El uniformado fue citado para este jueves 13 de julio para ser imputado por la presunta violación a los Derechos Humanos contra los diputados opositores y los invitados que fueron agredidos y robados por simpatizantes del chavismo que asaltaron el Capitolio tras la sesión por el Día de la Independencia.
Caracas. El número de uniformados a los que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, desea procesar sigue creciendo. Este lunes el Ministerio Público anunció su intención de investigar al corone Bladimir Lugo por el asalto al Palacio Federal Legislativo realizado por un grupo de simpatizantes del chavismo el pasado 5 de julio, Día de la Independencia.
La información la suministró la Fiscalía en un comunicado de prensa, en el cual precisó que el fiscal 49 Nacional, Oliver Uribe Pinto, citó al uniformado, actual encargado de la seguridad de la sede de la Asamblea Nacional (AN), a fin de que comparezca el próximo jueves 13 de julio a las 10 mañana para ser imputado por presunta violación a los Derechos Humanos.
El pasado 5 de julio, luego de culminada la sesión especial con motivo del 206 aniversario de la Firma del Acta de Independencia, un grupo de chavistas logró ingresar al Capitolio, donde golpeó, agredió, amenazó y robó a diputados, periodistas e invitados que acudieron al acto con motivo de la fecha patria sin que los efectivos militares al mando de Lugo tomaran cartas en el asunto.
Solo después de varios minutos de enfrentamientos, en los cuales cinco diputados y siete trabajadores del Parlamento resultaron heridos, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) logró sacar del recinto a los agresores quienes, no obstante, permanecieron durante varias horas más rodeando la sede sin permitirle a los legisladores, comunicadores e invitados retirarse.
Lo ocurrido en la AN fue condenado mundialmente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue la última se sumarse la repulsa y admitió su “preocupación” por la ocurrencia de hechos similares antes. “En el contexto de violencia que vive el país, la Comisión ha recibido información sobre grupos civiles armados que serían responsables de hechos violentos que han resultado en graves lesiones y muerte de manifestantes y transeúntes, incluyendo niñas, niños y adolescentes. La CIDH advierte a las autoridades que no resulta suficiente condenar los hechos violentos, sino que tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para prevenirlas, además de investigar, juzgar y sancionar a sus responsables, una vez que estas ocurren”, señaló en su comunicado la instancia regional.
Lugo saltó a la palestra el 27 de junio pasado, cuando se difundió un video donde se le ve empujando al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, del comando que la GNB tiene en el Capitolio y a donde el parlamentario había acudido para quejarse por los golpes que algunos uniformados propinaron a unos diputados que exigían conocer el contenido de unas cajas con el logo del Consejo Nacional Electoral (CNE), que estaban introduciendo en dicha dependencia.
En desacato
Las posibilidades de que Lugo comparezca ante el MP son escasas y así lo reconocen en ese organismo, donde informaron que al hacerle entrega de la citación el oficial habría soltado: “Que le echen bolas”.
Con este ya son tres los uniformados a los que el despacho de Ortega Díaz desea procesar. El primero fue el excomandante de la GNB y actual jefe del Distrito Capital, mayor general Antonio Benavides; y el segundo fue el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), general en jefe Gustavo González López.
Sin embargo, ninguno ha acudido a la Fiscalía. A Benavides la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia lo exoneró de comparecer, alegando que el cargo de jefe del Distrito Capital equivale al de un gobernador de estado y, por ende, tiene el privilegio del antejuicio de mérito; y el segundo no acudió.
“González López no se dio por notificado, aunque dejó copia de la citación en su despacho”, revelaron fuentes judiciales. Desde el Ministerio Público aseguraron que lo volverán a convocar.
El pulso sigue
Casi simultáneamente a esta decisión, el TSJ anunció su decisión de avocarse a conocer, de oficio, el caso de los 14 policías de Chacao presos en el Sebin y sobre los que pesan órdenes de excarcelación desde agosto pasado.
Pese a que el máximo juzgado informó en su cuenta de Twitter que la Sala de Casación Penal tomó la decisión motu proprio, en otro mensaje anunció que la misma era la respuesta a la solicitud que la fiscal 14 de Caracas, Yessica Rivera, le hiciera. También anunció que dicha funcionaria actuó cumpliendo instrucciones de la vicefiscal designada por la Sala Constitucional, Katherine Haringhton.
Rivera fue destituida por Ortega Díaz por cumplir órdenes de personas ajenas al Ministerio Público y “extralimitarse en sus funciones”, aseguraron fuentes judiciales.
La decisión representa un paso más en el escalamiento del conflicto entre el TSJ y el Ministerio Público, por cuanto la Ley que regula a este último organismo es clara al establecer que es el Fiscal General quien dirige al MP y quien puede “organizar y distribuir competencias (…) entre sus fiscales”. Asimismo, establece que las competencias del vicefiscal se las asignará el Fiscal General.
El sábado, el despacho de Ortega Díaz ya había solicitado la liberación de los agentes, quienes fueron detenidos a mediados del año pasado señalados por el Gobierno de participar en el asesinato del periodista Ricardo Durán; y contra los que no presentó acusación por no hallar pruebas que sustentaran las afirmaciones del entonces ministro del Interior, Gustavo González López. No obstante, hasta el momento la petición no ha sido atendida.
La vicefiscal ingresó el viernes a una de las sedes del Ministerio Público y estuvo unos minutos dentro, pues funcionarios de seguridad la escoltaron hasta la salida y la fiscal que colaboró con ella, Narda Sanabria, fue destituida por Ortega Díaz.
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