Eleazar Guerrero y Aldo Rosso fueron detenidos por comisiones del Sebin luego de los sucesos en esa parroquia y fueron acusados de delitos militares.
Caracas. Eleazar Guerrero y Aldo Rosso tienen muchas cosas en común. Ambos son trabajadores humildes con más de 30 años de labor comunitaria en la parroquia El Valle. Los dos, luego de ser detenidos de manera arbitraria por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), comparten el Helicoide como sitio de reclusión y son juzgados por el Tribunal Tercero de Control Militar. Guerrero y Rosso son líderes de base de la oposición en la popular parroquia antes mencionada, el primero de Un Nuevo Tiempo (UNT) y el segundo de Voluntad Popular (VP).
A los dos se les imputan delitos militares, como forma de evitar que el Ministerio Público (MP), dirigido por la disidente Luisa Ortega Díaz, se encargue de sus casos. Ambos prácticamente desaparecieron y no pudieron contactar a familiares o abogados hasta varios días después ser detenidos. Su único delito parece ser su activismo social y haber dado declaraciones a los medios en las que se critica al Gobierno.
“Se trata de desarticular a la dirigencia comunitaria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y de tratar de amedrentar a nuestros dirigentes y a los vecinos en distintos sectores”, indicó el coordinador de la alianza en Caracas, José Gregorio Cáribas.
Detención bajo engaño
Guerrero tiene un pequeño negocio de carpintería en la parroquia El Valle. El jueves 27 de abril —6 días después de ser entrevistado por el periodista César Miguel Rondón en su programa de Unión Radio— no sospechó nada cuando fue a entregar un presupuesto a un cliente, cerca de su negocio. Cuando llegó al sitio se encontró con la sorpresa de que sus “clientes” se identificaron como funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y procedieron a detenerlo. No hubo orden de captura.
Naremis Silva, quien coordina el equipo de abogados que lleva el caso, explicó que los funcionarios no son del Cicpc, como alegaban, sino que están adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en cuya sede —en el Helicoide— permanece detenido su defendido. Denuncia que las irregularidades en el proceso son múltiples.
Guerrero no es presentado en un tribunal hasta el lunes, incumpliendo el lapso legal de 48 horas. Además, siendo un civil, se le presenta en el Tribunal Tercero del Circuito Penal Militar y se le imputan los delitos de rebelión militar, traición a la patria y sustracción de objetos militares. Los dos primeros contemplan penas de hasta 30 años de cárcel.
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Silva explica que se acude a la jurisdicción militar de manera que sea su fiscalía la que impute a los dirigentes y así evadir al MP, cuya máxima autoridad, Luisa Ortega Díaz, denunció irregularidades en algunas de las detenciones de personas luego del inicio de las protestas contra el Gobierno en el mes de abril. “En razón de que la Fiscal ha presentado otra actitud, se evade a los jueces naturales, presentándolo [a Guerrero] ante los tribunales militares”.
La abogado agrega que también los funcionarios del Sebin cambiaron la fecha de la detención para justificar que Guerrero no fue presentado en tribunales en el tiempo legal. También señaló que no se le ha permitido la visita de los familiares y que desconoce si Guerrero —que sufre de hipertensión— ha recibido el medicamento enviado por sus familiares, quienes no lo han podido visitar. Solo los abogados pudieron verlo el día de la audiencia.
Este lunes los representantes jurídicos del líder vecinal presentaron un recurso de apelación a la decisión de privativa de libertad de la jurisdicción militar. “No hay prueba o razón para que esté detenido. Solo hubo la denuncia de un patriota cooperante y se abrió el procedimiento”, señaló Silva.
El caso de Rosso
Rosso es un albañil. El 21 de abril fue entrevistado por un equipo reporteril del canal NTN24 sobre las protestas y saqueos que arrojaron un saldo de 12 muertos en la parroquia el día anterior. El 22 de abril en la noche estaba conversando con los vecinos en una cancha deportiva cercana a su casa, en la urbanización Radio Caracas Radio.
Alrededor de las 7:00 p. m., una machito sin placas se detuvo cerca de la cancha. De ella se bajó un grupo de personas, algunos con pasamontañas y armas largas, que entraron al recinto y se llevaron detenido a Rosso. A pesar de que es trasladado al Sebin, a sus familiares se les dice que no está ahí durante casi una semana.
Luego los familiares se enteran de que también es presentado ante el Tribunal Tercero de Control Militar. Se le acusa del delito de sustracción de objetos militares. “Lo acusan de tener 10 uniformes militares: que llevaba 5 uniformes encima puestos, uno encima de otro y los otros cinco en un bolsito que cargaba, al que no la cabe ni uno solo”, denunció la concejal de Voluntad Popular, Gladys Castillo.
Rosso hace un intenso trabajo comunitario. Consiguió jornadas de limpieza y desmalezamiento para la parroquia a través de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Era parte de un club deportivo que organizaba torneos en sectores como el barrio el 70, San Andrés y los Jardines de El Valle. “Él ocupaba su tiempo en ese trabajo social, llevaba cine de calle a la comunidad. En épocas de vacaciones hacía excursiones para los niños y todo tipo de actividades”, agrega Castillo.
Denunció que su caso lo lleva un defensor público, pues no se le ha permitido designar abogados privados y que tampoco ha podido entregársele el medicamento que requiere para su cuadro de hipertensión. “Él es un luchador social y lo que ha hecho es dar el ejemplo, tememos que se deteriore su salud”, señaló la edil.
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Dirigentes amenazados
Castillo alertó que, recientemente, otro dirigente vecinal de la parroquia San Juan —cuyo nombre prefirió mantener en reserva— recibió la visita de funcionarios del Sebin. “Él no estaba en la casa y la esposa abrió. Ellos revisaron y se fueron”, señaló. Consideró que la intención es desarticular a la dirigencia de base de la MUD, luego de que se hiciera visible el descontento contra el Gobierno en las zonas populares. “Tratan de amedrentar, de que la gente sienta miedo, para tratar de parar el deseo de cambio que ya es vox populi”.
Con esta apreciación coincidió Cáribas, quien apuntó que ha recibido denuncias de más de 20 dirigentes y coordinadores de zonas de la MUD por distintas formas de intimidación. “Algunos hasta los hemos tenido que sacar de sus casas, a vivir con otros familiares por la presión que están implementando”, enfatizó.
Este lunes el ministro de la Defensa, general en jefe Valdimir Padrino López, justificó el uso de la jurisdicción militar en civiles. “Cuando hay una agresión sobre el centinela, o sobre un efecto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), o un bien de la FANB, perfectamente se incurre en un delito militar y puede conocer la jurisdicción militar”.
Sin embargo, abogados independientes y organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales condenaron esta práctica. La ONG Cofavic consideró que este procedimiento es “una de las más determinantes rupturas de la Constitución” y violenta los Derechos Fundamentales de las personas.
“Se traduce en la posibilidad efectiva de que a partir de esta situación se haya abandonado por completo el Estado de Derecho y estemos frente a un tutelaje militar inaceptable e incompatible con las mínimas garantías judiciales que deben existir en un gobierno civil y democrático”, indicó la asociación en un comunicado.
Cofavic recordó que el artículo 49 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la Ley. “Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto”.
“El uso de la jurisdicción militar para el juzgamiento de civiles no está previsto en nuestra Constitución, ya que suspende las normas básicas de protección de los Derechos Humanos. Ningún conflicto por el cual se atraviese, por grave que sea, sirve de argumento para que el Estado renuncie a la aplicación de las protecciones y salvaguardas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de lo consagrado en la Constitución vigente”, expresaron.
Foto: Cristian Hernández
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