Varios asesores del Presidente consideran que debe crearse un ente operativo, con capacidad sancionatoria controlado directamente por Miraflores.

Caracas. Un grupo de chavistas presentó propuestas en materia económica que apuntan a que el Estado tenga más peso en la economía y se profundicen los controles, justo cuando las regulaciones han acentuado la crisis.

El ex vicepresidente de Economía y sociólogo, Luis Salas, los economistas Tony Boza y José Gregorio Piña, el abogado Juan Carlos Váldez, el historiador Juan Romero y el psicólogo Luis Gavazut Bianco publicaron en el portal 15yultimo el texto: “¿Qué hacer? Propuesta de medidas inmediatas en defensa de la República y los derechos socioeconómicos de la población venezolana”, en el cual detallan las acciones que se deben tomar para combatir la denominada “guerra económica”.

La publicación indica que “ante una crisis económica, estamos ante una declaratoria de guerra por parte de los poderes económicos y políticos mundiales, guerra económica, financiera y comercial que busca calentar el clima interno de manera de crear las condiciones para un colapso del país, lo que en última instancia sería usado como excusa para una intervención militar”.

Algunos de los que elaboraron las propuestas forman parte del entorno del Jefe de Estado como Salas y Boza, quienes son afines al economista español, Alfredo Serrano, una de las figuras a las que Maduro más escucha.

¿Qué proponen?

En materia cambiaria:

  1. Reforzar el control cambiario, suspender la asignación de divisas a empresas privadas y particulares, y destinar las disponibles a importaciones directas del Estado de bienes esenciales desde países aliados.
  2. En el caso de excepciones que deban hacerse al punto anterior, luego de su debida y pública justificación, hacerlo por la vía financiera, no por la cambiaria. Es decir, en lugar de venderles las divisas a las transnacionales, prestárselas a interés y con garantías reales suficientes de recuperación del préstamo en divisas.
  3. En cualquier caso de asignación de divisas, tanto a empresas privadas como públicas y organismos del Estado, verificar exhaustivamente a priori y a posteriori el uso dado a las mismas.
  4. Supeditar la asignación de divisas a un baremo de precios internacionales de referencia a fin de impedir la sobrefacturación de importaciones y la evasión tributaria por precios de transferencia, así como el traslado subsecuente de precios inflados a las estructuras de costos de producción, distribución y comercialización.
  5. Hacer más transparente la administración de divisas para evitar la corrupción y facilitar la contraloría social, mediante la publicación detallada de todas las asignaciones efectuadas por Cencoex cruzada a su vez con la data aduanal de importaciones registrada por el Seniat.
  6. Crear un ente operativo, con capacidad sancionatoria, tal vez mejorando la concepción del previsto y aún no implementado ente de interoperabilidad, controlado directamente por Miraflores, que vincule obligatoriamente en tiempo real todas las bases de datos de órganos y entes del Estado, procese toda la información mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación y rinda informes de inteligencia sobre dichos análisis.
  7.  Orientar el petróleo que actualmente se le vende a Estados Unidos hacia nuestros aliados euroasiáticos, lo que podría incluir la modalidad de trueque por bienes esenciales.
  8. Iniciar un proceso de renegociación y reestructuración de la deuda externa, con países e inversores aliados.
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En materia de precios y abastecimiento

  1. Constituir un Comando Integrado de defensa de los derechos socioeconómicos de la población, que sume a la Sundde, la Superintendencia Anti-Monopolio, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, al Seniat, Sudeban, la FANB y demás órganos y entes competentes.
  2. No reconocer o aceptar la fijación de precios utilizando como referencia el marcador del tipo de cambio del mercado paralelo para la determinación de costos.
  3. Decretar el monopsonio estatal obligatorio en los bienes esenciales, a fin de dotar al Estado de poder de negociación del precio de los mismos con los monopolistas que controlan su importación, producción, distribución y comercialización.
  4. Fortalecer los mecanismos de distribución directa o programada de alimentos y otros bienes esenciales.
  5. Iniciar, tomando como base las empresas públicas, de la economía comunal y las pequeñas y medianas, un proceso de sustitución de importaciones privilegiando bienes e insumos esenciales para la población.

En el caso de Colombia

  1. Cerrar la frontera con Colombia indefinidamente.
  2. Denunciar a Colombia ante la OMC por la aplicación de prácticas desleales de comercio internacional, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo a través de casas de bolsa de frontera.
  3. Denunciarla ante Unasur por violación a la territorialidad de un país miembro, específicamente por favorecer e incentivar el contrabando de extracción y los ataques a la moneda nacional.

Lo que ha pasado

El país padece una prolongada crisis económica producto del modelo de controles impuesto por el Gobierno.

Los asesores plantean reforzar el control de cambio y que el Estado haga las compras externas, pero ya las empresas sufren un severo recorte en la entrega de dólares, y aunque mediante el dólar complementario se han asignado 396 millones de dólares, eso ha sido insuficiente para los requerimientos de las industrias.

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En paralelo, de lo poco que se importa, el grueso lo hace el Estado. Estimaciones de Ecoanalítica señalan que en el primer semestre, 72 % de las adquisiciones de bienes en el exterior fueron efectuadas por el sector público.

También se plantea no reconocer los precios que tengan como referencia el dólar paralelo. No obstante, aquellas industrias que todavía mantienen operaciones han tenido que recurrir a ese mercado y casi la mitad de las compras privadas del primer semestre se financiaron con el paralelo.

Frente a estas distorsiones, se sugieren mayores regulaciones de precios, pero justo por el control se ha acentuado el desabastecimiento de rubros básicos. En julio, la escasez fue 50 %, de acuerdo con los cálculos de Econométrica.

Adicionalmente, indican la necesidad de regular la distribución de bienes y ya con la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, el Estado sabe cuánto producen las empresas y decide a quiénes van los alimentos y los artículos de higiene personal.

Los asesores insisten con los cierres fronterizos, sin embargo, la frontera estuvo cerrada un año y ello no corrigió los desequilibrios, al contrario, se acentuaron.

Por la falta de medidas concretas, diversas firmas estiman que este año la economía puede caer 10 % del PIB y tener una inflación entre 700 y 1000 %.

Foto referencial: AVN



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