González López vuelve a dirigir el Sebin a pesar de sanciones internacionales por violar DD. HH.

Defensores de Derechos Humanos responsabilizan a González López de la muerte del concejal  Fernando Albán, ocurrida el año pasado en la sede del Sebin.

Caracas. Un  extenso expediente y decenas de denuncias de violaciones de derechos humanos componen la trayectoria de Gustavo González López, general del Ejército que nuevamente fue asignado como director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) por Nicolás Maduro este 30 de abril, luego de que custodios de este cuerpo de seguridad liberaron al preso político y coordinador general de Voluntad Popular, Leopoldo López, quien está preso desde el año 2014 y cumplía arresto domiciliario desde junio de 2017.

“Venezuela, ha iniciado la fase definitiva para el cese de  la usurpación: la Operación Libertad. He sido liberado por militares a la orden de la Constitución y del Presidente Guaidó. Estoy en la Base La Carlota. Todos a movilizarnos. Es hora de conquistar la Libertad. Fuerza y Fe”, escribió López en su cuenta personal de Twitter, tras un año y siete meses sin ofrecer declaraciones. El dirigente apareció en un video en compañía de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, y un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Diez horas estuvo Leopoldo López en las calles. Desde las 5:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. que el ministro de Relaciones de Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, confirmó el ingreso como “huésped” en la embajada de ese país en Caracas. A lo largo del día, López no ofreció declaraciones a los medios de comunicación. Se desconocen los detalles sobre cómo logró acordar con sus custodios su liberación. Finalmente, el dirigente se trasladó hasta la Embajada de España.

Manuel Ricardo Cristopher Figuera fue quien ocupó la dirección del Sebin hasta este martes. No se conoce su ubicación actual y Nicolás Maduro no ofreció ningún tipo de información en cadena nacional. Lo que se ha publicado hasta la fecha es un escrito que le atribuyen al general Figuera en el que se acusa al círculo cercano de Maduro de corruptos y señala que ningún precio será suficiente para comprar el honor y dignidad del oficial.

Hay quienes se han atrevido a llamarme traidor o vendido; pues, a ellos les digo que muy poco me conocen, porque tengo un alto sentido de la lealtad que juré a mi Patria y sus instituciones; la Patria que una parranda de pillos y bribones están saqueando y, sus instituciones que, salvo la FANB, han convertido en despojos”, se lee en parte del comunicado.

Figuera fue designado como director del Sebin el 30 de octubre de 2018, aunque nunca se publicó en Gaceta Oficial. En 2007 fue subdirector de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y además fue edecán de Hugo Chávez por 12 años. Entre sus otros cargos se encuentra el de director gerente de la Inversora Ipsfa del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y jefe de la Unidad de Planificación y Contratación de la Gerencia de Logística de esa instancia. Hasta octubre del año pasado fue director general del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesspa).

En octubre de 2018 destituyen a González López sin que Maduro brindara explicaciones. No obstante, el hecho ocurrió luego de la muerte del concejal Fernando Albán en la sede del Sebin en Plaza Venezuela, que para dirigentes opositores, instancias internacionales y organizaciones de derechos humanos fue calificado como asesinato, mientras que autoridades del Gobierno dijeron que se trataba de un suicidio.

El ex vicepresidente y periodista con tendencia oficialista, José Vicente Rangel, informó que la destitución de González López ocurrió luego de un enfrentamiento entre la Guardia de Honor de Maduro y funcionarios del Sebin. “Esto pudo significar un grave desenlace. La situación fue superada por el profesionalismo con que actuó la Casa Militar y la serenidad con que se manejó el presidente; los motorizados fueron reducidos, desarmados y detenidos“, indicó en esa oportunidad.

Gustavo González López se graduó en la Academia Militar en 1982. Se unió al gabinete venezolano en 2006, año en el que fue presidente del Metro de Caracas y Metro Los Teques. En diciembre de 2008, el presidente Hugo Chávez lo nombró comandante de la 5° División de Infantería de la Selva, Operación Teatro Nº 5 y Garrison Ciudad Bolívar. Fue nombrado comandante general de la Milicia Bolivariana el 30 de julio de 2011. También se desempeñó como secretario de la Unidad de Seguridad e Inteligencia del Sistema Eléctrico.

Pero son sus cargos como ministro de Interior, Justicia y Paz, entre 2015 y 2016 y director del Sebin desde 2014 hasta 2017, los que fueron cuestionados y denunciados tanto en instancias nacionales como internacionales. La fiscal general, ahora en el exilio, Luisa Ortega Díaz, lo denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad entre 2015 y 2017 y por ser partícipe de un plan de “limpieza social”. Además, fue sancionado por el gobierno de Barack Obama por abusos contra los derechos humanos y en 2017 recibió una sanción del gobierno de Canadá por ser cómplice de la ruptura del orden constitucional tras las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Para Inti Rodríguez, defensor de derechos humanos y parte del equipo de Provea, la segunda designación de González López, es una nueva preocupación para los venezolanos. “Este es un hombre con expediente e investigaciones abiertas. Tiene bajo su responsabilidad masacres y un alto prontuario criminal. Es de la escuela de la psicología del terror. Fue el autor de diseñar un plan de asesinatos”, aseveró.

Como ministro, González López, lideró la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), que fue un supuesto de plan de seguridad en las zonas populares que dejaron más de 500 muertes, 17.000 detenciones arbitrarias, 18.000 allanamientos y 1.000 demoliciones de viviendas.

A juicio de Keymer Ávila, investigador y experto en seguridad ciudadana, esta designación representa un símbolo que se podría interpretar como el recrudecimiento de violación de derechos humanos.

Hasta la fecha son decenas los presos políticos detenidos por el Sebin. Entre ellos, se encuentra el diputado Juan Requesens, aprehendido desde agosto de 2018, así como el comisario Iván Simonovis, quien cumple arresto domiciliario desde 2014 y está privado de libertad desde 2004. Y, el más reciente, el arresto del diputado suplente Gilber Caro, quien fue detenido por segunda vez el pasado viernes 26 de abril y no se conoce su paradero hasta ahora.


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