Desde 1999 a 2017 se han registrado 6 casos de desafuero parlamentario, todos propiciados desde las filas del PSUV contra antiguos diputados oficialistas o de la Mesa de la Unidad. Otros dos parlamentarios en ejercicio han sido acosados: uno renunció a la curul y el otro cumplió 300 días preso sin juicio.
Caracas. La reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Sala Plena, que despojó de su inmunidad parlamentaria al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Freddy Guevara (Voluntad Popular), es la sexta de esa naturaleza que adopta el máximo tribunal desde el año 1999.
Le precedieron decisiones similares contra los diputados Wilmer Azuaje (2010), Richard Mardo (2013), María Mercedes Aranguren (2013) y Germán Ferrer (2017). Además, habría que incluir los casos de Juan Carlos Caldera (2012), María Corina Machado (2014) y Gilber Caro (2017), quienes por otras vías judiciales y políticas fueron despojados de su fuero.
En ninguno de los casos se cumplió el procedimiento establecido en el artículo 25 del Reglamento Interior de la AN que señala: “Una vez recibida la solicitud de autorización formulada por el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional procederá a designar una Comisión Especial que se encargará de estudiar el asunto y de presentar a la plenaria, dentro de los 30 días siguientes a su constitución, un informe pormenorizado, con una proposición sobre la procedencia o no de la autorización solicitada, garantizando al diputado involucrado la aplicación de las reglas del debido proceso. La autorización se entenderá denegada si en el plazo de 30 días siguientes a la presentación del informe por la Comisión Especial correspondiente, la plenaria no se hubiere pronunciado sobre el particular”.
En cambio, se aplicó la excepción al procedimiento que permite, “cuando la gravedad del caso lo amerite, a solicitud de un diputado o diputada, o de la Junta Directiva, la plenaria podrá decidir sobre la autorización solicitada por el Tribunal Supremo de Justicia en la misma oportunidad en que se recibe dicha solicitud, o en la Sesión más próxima”.
Destacan tres hechos: uno, los diputados desaforados son factores incómodos para el Gobierno, bien porque se han separado de sus filas y se convierten en voces de denuncia y de alerta, o bien porque siendo de oposición adquieren una vocería y figuración por encima del resto de la dirigencia. Dos, los parlamentarios/constituyentes que han promovido estos allanamientos son Diosdado Cabello, Andrés Eloy Méndez y Pedro Carreño. Tres, al perder la mayoría en la Asamblea Nacional, el Gobierno comenzó a utilizar otras vías de hecho para desprender a los diputados de sus curules, como por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
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Wilmer Azuaje, fue electo diputado por el MVR-Barinas en 2005. En 2007 el partido cambia de nombre a Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y en 2008, tras denunciar presuntos hechos de corrupción de la familia del entonces presidente Hugo Chávez, Azuaje fue expulsado. En 2009, luego de ser objeto de un presunto atentado, el vehículo de Azuaje es retenido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
El 25 marzo de 2010, el dirigente acude al lugar donde estaba su vehículo y al intentar retirarlo es aprehendido por ese cuerpo de seguridad que lo acusa de intento de robo y de agresión a una funcionaria. El 26 de marzo, en ponencia del magistrado Arcadio Delgado, la Sala Plena del TSJ solicitó a la AN el allanamiento de la inmunidad parlamentaria para enjuiciarlo por la presunta comisión de los delitos de lesiones genéricas, ultraje contra funcionario público y violencia física en perjuicio de una funcionaria del Cicpc. La sala consideró que los delitos presuntamente cometidos por Azuaje eran de naturaleza común por lo que su enjuiciamiento no continuaría en el TSJ sino en los tribunales ordinarios con competencia en delitos contra la mujer. Ese mismo día, en una sesión extraordinaria que culminó pasadas las 9 de la noche, el Parlamento aprobó el desafuero contra Azuaje con los votos del PSUV y el PCV; Azuaje quedó detenido en Barinas.
Sin embargo, no es sino hasta abril de 2010 cuando se oficializa el despojo de la inmunidad mediante la publicación de la sentencia respectiva en Gaceta Oficial. En 2012 fue electo diputado al Consejo Legislativo de Barinas. Desde el 2 de mayo del año en curso, Azuaje se encuentra nuevamente preso, sin juicio, esta vez por su participación en las protestas opositoras.
No les dio el gusto
Juan Carlos Caldera fue electo diputado por Primero Justicia-Miranda en septiembre de 2010. El 13 septiembre de 2012, al calor de la campaña presidencial, el diputado pesuvista Julio Chávez presentó a la prensa un video captado por una cámara de seguridad dentro de una vivienda, en el que se ve a Caldera recibir un sobre con dinero de manos de un sujeto al que no se le ve el rostro. Caldera admite la veracidad de la cinta pero aclara que no se trata de sobornos ni extorsiones como pretendió hacer ver el PSUV, sino de la recepción de fondos para la campaña de Henrique Capriles. Capriles y PJ ordenan la suspensión de Caldera como militante y miembro del comando de campaña y se abre una investigación.
El 18 de septiembre, el pleno de la AN designa una comisión presidida por Elvis Amoroso para investigar el caso. Este se engaveta hasta el 20 de mayo de 2013 cuando la fiscal Luisa Ortega solicita el antejuicio de mérito contra Caldera. Nuevamente se enfría el caso hasta el 17 de octubre de 2013 momento en que la Sala Plena admitió la solicitud, endilgándole al diputado los delitos de suposición de valimiento y legitimación de capitales. El caso vuelve al congelador hasta octubre de 2014, cuando el TSJ realiza la audiencia de antejuicio para determinar si hay o no elementos de convicción en su contra. A comienzos de noviembre, Diosdado Cabello advierte que en una próxima sesión se procedería contra Caldera. El 26 de noviembre de 2014, la Sala Plena determinó procedente el enjuiciamiento y solicitó a la AN levantarle la inmunidad. El 27 de noviembre, Caldera consigna al Parlamento su renuncia irrevocable para impedir que el PSUV concretara el trámite del desafuero. PJ determinó en un procedimiento interno que Caldera no incurrió en ningún delito y le restituyó su militancia; actualmente es el representante de ese partido ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Sin curul y sin juicio
Richard Mardo fue electo diputado por Primero Justicia-Aragua en septiembre de 2010. El 5 de febrero de 2013, el presidente de la AN, Diosdado Cabello (PSUV), presentó al pleno supuestas pruebas de donaciones recibidas por Mardo para su campaña por la Gobernación de Aragua, por las cuales no declaró el Impuesto Sobre la Renta y pidió a la comisión de Contraloría una investigación. El 12 de marzo, la fiscal general Luisa Ortega solicitó al máximo juzgado declarar el antejuicio de mérito contra el parlamentario, y ante la falta de respuesta, reiteró la solicitud el 26 de junio. El 4 de julio, la comisión de Contraloría —presidida por Pedro Carreño (PSUV)— indicó que Mardo era sospechoso por la presunta comisión de defraudación tributaria y legitimación de capitales entre 2009 y 2012 por la suma de Bs. 2,4 millones y recomendó al TSJ solicitarle a la propia AN el allanamiento de la inmunidad de Mardo.
El 16 de julio, la Sala Plena en ponencia de Gladys Gutiérrez acordó el antejuicio de mérito contra el diputado y pidió el desafuero. El 30 de julio de 2013, Cabello presentó el caso al pleno y la bancada oficialista en la Asamblea Nacional aprobó por mayoría simple el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Richard Mardo. La votación contradijo lo establecido en la Constitución y la Ley que establecen una votación de dos tercios de los diputados. La defensa de Mardo denunció que el diputado no tuvo posibilidad de presentar sus pruebas en la comisión de Contraloría ni en el Ministerio Público (MP). El juicio no avanzó más.
Despojada del cargo
María Corina Machado fue electa diputada por la oposición por el estado Miranda en septiembre de 2010. En 2014, a raíz de la convocatoria a protestas de calle impulsada por la diputada junto con Antonio Ledezma y Leopoldo López, denominada “la salida”, Machado emprendió un activismo internacional para denunciar la fuerte represión y encarcelamiento de manifestantes por parte del Estado. El 20 de marzo de ese año, el embajador de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arturo Vallarino, solicitó acreditar a Machado como representante alterna de Panamá. El 21 de marzo, Machado acudió a la reunión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA con la intención de ejercer un derecho de palabra desde la curul de Panamá y denunciar la represión del gobierno de Maduro contra protestas en varios estados. Aunque no tuvo derecho a intervenir, en la plenaria de la Asamblea Nacional del 25 de marzo, el diputado Andrés Eloy Méndez (PSUV) presentó una moción de urgencia para solicitar la declaratoria de “pérdida de la investidura de la ciudadana María Corina Machado, como diputada a la Asamblea Nacional”. La petición fue aprobada por mayoría simple de los presentes.
El 31 de marzo en ponencia conjunta de la Sala Constitucional, el TSJ avaló la decisión del PSUV al determinar que Machado “no solicitó autorización al presidente de la Asamblea Nacional para aceptar la designación como representante alterna de otro país ante un organismo internacional” y que “pretendió actuar como diputada” ante ese organismo internacional sin estar autorizada por la Asamblea Nacional ni por la Cancillería. En consecuencia, la Sala determinó que Machado perdió su investidura como diputada al haber aceptado otro cargo conforme, en una torcida interpretación de los artículos 149 y 191 de la Constitución. Machado no pudo volver a entrar al Parlamento a partir del 1° de abril de 2014.
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María Mercedes Aranguren fue electa diputada por Monagas en septiembre de 2010 por la alianza PSUV-Mi Gato, partido este último del gobernador José Gregorio Briceño. En febrero de 2012, luego de un copioso derrame de petróleo en el río Guarapiche en Monagas, Briceño desmintió la versión oficial del Gobierno sobre la limpieza del río y dijo que el mismo estaba contaminado. Dicha postura le valió la expulsión del PSUV.
Año y medio más tarde, el 16 de agosto de 2013, Nicolás Maduro anunció que solicitaría a la Asamblea Nacional una Ley Habilitante para luchar contra la corrupción. Para ese momento, el oficialismo tenía 98 diputados, de los 99 requeridos para autorizar dicha habilitación presidencial. El 17 de septiembre, el fiscal 53 auxiliar nacional, Alexis Cova Escalante, solicitó sorpresivamente a la fiscal general Luisa Ortega estudiar la pertinencia de solicitar al TSJ un antejuicio de mérito contra Aranguren por unas denuncias de presunta corrupción que databan de 2008 cuando era parte del equipo de gobierno de Briceño. El 2 de octubre, Ortega solicitó al TSJ el antejuicio de mérito por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, asociación para delinquir y legitimación de capitales cuando administró una empresa creada por Briceño que realizó contrataciones en dólares sin autorización del Estado. El 17 de octubre, la Sala Plena del TSJ admitió la solicitud de antejuicio de mérito. El 12 de noviembre, el diputado Pedro Carreño (PSUV) presentó una moción de urgencia en la plenaria del Legislativo y luego de un debate, la mayoría simple del PSUV despojó a la diputada de su inmunidad. Al día siguiente se incorporó el suplente de Aranguren, Carlos Flores, quien le dio al PSUV el voto 99 para sancionar la Ley Habilitante contra la Corrupción el 19 de noviembre de 2013.
Preso contra la Constitución
Gilber Caro fue electo diputado suplente por Voluntad Popular-Miranda, el 6 de diciembre de 2015. El 11 de enero de 2017, Caro fue apresado en Carabobo por efectivos del Sebin, llevado a un recinto militar y semanas más tarde a una cárcel común. Según el expediente, Caro fue detenido en flagrancia cuando transportaba un fusil en su vehículo, sin embargo, la defensa afirma que el arma fue sembrada por el Sebin. En todo caso, el artículo 200 de la Carta Magna señala que si un diputado es capturado en flagrancia, debe ser puesto bajo custodia en su residencia y notificar al TSJ. Ese protocolo nunca se cumplió y este martes 7 de noviembre el diputado cumplió 300 días preso, procesado ante tribunales militares pese a ser un civil y con una audiencia de juicio diferida en 7 ocasiones. En su caso, la Fiscalía General nunca solicitó el antejuicio de mérito. El pasado 25 de octubre, el caso de Caro fue tipificado como una detención arbitraria por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, ente que solicitó su inmediata puesta en libertad.
Chavista pero no madurista
German Ferrer fue electo diputado principal por el PSUV-Lara el 6 de diciembre de 2015. Está casado con Luisa Ortega Díaz, quien desde el 31 de marzo de este año denunció la existencia de una ruptura del orden constitucional a raíz de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ. Ferrer se plegó a la denuncia de Ortega inmediatamente y en repetidas ocasiones desde abril en adelante se declaró “chavista pero no madurista”. El 4 de julio, la Contraloría General realizó una inspección en la oficina de Ferrer, que él consideró un intento de amedrentamiento. La primera semana de agosto, Ferrer conformó un bloque parlamentario alterno al PSUV en la Asamblea Nacional junto con otros dos diputados disidentes. El 16 de agosto en la mañana, el constituyente Diosdado Cabello solicitó al Fiscal General designado por la ANC, Tarek William Saab, una investigación contra Ferrer por presunta extorsión y lavado de dinero. Ese mismo día, Saab acudió ante el máximo tribunal para solicitar el antejuicio de mérito. En cuestión de horas, el mismo 16 de agosto, la Sala Plena en ponencia de Juan Mendoza, ordenó la detención de Ferrer por la supuesta comisión de los delitos de corrupción propia, enriquecimiento ilícito, legitimación de capitales y asociación.
La Sala determinó que Ferrer no tenía derecho al antejuicio de mérito porque estaba imputado de delitos comunes que supuestamente cometió en flagrancia, pese a no haber sido capturado en el momento de la presunta comisión de los delitos. El 17 de agosto la ANC convalidó la decisión del TSJ y declaró que Ferrer quedaba despojado de su inmunidad. El diputado disidente y su esposa se encuentran en el exilio entre Colombia, Brasil y Estados Unidos.
Por convocar protestas
Freddy Guevara fue electo como diputado a la Asamblea Nacional por Voluntad Popular-Miranda el 6 de diciembre de 2015. En abril de 2017 se convirtió en el principal vocero de la oposición en lo relativo a las convocatorias de calle que mantuvieron una ola de protestas hasta julio. Desde antes de la instalación de la ANC el 4 de agosto, en repetidas ocasiones, Nicolás Maduro solicitó expresamente el encarcelamiento de Guevara. El 1° de noviembre el jefe del comando de campaña del PSUV para las elecciones municipales, Jorge Rodríguez, solicitó al CNE sancionar a Freddy Guevara por desestimular el voto en esos comicios previstos para diciembre. El 2 de noviembre el fiscal Saab pidió al TSJ el antejuicio de mérito contra el parlamentario. El 3 de noviembre, la Sala Plena del TSJ determinó que en el caso de Guevara no aplica el antejuicio de mérito, despojándolo de facto de su inmunidad parlamentaria al aplicarle, como a Ferrer, la condición de flagrancia y tipificarle la comisión de los delitos comunes de asociación, instigación pública continuada y uso de adolescente para delinquir.
El 7 de noviembre, Saab expuso ante la ANC sus consideraciones para el enjuiciamiento de Guevara. Ese día, el constituyente Andrés Eloy Méndez pidió a sus copartidarios aprobar la solicitud del TSJ y autorizar el enjuiciamiento en tribunales ordinarios. La propuesta fue aprobada. Guevara se encuentra en calidad de huésped en la embajada de Chile desde el 3 de noviembre.
Fotos: Cortesía | Archivo Crónica.Uno
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