Gobernadores no acataron orden oficial que prohíbe restricción del traslado de reses

En la resolución publicada en la Gaceta Oficial N.° 41526, de fecha 16 de noviembre, se veda a cualquier autoridad regional o municipal el establecimiento de precios a los bienes. Sin embargo, los gobernadores Ramón Carrizales, de Apure, y Omar Prieto, de Zulia hicieron caso omiso.

Caracas. Desde hace tres meses la carne de res fue desapareciendo de las neveras de los hogares. Algunos consumidores esperaron por horas en una cola para adquirir el alimento en una carnicería. Y otras personas, más desesperadas, aguardaron la semana pasada hasta dos días en las afueras del mercado de Quinta Crespo para comprar los tres kilitos de carne que vendieron a precio regulado.

De acuerdo con productores agropecuarios, el desabastecimiento de carne de res alcanzó 90 % desde que gobernadores intervinieron la cadena de comercialización “a precios irrisorios”, lo que consideran como inconstitucional e ilegal.

El Gobierno, luego de tres meses de silencio e imponiendo precios regulados para 11 cortes de carne, emitió una resolución en la Gaceta Oficial N.° 41526, de fecha 16 de noviembre de 2018, en la que prohíbe “en todo el territorio nacional la emisión o ejecución de cualquier medida, restricción o gravamen, que impidan de manera directa o indirecta el acopio, transporte, distribución, comercialización o libre movilización de alimentos, bien sea de producción primaria o procesada, incluso sus subproductos, así como cualquier especie de ganadería, pesca o acuicultura, en pie o beneficiada”.

Sin embargo, Carlos Albornoz, presidente del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne (Invelecar), denunció por Twitter, a las 7:08 p. m. del jueves, que los gobernadores Ramón Carrizales del estado Apure y Omar Prieto de Zulia, dos entidades que producen más del 70 % de la carne que va a los grandes centros de consumo, no acataron la Gaceta Oficial. “El primero con el personal que controla no emite guías de movilización, y el segundo insiste en cobrar 30 % a los ganaderos de ese estado”, informó.

Indicó que en Barinas y Guárico se tiende a normalizar la situación. Pero funcionarios del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai) en el municipio Ribas de Guárico se niegan a entregar guías. “Recordemos que la norma establece pena corporal a aquellos que insistan en obstaculizar lo que es un derecho constitucional”, añadió.

El incumplimiento de los preceptos establecidos en la resolución será considerado como una transgresión a la seguridad y soberanía agroalimentaria nacional, y estará sujeto a la aplicación de la sanción de prisión de 12 a 15 años, correspondiente al delito de boicot; y de 3 a 6 años, correspondiente al delito de condicionamiento, según lo señalado en el artículo 6.

El Gobierno también veda, de acuerdo con el artículo 2, a cualquier autoridad regional o municipal el establecimiento de precios a los bienes sin la autorización del órgano competente.

La resolución, firmada por el Comando para el Abastecimiento Soberano y los ministerios de Industrias y Producción Nacional, de la Agricultura Productiva y Tierras, de la Alimentación, de la Pesca y Acuicultura, y de Comercio Nacional, también prohíbe, según el artículo 1, la emisión o ejecución de cualquier medida de restricción o gravamen a la libre movilización de los elementos necesarios para la producción primaria, procesamiento o comercialización de rubros agrícolas, pesqueros y acuícolas, como semillas, insumos biológicos y agroquímicos, fertilizantes, maquinaria agrícola, artes de pesca y cualquier otro suministro.

La orden estará en vigencia por el lapso de un 1 año, prorrogable por igual período, se añade en el artículo 7.