El jueves las autoridades deberán comparecer ante el Consejo de Derechos Humanos para anunciar cuáles de las 274 recomendaciones que recibieron durante el II Examen Periódico Universal de Derechos Humanos —celebrado en noviembre pasado— asumirán.

Caracas. Se acabó el tiempo para pensar. El Gobierno deberá comparecer este jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para informarle cuáles de las 274 recomendaciones que recibieron durante el II Examen Periódico Universal de Derechos Humanos (EPU), celebrado el pasado 1° de noviembre, se comprometen a realizar en los próximos cinco años para mejorar la situación de las garantías fundamentales.

El próximo 16 de marzo, entre las 4:00 a. m. y 7:00 a. m. hora de Caracas, se celebrará en Ginebra (Suiza) la sesión final de adopción, en la cual las autoridades deberán informar públicamente cuáles son las obligaciones que voluntariamente deciden adoptar como parte del organismo internacional.

Entre los más de dos centenares de recomendaciones que los 102 países que participaron en el proceso hicieron, destacan aquellas que llaman a las autoridades a tomar medidas para subsanar el desabastecimiento de alimentos y medicinas, para reducir el alarmante número de homicidios y de ejecuciones extrajudiciales, para asegurar la independencia judicial y permitir el funcionamiento de la Asamblea Nacional, respetar la libertad de expresión; cesar en la persecución contra la disidencia; y suscribir los tratados internacionales pendientes y permitir la visita de los funcionarios de los organismos internacionales de Derechos Humanos.

Sin embargo, durante su comparecencia en noviembre, la delegación venezolana rechazó asumir ningún compromiso, posición que contrastó con la asumida en 2011 durante el primer EPU, cuando aceptó inmediatamente 20 sugerencias que le formularon, entre las cuales figuraban incrementar el número de prisiones, reparar las existentes, aumentar el número de custodios y formarlos mejor; combatir el retardo procesal; y “dar pasos más duros para luchar contra el crimen y la violencia y poner énfasis en llevar ante la justicia a los criminales”.

En esta ocasión, las autoridades ni siquiera aceptaron las propuestas que Burundi, Nicaragua y El Vaticano le hicieron para impulsar un diálogo que “fortalezca la democracia participativa y protagónica prevista en la Constitución venezolana” y “para resolver pacíficamente la severa tensión política, la cual es la fuente de una multitud de preocupaciones sociales y humanitarias”. Esto, a pesar de que desde finales de 2016 el Gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) iniciaron conversaciones bajo la facilitación precisamente de la Santa Sede.

Lee también
1 de cada 3 homicidios en el mundo ocurren en América Latina

Ni siquiera las sugerencias de los aliados fueron aceptadas, aún cuando la mayoría los instaban a seguir por el mismo camino. Irán o Rusia, por ejemplo, llamaron a las autoridades a aplicar el Plan Nacional de Derechos Humanos que aprobaron este año y a seguir con la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura, respectivamente.

Lo que se espera

Durante la sesión de este jueves, el Estado contará con 20 minutos para exponer su informe de adopción, señalando las recomendaciones que acepta o anota, explicando sus razones a los demás Estados y también a los propios venezolanos, mientras que habrá otro turno de 20 minutos para los Estados y de igual tiempo para las organizaciones no gubernamentales.

Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) estarán presentes en el acto y algunas de ellas serán eco de las opiniones y observaciones que agrupaciones venezolanas formularán.

La Defensoría del Pueblo podría haber participado, de no ser porque en agosto pasado fue degradada por sus colegas, por considerarla incapaz de hablar “alto y claro” en favor de los DDHH; y con ello perdió la posibilidad de tener voz en este evento.

Foto referencial:


Join the Conversation