Los representantes del Estado no explicaron por qué el organismo de inteligencia no libera a las personas que tienen boletas de excarcelación, pese a que activistas y un comisionado se lo solicitaron en ocasiones.
Washington. “No hay mejor ciego que el que no quiere ver, ni mejor sordo que el que no quiere oír”. Este refrán guió a los funcionarios que este miércoles representaron al Estado venezolano en las audiencias que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró para analizar la situación del país, pues obviaron explicar por qué el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) no libera a las 19 personas que tiene en sus calabozos y a las que distintos jueces han ordenado excarcelar en los últimos meses.
“Comisionados sería bueno que el Estado lo explique, ¿cómo es posible que haya boletas de excarcelación que no se cumplen? Aquí está el caso de Víctor Ugas [detenido por difundir vía Twitter las fotos del cadáver del asesinado diputado Robert Serra] o de 14 policías de Chacao [acusados por el Gobierno del asesinato del periodista Ricardo Durán] que tienen boletas de excarcelación y el Sebin no las cumple, no las recibe simplemente (…) Tenemos por los menos 19 casos y quisiéramos que el Estado nos explique cómo es posible que un tribunal dicte una boleta de excarcelación y la persona no ha sido liberada”, afirmó el abogado Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, durante la sesión sobre persecución política.
Pese a que aseguró que “Venezuela no tiene nada que ocultar en materia de Derechos Humanos”, el agente del Estado ante la CIDH, Larry Devoe, no se refirió al asunto, en cambio sí aseguró que en el país no hay presos políticos y como prueba mostró el polémico documento que el pasado 30 de octubre firmaron representantes del Gobierno y la oposición durante la mesa de diálogo facilitada por El Vaticano, y en la cual no se hablaba más que de “personas privadas de libertad”.
Sin embargo, el tema volvió a ser tocado minutos después por el comisionado mexicano José de Jesús Orozco, quien dijo haber recibido “con preocupación” la información de “al menos 17 casos en los que ha habido órdenes de excarcelación y algunas datan desde 2016, esto querría decir que siguen privadas de libertad a pesar de estas órdenes. Quisiera conocer la perspectiva del Estado sobre el particular”.
Pero el azteca tampoco obtuvo respuesta de los funcionarios venezolanos.
Esto le permitió al también directivo del Foro Penal, Gonzalo Himiob, afirmar que “el procedimiento penal en Venezuela, como herramienta de la intolerancia y de la persecución por motivos políticos, se ha convertido en una formula de castigo anticipado (…) lo que se busca con el proceso penal no es la verdad, no se trata de saber si la persona es culpable o inocente, sino de tratar de hacer valer el poder del Estado contra aquellos que les resultan incómodos”.
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Justicia selectiva
Minutos antes, la CIDH celebró, a solicitud del Estado, una audiencia para escuchar sobre el trabajo de la Comisión de la Verdad encargada de analizar los crímenes cometidos entre 1958 y 1998.
Desde el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas saludaron la iniciativa, pero todas coincidieron en lamentar que la misma se haya circunscrito a la etapa previa al chavismo.
“No hay víctimas de primera y de segunda”, afirmó José Gregorio Guarenas, de la Vicaría mientras que Liliana Ortega, de Cofavic, tras quejarse de que el caso del Caracazo permanece en la más absoluta impunidad luego de 28 años advirtió: “La verdad, la reparación y la reconciliación no pueden imponerse y mucho menos plantearse dejando casos históricos y emblemáticos que están en la memoria del país”.
Por su parte, Inti Rodríguez, de Provea, cuestionó que el Ministerio Público “deliberadamente excluyó de investigar y solicitar el enjuiciamiento de personas vinculadas al partido de Gobierno señaladas en los expedientes como responsables de varias masacres”. Acto seguido, mencionó al diputado Roger Cordero Lara y al gobernador de Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, ambos implicados en Cantaura y El Amparo.
Asimismo, criticó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) —al reabrir el caso de El Amparo— haya decidido enviarlo nuevamente a los tribunales militares, decisión que tampoco agradó al despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz. Al menos así lo dejó en claro su director de Actuación Procesal, Zair Mundarai, quien luego de anunciar que ellos no solicitaron eso agregó: “Ya tenemos una estrategia jurídica para enfrentarlo”.
El tema central
El papel de la justicia también fue abordado por Transparencia Venezuela, Espacio Público, Acceso a la Justicia, el Centro por los Derechos Humanos y la Paz (Cepaz), el Instituto Prensa y Sociedad, cuyos representantes acusaron al máximo juzgado de defender a los intereses del Gobierno y no de los ciudadanos.
“El TSJ ha debilitado el principio de separación de poderes y aumentado la concentración de poder en cabeza del Ejecutivo”, afirmó Mercedes De Freitas, de Transparencia, al referirse a las 51 sentencias que el máximo juzgado ha dictado desde diciembre de 2015 y las cuales en la práctica han anulado a la Asamblea Nacional.
Por su parte, Alí Daniels, de Acceso a la Justicia, afirmó que esta situación se debe a que 21 de los 32 magistrados no cumplen los requisitos para ocupar esos cargos y que fueron designados por motivos políticos.
Versión que fue negada por el consultor jurídico del organismo, Rommel Pacheco, quien aseguró que el Poder Judicial es autónomo y para probar su punto reveló que el Gobierno perdió 840 en la Sala Político Administrativa y 49 en la Sala Constitucional, sin precisar cuántos ganó.
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