Gobierno recurre a las desapariciones forzadas como mecanismo para aterrorizar a la ciudadanía

juan requesens | desapariciones forzadas

La denuncia figura en un informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Espacio Público y la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Leyes de la Universidad de Texas, el cual revela que organismos policiales vienen cometiendo este grave crimen de manera cada vez más frecuente.

Caracas. 27 de febrero de 2015. Ese día Acedo Mora salió de su casa en el estado Mérida y más nunca volvió. Desde entonces los familiares de este dirigente oficialista vienen luchando no solo por hallarlo sano y salvo sino también por castigar a quienes se lo llevaron hace casi cuatro años.

Para los Mora, las sospechas apuntan hacia el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). ¿La razón? Días antes de su desaparición el también funcionario de la Gobernación del estado andino había denunciado públicamente a una serie de funcionarios de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por estar involucrados en el contrabando de gasolina hacia Colombia.

Mi padre fue desaparecido por denunciar corrupción en el Gobierno (…) Mi padre es un militante de toda la vida, un revolucionario apoya al chavismo pero que decidió que no se podía aceptar la corrupción porque así era su ética revolucionaria, afirmó su hijo Alcedo Mora, meses después de que su padre desapareciera.

Este caso posiblemente sea la desaparición forzada de mayor duración en el país tras las registradas en 1999 durante la tragedia de Vargas, pero no es un hecho aislado. Así lo revela el informe “La negación del paradero de personas detenidas como práctica de desaparición forzada en Venezuela” que el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Espacio Público y la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Leyes de la Universidad de Texas publicaron este miércoles y en el cual se alerta que el Gobierno, a través de los organismos policiales y de inteligencia, viene recurriendo de forma cada vez más recurrente a este grave crimen para “infundir terror en la ciudadanía, además de generar inseguridad para la sociedad en general”.

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En el estudio las organizaciones informaron que entre 2014 y octubre de 2018 documentaron 26 casos, de los cuales siete son similares a los de Mora, es decir, se trata de personas que salieron de sus casas, trabajos o centros de estudios y habrían sido detenidas por agentes policiales o militares y desde entonces no se sabe nada más de ellas.

Esto a pesar de que el artículo 45 de la Constitución establece claramente que:

“Se prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. El funcionario o funcionaria que reciba orden o instrucción para practicarla, tiene la obligación de no obedecerla y denunciarla a las autoridades competentes. Los autores o autoras intelectuales y materiales, cómplices y encubridores o encubridoras del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo, serán sancionados de conformidad con la ley”.

Sin rastro por horas o días

Sin embargo, lo que se está volviendo rutinario es que uniformados arresten a personas y las tengan en su poder durante horas o incluso días, sin permitirles comunicarse con sus familiares o abogados o mucho menos ponerlos a disposición de los fiscales y jueces en el tiempo fijado por la ley, infringiendo así el artículo 44 de la Carta Magna.

La norma antes citada prevé que “toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o persona de su confianza, y estos, a su vez, tienen el derecho a ser informados del lugar donde se encuentra la persona detenida, a ser notificados inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida, ya sea por sí mismos o con el auxilio de especialistas” y que una vez aprehendida una persona debe ser puesta a disposición judicial en 48 horas.

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De acuerdo con el estudio de los 26 casos que estudiaron, 10 se pueden calificar de “corta duración” y ocurridos durante “traslados a centros de reclusión” posteriores a la detención inicial. En el grueso de los casos documentados están involucrados opositores al Gobierno.

En el primer grupo destaca el caso del fallecido concejal de Caracas, Fernando Alban, quien fue apresado el pasado 5 de octubre en el aeropuerto de Maiquetía, a su llegada al país de un viaje al exterior, por agentes de los servicios secretos, pero del que no se conoció dónde se hallaba oficialmente hasta que tres días después, el fiscal general designado por la cuestionada Constituyente, Tarek William Saab, informó sobre su presunto suicidio en las instalaciones del Sebin.

En el segundo grupo las organizaciones resaltaron la situación vivida por el diputado suplente a la Asamblea Nacional, Gilber Caro, quien permaneció más de tres meses privado de libertad en un cuartel militar sin haber sido llevado ante fiscal o juez alguno y a pesar de esto fue trasladado a una cárcel común, sin que ningún juez tampoco hubiera dado esa orden.

Para el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Espacio Público y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas los resultados de su investigación concuerdan con las denuncias que hace unos meses hizo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, según las cuales, las autoridades vienen recurriendo a la desaparición forzada como “método de represión política contra opositores”, pues la misma ha registrado incrementos durante años especialmente conflictivos (2014 y 2017).

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ya había venido advirtiendo en sus informes anuales sobre el resurgir de esta práctica que tanto daño causó en el país, y en la región en su conjunto, durante las dictaduras militares que se instalaron en el siglo XX, pues entre el 2000 y 2016 contabilizó 188 casos.

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Descargue aquí el informe completo.


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