72 ya están tras las rejas y 15 condenados.

Desde 2012 a la Guardia Nacional Bolivarina se le asignó la tarea de custodiar el Palacio de Justicia, de vigilar los calabozos y de trasladar a los detenidos y condenados hacia los tribunales. En su momento esta decisión fue cuestionada por los alguaciles, no solo que va contra la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual le da esa responsabilidad a los alguaciles esta tarea, sino porque los uniformados no están preparados para la misma.


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