El despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz ha pedido detener a la exministra de Salud, Eugenia Sader, y a cuatro excolaboradores, solicitud que aún no ha sido respondida por la jueza Luisa Romero.
Caracas. La Fiscalía y los tribunales vuelven a mantener un pulso, pero este no es por el encarcelamiento de un opositor o porque un manifestante sea procesado por la justicia militar sino por un caso de presunta corrupción.
El despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz solicitó hace más de dos semanas a la jueza 7 de Control de Caracas, Luisa Romero, que ordenara la detención de la exministra de Salud, Eugenia Sader; y de cuatro excolaboradores suyos por su presunta implicación en el caso de los 75 contenedores llenos de medicamentos importados que se vencieron sin haber sido distribuidos a los hospitales públicos y que fueron hallados el año pasado en el Almacén de Medicamentos e Insumos Médicos Robotizado Jipana del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (Sefar), ubicado en Los Valles del Tuy (Miranda).
Además de la exministra, el Ministerio Público requirió a la jueza que ordene el encarcelamiento de Julio César Aguilar Rondón, de Lesbia Josefina Muro, de Luis Rodolfo Bracho y de Teojeansix de Jesús Molina, todos ellos exdirectores del Sefar, organismo responsable de producir, almacenar y distribuir remedios e insumos a los centros de salud del país.
Sin embargo, por motivos desconocidos la funcionaria todavía no se ha pronunciado, por lo cual en la Fiscalía no descartan que alguien esté intercediendo a favor de Sader. En predios judiciales, por su parte, aseguran que Romero, quien antes de ser designada jueza se desempeñó como secretaria, es “correcta y sabrá qué hacer”.
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Esta investigación se inició el 17 de octubre de 2016, luego de que el general Octavio Javier Chacón Guzmán, coordinador del Rubro Farmacéutico de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, inspeccionara el día 8 del mismo mes el galpón junto con el director del Sefar, Gerardo Briceño; y el presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Carlos Rotondaro; y observara la presencia de los contenedores repletos de insumos.
Días después, los fiscales Víctor López y Daniel Gil inspeccionaron a fondo dos de los recipientes y constataron la presencia de cientos de cajas de Risperidona, un antidepresivo que ya no se encuentra en las farmacias, las cuales expiraron en septiembre de 2014. También fueron hallados varios medicamentos para combatir el cáncer como el Letrozol, la Mitoxantona, la Gemcitabina y el Tamoxifeno, los cuales vencieron entre enero y diciembre de 2013.
Asimismo, fueron encontrados cientos de dosis de Insuman (insulina humana), las cuales caducaron en agosto de 2013 sin que se les distribuyera a ningún hospital, clínica o farmacia, para atender a los miles de diabéticos que hay en el país.
Otra vez
El hallazgo de Los Valles del Tuy no es algo nuevo en Venezuela. En 2011, la Contraloría General de la República encontró en otros almacenes del Sefar ubicados en Caracas miles de medicamentos vencidos.
En esa oportunidad el organismo encargado de velar por el buen uso de los fondos públicos constató que 27 mil inyectadoras compradas a Cuba se perdieron por no estar guardadas correctamente. A su vez, se encontró con que el Ministerio para la Salud debió gastar más de medio millón de dólares en incinerar 566.590 kilos de productos que se vencieron o dañaron sin haber sido enviados a los hospitales y farmacias.
Por este escándalo nadie fue procesado y mucho menos castigado; y por ello desde la Asamblea Nacional no se mostraron sorprendidos por el nuevo hallazgo.
“No se hicieron los correctivos y se siguen cometiendo los mismos errores. Se siguen comprando medicamentos cuya fecha está cerca de expirar, porque son más baratos; y se están almacenando sin cumplir con las condiciones para garantizar su conservación y por ello se pueden dañar. ¿Por qué? Porque nadie ha sido sancionado por lo que pasó en 2011, así como tampoco nadie fue sancionado por las 100 mil toneladas de alimentos importados que se pudrieron en los puertos”, afirmó el diputado Carlos Berrizbeitia.
Más allá del costo monetario, el hallazgo resulta especialmente chocante en la actualidad, cuando el país sufre una grave escasez de medicamentos. Según la Federación Médica Venezolana, los hospitales funcionan con apenas 3 % de los materiales requeridos, mientras que la escasez de medicinas en las farmacias en enero pasado llegó al 85 %, según la Cámara Farmacéutica.
Estos datos son, para organizaciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez y la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), los responsables del aumento de la mortalidad infantil y materna y de enfermedades como la malaria, reconocida la semana pasada por MinSalud.
El despacho de Sanidad en su primer informe epidemiológico en más de un año reconoció un aumento de 30,12 % en la mortalidad infantil y de 65 % en la materna entre el 2015 y el 2016, así como un repunte de enfermedades que se creían erradicadas hasta no hace mucho, como la malaria, con lo cual se confirma la grave situación de la salud en el país.
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