Provea documentó que entre el 2000 y 2016 en Venezuela han ocurrido 188 privaciones ilegitimas de libertad. Durante las protestas en contra del presidente Nicolás Maduro se produjeron varias desapariciones al igual que en la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) por las cuales no hubo responsables.

Caracas. Por más de 24 horas estuvo desaparecido. Los jóvenes que acompañaban a José —nombre ficticio por seguridad— en la protesta en Montalbán, que era reprimida por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), vieron que lo llevaban detenido mientras huían, pero no sabían su paradero. Era el 20 de abril de 2017 cuando las comunidades ardían con las protestas en contra del presidente Nicolás Maduro.

Aunque sus familiares lo buscaron en sedes de la PNB, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) le dijeron que no se encontraba detenido. Desesperados, emplearon una campaña por las redes sociales para tratar de dar con su paradero.

Un día después de su detención lo hallaron en el Cicpc de la avenida Urdaneta, aunque ahí estuvieron horas antes preguntando por él. Fue capturado por funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) durante la represión, golpeado y amenazado.

Casos como el de José entran en las incalculables desapariciones forzadas que ocurrieron durante las protestas opositoras, entre abril y julio. Aunque los defensores de Derechos Humanos expertos en la materia indicaron que no hay cifras exactas, calculan que fueron muchas.

Marino Alvarado, defensor de los DDHH, explicó que las desapariciones forzadas las produce un funcionario del Estado o “particular” pero en complicidad del Estado, por ejemplo, los grupos paraestatales o colectivos. Pueden tratarse de horas o de años, pues la Organización para las Naciones Unidas (ONU) no establece un tiempo estimado en que los parientes desconocen el paradero de esa persona.

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El informe del la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) habló de casos de desaparición forzada en las protestas, cuando los familiares no sabían dónde estaban detenidos y se enteraban 24 o 48 horas después.

De acuerdo con cifras de la ONG Provea, desde el año 2000 hasta el 2016 se documentaron 188 desapariciones forzadas en el país, casi en su totalidad impunes.

Alvarado también comentó que durante la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que iniciaron en julio de 2015, se registraron desapariciones forzadas. Además suelen ser muy comunes con presuntos delincuentes. Al final terminan siendo ejecutados pero su cuerpo nunca aparece, a diferencia de quienes son ejecutados por cuerpos policiales porque su cuerpo sí aparece.

Defensores de DDHH calculan que las desapariciones forzadas durante las protestas fueron muchas

En el informe del Ministerio Público de la OLP —entre julio 2015 y marzo 2017— sostiene que 505 personas murieron a manos de funcionarios. La relación con la desaparición forzadas es que muchas resultaron con ejecuciones y nunca se ha conseguido el cuerpo. Se sabe que [la persona] fue detenida pero no apareció ni viva ni muerta.

El abogado criminalista, Luis Izquiel, agregó que en el año 2000, con la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, se incluyó la desaparición forzada como delito con pena de 15 a 24 años de prisión y en 2005 aumentó a 25 años.

El Estado es responsable de estas desapariciones, cometidas por funcionarios o ‘conchupancia’ con civiles, señaló.

Añadió que el Estado puede ser procesado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los casos de desapariciones ocurridos en el país, recordó además que estos ocurren en regímenes dictatoriales pues en democracia no suceden. La inclusión de las desapariciones en el Código Orgánico Procesal Penal responde a los tratados internacionales de desaparición forzada.

Sentencia internacional a Venezuela 

El 28 de noviembre de 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a Venezuela por la desaparición forzada de Oscar José Blanco Romero, el 21 de diciembre de 1999; de Roberto Javier Hernández Paz, el 23 de diciembre de 1999, y de José Francisco Rivas, el 21 de diciembre de 1999.

Las tres detenciones ocurrieron en el marco de la tragedia de Vargas, a manos de la antigua Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), actualmente denominado el Sebin.

Por ese caso hasta el presidente Chávez hizo un Aló Presidente en la casa del tío de Roberto Hernández y reconoció la responsabilidad de esa desaparición. La investigación condujo a la detención de un funcionario de la Disip que luego fue puesto en libertad, explicó Alvarado.

En torno a las desapariciones forzadas no hay investigación y los uniformados, o quienes actúan con ellos, se sienten en plena confianza para actuar por los niveles de impunidad. El defensor de los DDHH comentó que en Venezuela la mayoría de detenciones son a presuntos delincuentes.

Durante las OLP también se registraron desapariciones forzadas

En 2013, un tribunal del estado Anzoátegui sentenció a nueve años de prisión a varios funcionarios de la Policía de ese estado por la desaparición de tres trabajadores de la construcción.

Estamos ante abusos policiales y como hay impunidad, poca investigación y pocas sanciones, los organismos se ven en la libertad de ejecutarlos, de torturarlos, sin miedo a que sean detenidos, sentenció.

 Foto archivo: Cristian Hernández



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