De acuerdo con la Fundación al Debido Proceso, durante el operativo realizado el pasado 15 de enero, que terminó con la muerte del exfuncionario del Cicpc, Óscar Pérez, se violaron contenidos de leyes nacionales y tratados internacionales.
Caracas. Presencia de ejecuciones extrajudiciales y violación de derechos humanos es la conclusión a la que llegó la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro) luego de que 9 personas perdieran la vida durante un operativo realizado el pasado 15 de enero en El Junquito.
Entre los fallecidos se encuentra el exfuncionario del Cicpc, Óscar Pérez, junto con 6 miembros de su equipo. Así mismo, dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que participaron en el operativo, según confirmó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol.
De acuerdo con Fundepro, durante la operación “Gedeón” realizada en el sector Araguaney se violaron contenidos de tratados internacionales y leyes nacionales, como la Constitución en su artículo 43, en el cual se garantiza el derecho a la vida.
Fue un atropello contra quienes disienten abiertamente en contra del Gobierno, que el poder del Estado ha sido utilizado una vez más para acallar cualquier manifestación en su contra”, se lee en el comunicado de la organización.
Por otro lado, pide que se abra una investigación por los hechos y se respete el debido proceso a los detenidos, ya que el operativo puede ser considerado como crimen de lesa humanidad según en el derecho penal internacional, “como un ejemplo más de la indefensión y desamparo absoluto en el cual estamos inmersos los venezolanos”
Al mismo tiempo, condenaron la presencia de personas ajenas a los cuerpos policiales con funciones similares a los efectivos, esto luego de que presuntamente miembros de un colectivo del 23 de Enero participaran en la operación.
En el procedimiento, también resultaron detenidas siete personas del equipo de Pérez, y se recolectaron fusiles, cargadores para fusiles, dos rifles, una escopeta, una chaqueta del Cicpc, uniformes militares, granadas de humo y municiones de varios calibres, afirmó el ministro.
De acuerdo con Reverol, “pese a los intentos de una negociación pacífica, el grupo inició un enfrentamiento con los organismos de seguridad”. Sin embargo, durante el procedimiento, el excicp denunció a través de redes sociales que, pese a negociar su entrega, los funcionarios no lo dejaron.
Óscar Pérez se dio a conocer luego de que el 27 de junio 2017 atacara a bordo de un helicóptero del Cicpc la sede del Ministerio de Relaciones Interiores y luego arrojara cuatro granadas al Tribunal Supremo de Justicia.
Foto referencial: Cortesía El Pitazo
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