Los uniformados participaban en la “Operación Rondón”, un operativo lanzado por el Ejército para combatir el secuestro y otros delitos en zonas rurales del país.
Caracas. Un nuevo escándalo de violaciones a los Derechos Humanos salpica a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB): 11 efectivos del Ejército serán procesados por la desaparición y muerte de 12 personas en Barlovento (Miranda), cuyos cadáveres aparecieron entre los pasados viernes y sábado.
La información la suministró el Ministerio Público (MP) en un comunicado donde anunció que en las próximas horas imputará ante un juez al teniente coronel José Ángel Rojas, y a los sargentos primero Orlando Maceli Barrios, Rafael Ruiz, Luis Ramón Figuera, Francisco Rivas Salazar y Romi Antón Antón, así como al sargento mayor de tercera Miguel Francisco Rodríguez y el mayor Luis Eduardo Romero; y los cabos segundo Arquímedes José Aguey, Luis Eduardo Machado y Fabián de Jesús Rangel por la comisión de “varios delitos relacionados con la vulneración de Derechos Fundamentales”.
Los uniformados, todos miembros del Batallón 323 Caribe con sede en Maturín (Monagas), fueron detenidos por agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) señalados de estar implicados en la desaparición y muerte de una docena de hombres, los cuales fueron detenidos entre el 16 y 19 de octubre en distintas zonas de Barlovento.
Los familiares de los detenidos, cuyas identidades no han sido difundidas, acudieron horas después al puesto militar ubicado en el sector de El Café para saber de sus seres queridos y allí comenzó el calvario, pues les dijeron que allí no estaban. Tras iniciar una búsqueda por otros destacamentos policiales y militares, y por hospitales, los familiares acudieron a denunciar la situación.
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, comisionó tanto al fiscal 62 Nacional de Derechos Fundamentales, Eddmyfalga Guillén, como a la Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales, un grupo encargado de investigar casos donde se sospecha que policías y militares incurrieron en delitos contra los DDHH, para esclarecer el asunto.
Tras días realizando pesquisas y entrevistas, el viernes 25 de noviembre en el sector El Café del citado municipio fueron hallados los cadáveres de dos de los desaparecidos; mientras que los 10 restantes fueron encontrados este sábado 26 en el sector Aragüita vía Guatopo.
[irp posts=”31826″ name=” Exceso” de militarización provoca cifras rojas en la Guajira”]Sin antecedentes
Una circunstancia particularmente grave en el caso de los 12 desaparecidos es que ninguno de ellos presentaba antecedentes policiales ni estaba solicitado por ninguna Fiscalía ni tribunal, admitió el MP, el cual denunció que “los 12 ciudadanos fueron detenidos por efectivos militares sin que mediara en su contra ni el supuesto de flagrancia, ni una orden judicial de aprehensión”.
El Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic) en un informe que envió al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas informó que en 1.510 casos de presuntas violaciones a los DDHH de los que tuvo información, en 81 % (1.221 casos) las víctimas eran menores de 25 años y 99 % (1.495 casos) eran hombres habitantes de barriadas populares.
Otro caso
En el Ministerio Público no descartan que el número de detenidos crezca, pues el caso de las 12 personas no es el único que están investigando. El pasado sábado 19 de noviembre, otros militares detuvieron a un joven de 16 años de edad, el cual murió en sus manos a consecuencia de los malos tratos que recibió por parte de los uniformados, según destacaron fuentes judiciales.
El cadáver de este joven se encuentra a disposición de las autoridades que ya iniciaron las investigaciones.
Estos incidentes ponen en entredicho lo afirmado por el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, en un comunicado difundido el pasado viernes, donde aseguró: “Este tipo de hecho aislado contraviene el ordenamiento jurídico nacional y militar, y no representa en modo alguno el profesionalismo y la vocación humanista que caracteriza a las soldadas y soldados de la patria, forjada a la luz de la revolución bolivariana, toda vez que en su accionar diario se exige el más absoluto respeto a los Derechos Humanos, garantía universal consagrada en nuestra Carta Magna”.
¿Lo ocurrido en Barlovento se pude considerar un hecho aislado? A la luz de las cifras que el MP presentó a principios de este mes en la ONU, durante el II Examen Periódico Universal a Venezuela, no.
[irp posts=”38738″ name=”Gobierno se llevó para la casa las 274 recomendaciones que recibió en la ONU”]Entre 2011 y 2016, 1.775 funcionarios civiles y militares fueron acusados por estar presuntamente implicados en violaciones a los Derechos Humanos. De este número, 786 fueron acusados por homicidios y 989 por tortura, trato cruel e inhumanos, informó la vicefiscal Alix Boscán.
Desde que en julio de 2015 fue lanzada la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), en la cual participan efectivos castrenses junto con los policías, las denuncias de abusos y excesos no han dejado de llegar al despacho de Ortega Díaz. Más de 1.000 funcionarios están siendo investigados por 333 muertes.
Después de anunciar que el presidente Nicolás Maduro ordenó “la degradación y expulsión de los culpables por haber violentado con su conducta los valores y principios que nos representan, preceptos sociales y decoro de la profesión”, el Ministerio de la Defensa, en su comunicado, aseguró que los militares —los cuales estaban acantonados en un destacamento en Caucagua (Miranda)—, tenían que “realizar operaciones de reconocimiento y patrullaje para garantizar la seguridad y protección de la población contra la criminalidad”. Estas labores las realizarían en el marco de la “Operación Rondón”, un dispositivo activado para combatir el secuestro y otros delitos en zonas rurales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los últimos años ha expresado sus reservas a la participación de la institución armada en planes de seguridad ciudadana, por considerar que abre las puertas a violaciones a los DDHH y pone en entredicho la fortaleza de un sistema democrático, pues “la criminalidad ordinaria —por muy grave que sea— no constituye una amenaza militar a la soberanía del Estado”; y por ello ha dictaminado que “los asuntos que tienen que ver con la seguridad ciudadana son de competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados”.
Foto referencial: Cristian Hernández
Participa en la conversación