El pasado año el gasto fue entregado al TSJ, en este ejercicio sería llevado a la Asamblea Nacional Constituyente.

Caracas. El presidente Nicolás Maduro amplía por décima vez el decreto de Emergencia Económica para no enviar la Ley de Presupuesto 2018 a la Asamblea Nacional (AN), texto que debe entregarse el 15 de octubre.

En la Gaceta Oficial No. 41.233, el Gobierno publicó otro decreto cuyo objetivo es seguir omitiendo el control del Parlamento en materia de gasto. En 2017 el presupuesto de 8,4 billones de bolívares fue entregado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y aunque en la Gaceta Oficial de fecha 14 de octubre de 2016 se notifica que en una Gaceta Extraordinaria está el marco legal, esta no se ha divulgado, solo está publicada la que contiene la Ley de Endeudamiento.

Ahora la Ley de Presupuesto y la Ley de Endeudamiento serían llevadas a la cuestionada Asambela Nacional Constituyente (ANC).

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El decreto de emergencia de este 11 de septiembre señala que por esta vía se puede “decretar una normativa excepcional para la asignación de recursos presupuestarios, los límites máximos de autorizaciones para gastar, la distribución de los egresos y las operaciones de financiamiento, sin compensaciones entre sí, que regirán para el ejercicio económico financiero 2018 con el objeto de evitar daños irreparables al Patrimonio Público, así como garantizar el adecuado funcionamiento de los órganos y entes públicos”.

Cada año las autoridades tienen que consignar el presupuesto a la AN que detalla el gasto inicial, porque los ingresos y egresos se subestiman, y las variables de: crecimiento, inflación, precio del petróleo y tipo de cambio, así como los topes máximos de endeudamiento.

De hecho, la Carta Magna en su artículo 313 dice:

El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional, en la oportunidad que señale la ley orgánica, el proyecto de Ley de Presupuesto. Si el Poder Ejecutivo, por cualquier causa, no hubiese presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto dentro del plazo establecido legalmente, o el mismo fuere rechazado por esta, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso.

Sin embargo, Maduro se salta la disposición bajo el argumento de que la AN está en “desacato”. Desde principios de 2016 los diputados no pueden revisar los créditos adicionales ni las condiciones financieras para las emisiones de bonos.

Con esta última extensión de la emergencia, Nicolás Maduro tendrá 22 meses gobernando con poderes especiales.

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