La AN reiteró que el endeudamiento que autorice el Ejecutivo es nulo, debido a que la Ley no fue aprobada por los diputados.
Caracas. Aunque el Gobierno logró que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le avalará la Ley de Endeudamiento de 2017 para saltarse el control de la Asamblea Nacional (AN), y reformó un marco legal para que los diputados no revisaran las condiciones financieras de los títulos, todavía el Ejecutivo no ha publicado los términos de los bonos, y por tanto, no ha arrancado con las colocaciones.
En octubre, el presidente Nicolás Maduro utilizó el decreto de emergencia económica para aprobar directamente la asignación y el endeudamiento de este ejercicio y lo entregó al máximo tribunal para que lo soportara, cuando la Constitución establece que esas leyes tienen que ser aprobadas por el Parlamento.
De hecho, en la Gaceta Oficial del 14 de octubre, el Ejecutivo notificó que en Gacetas Extraordinarias están la Ley de Presupuesto y la Ley de Endeudamiento. Hasta la fecha se ha divulgado el endeudamiento por 239 millardos de bolívares.
Ya en diciembre de 2015, el Jefe de Estado modificó la Ley Orgánica de Administración Financiera, para obviar la opinión de los diputados en las condiciones financieras de los títulos de deuda. Y pese a la vía libre, todavía no hay operaciones de crédito público.
En años anteriores, una vez que la AN avalaba la Ley de Endeudamiento, el Ministerio de Finanzas enviaba los términos de los bonos a la Comisión de Finanzas, que se encargaba de aprobarlos. Al inicio de los ejercicios, el despacho arrancaba con las subastas de bonos y Letras del Tesoro. En este 2017 no ha sucedido.
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Este jueves los diputados le recordaron al Ejecutivo que, por haberse saltado a la AN en la materia presupuestaria, todo endeudamiento de 2017 será nulo.
El Parlamento aprobó un acuerdo que señala que “conforme al artículo 312 de Constitución y el artículo 80 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, cualquier operación de crédito público realizada al margen de la Asamblea Nacional, y por tanto de la Constitución, será nula y no podrá ser reconocida. Esto incluye cualquier operación de endeudamiento que involucre la emisión de deuda o canje de la misma efectuada con entes privados, organismos multilaterales o con cualquier gobierno extranjero”.
Los parlamentarios han señalado que el Gobierno ha buscado financiamiento con la CAF, el cual no se ha concretado por la omisión que existe con la AN.
El acuerdo también indica que el presupuesto es nulo y declara que “toda erogación con cargo a un presupuesto inexistente, y que viole la Constitución, acarrea la responsabilidad patrimonial del Estado y la individual de los funcionarios que realicen o autoricen las respectivas operaciones”.
A diferencia de lo que sucede con el endeudamiento, el Gobierno ya comenzó a desembolsar el presupuesto de 2017, a pesar de que la Ley no ha sido divulgada.
Foto referencial: AVN
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