Las autoridades culparon de la escasez de alimentos y medicinas existente en el país a maniobras de “entidades financieras internacionales” que dificultan las importaciones, así como a grupos nacionales que acaparan y contrabandean.

Caracas. La escasez de alimentos y medicinas que padecen los venezolanos es culpa de un bloqueo en el que participan bancos internacionales y grupos nacionales. Así lo denunció en el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas el Gobierno, el cual, no obstante, rechazó pedir cualquier tipo de ayuda exterior para superar este supuesto complot, por considerar que las ofertas que se le han hecho no tienen “ningún ánimo constructivo”.

“Enfrentamos una incesante guerra en nuestro país en el ámbito económico, que afecta el pleno disfrute de derechos básicos de la población. Tal bloqueo se produce mediante el acaparamiento y el sobreprecio de medicamentos y alimentos, el contrabando de extracción y las acciones de entidades financieras internacionales que obstaculizan transacciones internacionales del país para la adquisición de productos alimenticios y de salud”, afirmó la ministra para el Servicio Penitenciario, María Iris Varela, al presentar este jueves la respuesta formal del Ejecutivo a las 274 recomendaciones que le formularon durante el II Examen Periódico Universal de Derechos Humanos (EPU).

Tal y como se esperaba, la funcionaria, en representación del Estado, no aceptó las sugerencias que países como Canadá le hicieron para aceptar la ayuda internacional que países y organismos internacionales han hecho para superar el desabastecimiento, alegando que en ellas “hay un trasfondo político y forman parte del constante asedio contra la democracia venezolana”.

Los delegados de Estados Unidos y del Reino Unido —dos de los 14 que tomaron la palabra— cuestionaron la postura venezolana, empero, en el turno de la sociedad civil las críticas fueron más contundentes y menos diplomáticas.

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“Vivimos en Venezuela una emergencia humanitaria compleja, el Estado debe aceptar la cooperación internacional humanitaria que le ha sido ofrecida para evitar más daños irreparables y pérdidas de vidas, particularmente entre niños, personas adultas, embarazadas, privados de libertad”, espetó Feliciano Reyna, miembro de Acción Solidaria y de Civilis, pero quien al hablar por Civicus, fue la voz de 170 organizaciones no gubernamentales venezolanas.

Reyna justificó su reclamó ofreciendo un aterrador panorama al Consejo:

“El 82 % de la población vive hoy en pobreza, 1 de cada 10 niños en cuatro estados de Venezuela presentaron malnutrición aguda en 2016, el 75 % de los hospitales públicos no presta atención mínima adecuada por falta de insumos, no hay reactivos para hacer despistajes de VIH y 4 millones de personas no tienen acceso a la medicina que su patología requiere”.

La vocera de Human Rigths Watch habló en la misma tónica y tras recordar que en el primer EPU las autoridades se comprometieron a garantizar la salud de los venezolanos, afirmó: “El Gobierno no ha asegurado que las medicinas y provisiones básicas estén disponibles. Esto ha generado una escasez inédita en Venezuela”. Acto seguido, llamó a los miembros de la ONU a actuar:

“El Gobierno venezolano necesita escuchar que la comunidad internacional no va a tolerar sus abusos ni su indiferencia sobre los derechos fundamentales”.

¿Es una broma?

Durante su intervención, la ministra Valera, quien encabezó la delegación venezolana en el cierre del EPU, aseguró que “Venezuela es un país comprometido de manera irrenunciable con la justicia social, la profundización de la democracia y la realización efectiva de los Derechos Humanos de manera integral”.

Asimismo, le salió al paso a las denuncias sobre violaciones a los derechos a la libertad de expresión, asociación y participación:

“En Venezuela está prohibida toda restricción al libre ejercicio de los derechos fundamentales, que son consustanciales con nuestra vida democrática, tal es el caso del derecho a la libertad de expresión, el derecho a información y el derecho a libertad de reunión y manifestación pacífica de conformidad a las leyes. Todas las organizaciones políticas y civiles, sociales y culturales y económicas ejercen en plena libertad sus derechos, sin más limitaciones que las previstas en la Constitución”.

Respecto a los señalamientos de abusos policiales, la funcionaria los admitió, pero apuntó: “Debo informar, porque eso no lo dicen, que los responsables están siendo procesados ante la justicia, están detenidos con las garantías del debido proceso”.

La afirmación de Varela contrasta con las cifras del Ministerio Público, organismo que si bien tenía hasta octubre pasado a 927 policías y militares investigados por ajusticiar personas durante la Operación Liberación del Pueblo (OLP), apenas 59 se encontraban efectivamente imputados y, por ende, podrían estar en prisión preventiva mientras se les investiga y enjuicia.

Otro señalamiento hecho por la funcionaria que dejó a más de uno con la boca abierta fue el siguiente:

“Venezuela ha reafirmado su disposición de colaborar con sus órganos, así como con la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, tal colaboración se evidencia con la amplia información aportada y suministrada oportunamente a los órganos creados por los tratados internacionales de Derechos Humanos y a los demás mecanismos del sistema de la ONU”.

Esta afirmación la realizó la ministra pese a que las autoridades rechazaron las peticiones donde se les instaba a permitirle visitar el país a los relatores y expertos del organismo internacional.

También llamó la atención que el Gobierno delegara su representación en Varela, cuya gestión está siendo cuestionada nacional e internacionalmente luego del hallazgo en la Penitenciaria General de Venezuela (PGV) de una fosa común con al menos 14 cadáveres, según el despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz.

Precisamente, la ministra para destacar el supuesto compromiso del Ejecutivo con los DDHH recordó que este se comprometió a extender el “régimen penitenciario” a todas las prisiones.

Foto referencial: Minci



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