De acuerdo con la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios, por lo menos 12.000 empleos están en peligro. Hoy, los mercados municipales funcionan al 50 % de su capacidad, pero la situación es aún más dramática con las 14 ferias fijas instaladas en Distrito Capital, cuyos espacios funcionan al 5%.
Caracas.- En medio de la oferta de cambio agotada por el Gobierno, los mercados municipales parecen probar el fracaso de las políticas económicas. El abandono y la dejadez de los establecimientos retratan la entusiasta revolución económica prometida por Nicolás Maduro en mayo de este año, cuando ordenó la reestructuración de eso espacios que, desde 2016, son manejados por militares.
Gerardo Alí Poveda, abogado laboral y portavoz de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios, denuncia que el Gobierno ha suspendido las garantías de los trabajadores independientes. Los 12 mercados municipales del municipio Libertador no solo le toman el pulso a la escasez de alimentos, también reproducen el drama del desempleo y del cierre de establecimientos, denuncia el gremio.
De acuerdo con la citada asociación, por lo menos 12.000 empleos están en peligro. Hoy los mercados municipales funcionan al 50% de su capacidad, pero la situación es aún más dramática con las 14 ferias fijas instaladas en Distrito Capital, cuyos espacios funcionan al 5%.
A propósito de ello, este jueves representantes del gremio acudieron a la Defensoría del Pueblo, en la Plaza Morelos, para denunciar las vejaciones del Gobierno y del Ejecutivo local. Los comerciantes aseguran que se pretende imponer un contrato a los concesionarios, una decisión oficial que viola la autonomía de los vendedores y que los priva de cualquier pretensión de organización.
El coordinador del Frente Nacional en Defensa de los Trabajadores no Dependientes, Argenis Urruchaga, quien consignó el documento con la Asociación de Emprendedores y Microempresarios, asegura que la intervención del Gobierno a esos establecimientos va en escalada. De 45 mercados a cielo abierto que proveen alimentos en el Área Metropolitana, se estima que solo 25% están operativos, lo que ha reducido el acceso a los bienes de primera necesidad.
Solo en el mercado de Las Adjuntas, dice Ismael García, vocero del gremio, quedan 100 trabajadores de 800 que hacían vida en ese establecimiento. El sector enumera las deudas que el Gobierno mantiene con los comerciantes, entre las cuales descuellan la carnetización de más de 5.000 concesionarios y 12.000 trabajadores de los mercados fijos del municipio Libertador.
Ismael García, portavoz de los trabajadores, insiste en que el Ejecutivo debe retomar las mesas de trabajo con los afectados, para dar voz al Frente Nacional de Trabajadores no Dependientes. Exige, además, realizar contraloría a la compañía Integral de Mercados y Almacenes (Inmerca), que gerencia las políticas de abastecimiento y mercadeo en Caracas.
En mayo, el presidente Nicolás Maduro anunció en una reunión del Consejo Federal de Gobierno una “revolución” en los mercados municipales para combatir a las “mafias”. Cinco meses después de aquel anuncio, los concesionarios sostienen que la mayor mafia la preside el Inmerca, con el acoso a los vendedores. En promedio, cada comerciante debe cancelar 500 bolívares soberanos por el arrendamiento del cano, explica Gerardo Alí Poveda.
La reestructuración anunciada este año no es un hecho aislado. Ya en 2016 la Gran Misión de Abastecimiento efectuó un procedimiento similar. En septiembre de ese año, el mandatario creó autoridades únicas en los mercados para solventar las fallas, pero en lugar de mejorar los problemas, estos se han recrudecido.
Vicente Carías, coordinador de la sección Mercados de Atraem y secretario Nacional del Frente de Trabajadores, dice que, además del arrendamiento, los vendedores deben cancelar impuestos, responsabilizarse por la infraestructura del mercado y los espacios comunes. El Gobierno, dice Carías, obliga a los comerciantes a distribuir a precio de costo y, en muchos casos, son acorralados para despojarlos de su mercancía.
“No pueden cambiar de ramo ni vender a un precio sensato. Lo que hace el Gobierno con el sector es una persecución”, concluye Carías.
Fotos: Luis Morillo
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