Gobierno de Maduro impuso sitio de entierro a la familia del capitán Acosta Arévalo

capitán Acosta Arévalo

Después de 12 días del asesinato de Rafael Acosta Arévalo, el tribunal 36 de control del AMC acordó una inhumación controlada. Sus parientes pretendían enterrarlo en Maracay pero el gobierno de Nicolás Maduro decidió que fuera en el Cementerio del Este, bajo fuerte custodia.

Caracas. Funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) cerraron el Cementerio del Este muchísimo antes de la entrada, diagonal al Centro Portugués, por el entierro controlado del capitán de corbeta de la Armada, Rafael Acosta Arévalo, 12 días después de su asesinato.

Sin dar explicaciones los funcionarios ordenaron a los conductores dar la vuelta. “No hay paso, no hay paso”, reiteró una policía haciendo señas con las manos para el desvío.

Las FAES tomaron el cementerio desde la mañana del miércoles 10 de julio, antes de que saliera la carroza fúnebre que llevaba los restos del capitán. No permitieron el acceso a la prensa y revisaron las unidades de transporte público que pretendían ingresar.

El gobierno de Nicolás Maduro impuso a los parientes el sitio de entierro, pues la decisión era trasladarlo hasta Maracay, estado Aragua, donde se encuentra el resto de la familia.

El abogado que lleva el caso del capitán de corbeta, Alonso Medina Roa, explicó que en la morgue de Bello Monte les informaron que por decisión del tribunal 36 de Control del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la juez Norelys León, “se había acordado inhumación controlada, bajo medidas de seguridad.

Las FAES y la PNB tomaron el Cementerio del Este y sus alrededores. Prohibieron el paso durante el entierro. Foto: Tairy Gamboa

Además solo pudieron asistir cinco familiares de la víctima, incluyendo a su madre, fuertemente escoltados por efectivos de las FAES, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). También hubo presencia de representantes de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. La ceremonia la realizó un sacerdote también impuesto.

La lectura que nosotros le damos es que el gobierno nos está diciendo ‘yo lo maté, yo lo entierro’, no hay un argumento de fondo, simplemente es una decisión de dictada por un tribunal, desconocemos las causas de la petición, dijo Medina Roa.

El cadáver del capitán estuvo en la morgue de Bello Monte durante 12 días, a la espera de una orden gubernamental para su entierro. A sus parientes no les permitieron reconocerlo sino hasta la mañana del miércoles 10 de julio, cuando los llamaron para que acudieran a la sede.

Llegaron al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) a las 11:13 a. m., donde estaban suspendidas las actividades y los familiares de otros casos fueron desalojados. Las adyacencias estuvieron custodiadas por uniformados de la Policía Nacional Bolivariana.

El tribunal 36 de Control le ha puesto obstáculos a la representación jurídica para que se incorpore al caso desconociendo la condición de víctima indirecta de la hermana, a pesar de que las normas procesales establecen que pueden ser el cónyuge, madre o cualquier familiar de cuarto grado de consanguinidad a los fines de realizar la inhumación controlada hoy, explicó Medina Roa.

Rafael Acosta Arévalo fue asesinado el viernes 28 de junio bajo custodia de funcionarios de la Dgcim, donde estuvo detenido desde el 21 de junio. Durante una semana permaneció incomunicado y fue víctima de torturas, que le produjeron la muerte, según reveló la autopsia.

La autopsia reveló que las causas de la muerte fue por politraumatismo generalizado, que reflejan la realidad de lo ocurrido. En términos coloquiales: al capitán lo molieron a palos durante su detención. No hay duda alguna de que fue víctima de tortura.

El abogado detalló que aunque ya el cadáver no tiene signos de violencia visibles, las fracturas quedan y el cuerpo siempre va a hablar y va a evidenciar las razones. Las lesiones en los tejidos pueden desaparecer, pero las lesiones óseas se mantienen en el tiempo y la mayoría de las lesiones que tiene el capitán son fracturas en el tobillo, en las costillas, escoriaciones, y eso siempre va a quedar.

Se repitió la historia de Oscar Pérez

Un año y siete meses después el gobierno de Nicolás Maduro repitió la historia del entierro controlado de Oscar Pérez, el exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) asesinado durante un operativo en El Junquito, el 15 de enero.

Sus familiares fueron obligados a esperar durante seis días para que les entregaran el cadáver y no pudieron velarlo. No lo enterraron donde quisieron y mucho menos con la ropa que tenían dispuesta. Tampoco les dejaron hacerle honores, como ocurrió con la muerte del capitán de la Armada, Acosta Arévalo.

Protesta morgue Oscar Perez
Durante seis días la morgue estuvo custodiada y todos sus accesos cerrados, tras la muerte de Oscar Pérez. Foto: Francisco Bruzco

Igual que sucedió con Pérez, el Cementerio del Este fue cerrado por completo durante el acto y estuvo fuertemente custodiado. Aunque en el entierro del exCicpc no hubo un sacerdote que dirigiera una misa.

Un día antes del sepelio de Pérez, el 20 de enero, entregaron los cadáveres de los seis compañeros asesinados con él. A todos los deudos los obligaron a enterrarlos donde decidió el Estado.

El lapso de espera para los familiares del capitán fue el doble, de 12 días.

Torturas en la Dgcim

Familiares de los militares presos políticos en la sede de la Dgcim, en Boleíta, denunciaron que las celdas son un  centro de tortura del gobierno de Nicolás Maduro.

Aseguraron de forma anónima, por miedo a venganzas, que ahí son golpeados durante los interrogatorios. Les cortan las plantas de los pies, los golpean, los obligan a estar esposados durante días o semanas, sin agua o comida. Los encierran en cuartos sumamente pequeños y ahí los obligan a haces sus necesidades y a convivir con ellas hasta que decidan retirarlas.

El informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) reconoció que en las celdas de la Dgcim y el Sebin se cometen torturas durante los interrogatorios: …como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de comida y agua, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas, indica el documento publicado el 4 de julio.

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Después del asesinato del capitán Acosta Arévalo, los presos políticos y civiles se mantienen en protesta para que cesen los maltratos y piden a la comisión de la Acnudh, designada por la alta comisionada Michelle Bachelet, que asista a la sede de Boleíta para que constante la situación.

Desde el lunes 8 de julio los familiares de los detenidos se encuentran en zozobra, pues supuestamente se han registrado algunos traslados a otras cárceles sin autorización ni darle información a abogados o parientes.

Amenazas por denuncias

Los diputados a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano y Renzo Pietro, denunciaron amenazas en su contra a raíz de las denuncias de las violaciones a los derechos humanos en el caso del asesinato del capitán Acosta Arévalo.

También los abogados de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Ana Leonor Acosta y Alonso Medina Roa, revelaron que eran acosados por los órganos de inteligencia de Nicolás Maduro y no tenían a quien acudir.

El Ministerio Público imputó a dos funcionarios de la Dgcim por el asesinato del capitán, el teniente de la Guardia Nacional, Ascanio Antonio Tarascio, y el sargento segundo, Estiben José Zarate. Aunque en la protesta que mantienen los detenidos en la Dgcim aseguran que presuntamente hay más involucrados.

El abogado Alonso Medina Rosa indicó que les pretenden calificar el delito de homicidio, ignorando la Ley contra la Tortura que establece penas de 25 a 30 años para los funcionarios que lesionen a personas bajo su custodia «en su condición física, psíquica o moral».


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