El poder de la organización comunal crece. Además de vender bolsas de comida, controlan la producción y distribución de productos, fiscalizan comercios y hasta tendrán sistema de tiendas.

Caracas. “Decisiva es la consolidación de los Clap como nueva célula económica, célula social del socialismo bolivariano. Los Clap es una respuesta socialista a la crisis y a la guerra económica” (sic), aseveró el presidente Nicolás Maduro el pasado 15 de enero, cuando presentó su mensaje anual ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no en la Asamblea Nacional como indica la Constitución.

La ausencia de productos básicos se ha agudizado porque el modelo de controles del Gobierno ha afectado a la producción. Frente a la crisis, el Ejecutivo decidió vender bolsas de comida a través de las Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), pero por medio de los decretos de emergencia económica, les dio a esas instancias poder para regular más la producción y el despacho de alimentos y artículos de higiene personal, además de fiscalizar comercios y hasta controlar el orden público con el apoyo de los militares.

Para este período, el dominio de los Clap —que están conformados por los consejos comunales, las UBCh y representantes del Frente Francisco de Miranda y Unamujer— crece. Maduro con frecuencia repite: “Todo el poder para los Clap” y hace una semana aseveró que “los Clap nacieron para llenar un espacio del que más nunca se irán”. Parte de los nuevos lineamientos están en el Plan Carabobo, que todavía no se divulga.

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Así crece el poder

Inicio de los Clap. En febrero del 2016, y en el marco de la devaluación y el aumento de la gasolina, Maduro anunció una reestructuración de las redes oficiales: Abastos Bicentenarios, Mercal y Pdval y estableció que los dos últimos debían trabajar junto con las comunidades. En marzo, lanzó los Clap como formas de organización para “la distribución casa por casa de productos regulados y “combatir” el desabastecimiento.

En abril, los consejos comunales empezaron a repartir planillas a los habitantes de las comunidades en las que solicitaron datos personales (nombres, dirección), militancia, tipo de vivienda, número de personas que habitan en la casa e ingresos por persona. Una vez que se llenaban las planillas, los consejos comunales llevaban las bolsas de comida o daban números a los vecinos para que fueran a buscar los paquetes a Mercal o Pdval, cuya función poco a poco se centró más en recibir las bolsas que ofrecer productos.

Tras la producción y la distribución. Con una producción desplomada, las regulaciones se recrudecieron. En mayo de 2016, el poder de los Comités se incrementó con uno de los decretos de emergencia económica, y además de repartir bolsas de comida, Maduro les dio la capacidad de controlar la producción y distribución de las empresas, lo cual luego se articuló con la Gran Misión Abastecimiento Soberano, que llevan los militares y que fue creada en julio para también fijar directrices a las industrias.

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En las normas se contempló que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la organización comunal deben participar en la correcta distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad. La Misión tiene un jefe de comando de abastecimiento, así como 18 jefes militares para supervisar la elaboración de varios alimentos, medicamentos y artículos de aseo personal.

A fines del pasado año, los industriales expresaron que las inspecciones de los Clap, la Superintendencia de Precios Justos (Sundde); el Sebin; el Inces, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat); el Ministerio del Trabajo y las Zonas de Defensa Integral (Zodi) afectan la producción debido a que las plantas tienen que pararse por momentos, y ello repercute en el abastecimiento.

Estas regulaciones se han seguido extendiendo en cada decreto de emergencia.

Cuánto manejan los Clap. En octubre, el Gobierno ordenó que 50 % de la producción de alimentos y artículos de higiene personal fuera para los Clap. La norma indica que “las empresas dedicadas a la producción de alimentos o bienes del sector agroalimentario, de higiene personal y aseo del hogar están obligadas a vender 50 % de su producción a los entes públicos que indique el Vértice Construcción y Consolidación de un Nuevo Sistema de Distribución de la Misión Abastecimiento Soberano”.

El procedimiento es que la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios, Mercal, Pdval, Venalcasa, Red de Abastos Bicentenarios, Lácteos Los Andes, Corpozulia, Corpomiranda y Corpolara adquieren los productos y se les dan a los Clap.

Tras esa orden, el presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, aseveró que el problema de abastecimiento en el país “se debe a la falta de producción”. Por las restricciones en la entrega de dólares y los controles, las industrias operan a 35 % de su capacidad, lo que ha acentuado el desabastecimiento. Datanálisis estimó en noviembre que la ausencia de rubros regulados en Caracas estaba en 77 %.

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A fines del pasado año, el Ministerio de Alimentación pactó acuerdos con privados para que la producción de rubros como pasta, aceite, entre otros, fuera a la Misión Abastecimiento para, posteriormente, ser distribuidos por los Comités.

En octubre, Datanálisis señaló que solo 19,6 % de los venezolanos preferían comprar la bolsa de los Clap.

Alcance. Según las cifras presentadas por el jefe de Estado, en 2016, 1,9 millones de familias recibieron las bolsas de comida. En días pasados, las autoridades indicaron que en este ejercicio el objetivo es llegar a 6 millones de familias.

Elaboración de productos. Entre las líneas que tienen los Comités Locales de Abastecimiento y Producción está la de producir bienes. El pasado año, el jefe de Estado dijo que “tienen capacidad para producir (…) Hoy los Clap están en condiciones de acelerar su marcha y de tomar el control de los procesos productivos”. Por ello, añadió que serán incorporados a los planes de siembra y fabricación de alimentos, con apoyo de los ministerios de: Agricultura, Alimentación y Comunas.

Autorización de recursos. En septiembre de 2016, el mandatario autorizó un crédito adicional por 240 millones de bolívares para que los Clap elaboraran productos de higiene personal y textiles, cuya ejecución no se precisó. A principios de enero de 2017, Maduro creó el Fondo de Consolidación y Expansión Productiva de los Clap, para el que destinó 585 millones de bolívares, correspondientes a los billetes de 100 bolívares recogidos en diciembre. El objeto es que sigan con los procesos productivos.

Fiscalización. A fines de 2016, el superintendente de precios justos, William Contreras, sostuvo que las denuncias de las comunidades “serán órdenes para que los Clap” con lo cual pueden fiscalizar y sancionar comercios e industrias.

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Sistema de tiendas. El Gobierno, adicionalmente, contempla la conformación de un sistema de tiendas de Clap al que se incorporarán las redes de Mercal, Pdval y Abastos Bicentenarios, las cuales serían reestructuradas hace un año. El coordinador de los Clap, Freddy Bernal, dijo en días pasados que las tiendas venderán alimentos en su primera etapa para luego ir incorporando rubros de higiene personal y de limpieza del hogar. El Jefe de Estado instó a los empresarios a sumarse al sistema de tiendas.

Carnetización. El pasado de 20 de enero, el Ejecutivo arrancó el censo y entrega de carnet de la Patria, y en ese registro, de acuerdo con lo indicado por el Presidente, deben estar los beneficiarios de los Clap así como los de otras misiones sociales. Los Clap “deben pasar por un proceso de carnetización, para el manejo de la distribución de los productos”, enfatizó.

Pero el carnet también apunta a controlar. El mandatario indicó recientemente que el documento será un “instrumento tecnológico para elevar la organización del movimiento popular, del poder popular social”.

Orden público. En uno de los decretos de emergencia se le dio a los Clap el rol de garantizar el orden público. En de las normas se contempló que el Ejecutivo podrá “atribuir funciones de vigilancia y organización a los Clap, a los consejos comunales y demás organizaciones de base del poder popular conjuntamente con la FANB, Policía Nacional y cuerpos de policía estadal y municipal, para mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía del país”.

Esa orden se observó en octubre cuando personas con franelas de los Clap atacaron a varios manifestantes en Maracaibo durante la marcha opositora denominada Toma de Venezuela.

Foto referencial: AVN


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