El hacinamiento convirtió calabozos en cárceles pero sin ministra

Según el fiscal Tarek William Saab, hay más de 25.000 detenidos dentro de los centros de detención preventiva y la sobrepoblación ha sido la causa de hechos de violencia. Sin embargo, pareciera que no hay quien tome las riendas de este problema, pues la titular del Servicio Penitenciario, Iris Varela, aseguró que estos recintos no son su responsabilidad.

Caracas. Hasta tres años puede permanecer una persona dentro de un centro de detención preventiva esperando orden de traslado a un penal o peor aún, por una audiencia preliminar, aunque según el artículo 44 de la Constitución los reclusos serán llevados ante una autoridad “en un tiempo no mayor a 48 horas a partir del momento de la detención”.

Sin embargo, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, aseguró —en un programa trasmitido por Unión Radio el 2 de abril— que dentro de estos calabozos hay personas que tienen de dos a ocho años aguardando por un procedimiento judicial.

Algunos, incluso, pagan condena dentro de estos recintos como si estuvieran ya en la cárcel pero no, es un calabozo policial.

Esta situación ha desembocado en hacinamiento dentro de las celdas, que se convirtieron en una bomba de tiempo con más de 25.000 privados de libertad, de acuerdo con las cifras de William Saab. Pero datos de la Organización No Gubernamental Una Ventana a la Libertad la población es de 45.000 cuando la capacidad es para 9000 o 10.000 presos.

Según reglas de cada comandancia los reclusos no pueden tener objetos para su distracción por seguridad

Las consecuencias de la sobrepoblación dejan bastante tela que cortar: corrupción, desnutrición, insalubridad y propagación de enfermedades y violencia, esta última una de las más alarmantes. Hace apenas una semana, el 28 de marzo, ocurrió una de las peores tragedias dentro de un calabozo —según defensores de los derechos humanos— en la que fallecieron 68 personas y 98 resultaron heridas en la comandancia de la Policía del estado Carabobo, luego de un incendio presuntamente generado por un motín.

La ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, dijo cinco días después que lo ocurrido en Policarabobo no era su competencia, pues estos recintos no le corresponden al Ministerio Penitenciario. “Eso es función policial”, dijo en su programa trasmitido por la emisora Radio Miraflores.

Sin embargo, el fiscal aseguró en su declaración a Unión Radio que los calabozos no son competencia de las policías, quienes además deben asumir una logística que no les corresponde, como la alimentación.

Al menos 3000 detenidos ya tienen condena y no han recibido la orden para trasladarlos a cárceles, dijo William Saab. Wilca González, esposa de Ericson David Rodríguez Zapata, de 23 años, una de las víctimas de Policarabobo, contó que él ya había recibido pena pero tenía 10 meses en los calabozos.

Estaba condenado a cuatro años, cinco meses y 10 días por robo agravado. Supuestamente había un error en el expediente pero no especificaban, yo estuve tratando de arreglar esa situación pero siempre había una excusa con el juez. Mi esposo tenía una pena que podía ser sustituida por medida cautelar porque era por menos de cinco años, pero no pude solventar eso, expresó la viuda.

En esos calabozos, compuestos por cuatro celdas, había 273 privados de libertad en un espacio diseñado para 35. Wilca detalló que para dormir improvisaron chinchorros que guindaron unos arriba de otros —por los menos cuatro— a lo largo de la celda. Mientras que en el piso se acomodaban otros en colchonetas e incluso en los pasillos.

El informe anual de 2017 de Una Ventana a la Libertad se refirió a la violencia como una de las graves consecuencias del hacinamiento y documentó 26 casos de asesinatos en 198 centros de detención preventiva que investigaron en 13 estados de mayor conflictividad en el país.

En Polichacao los detenidos también improvisan chinchorros unos encima de otros para dormir

En 2016 el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) registró tres casos en calabozos de Lara donde, por ejemplo, apuñalaron y decapitaron a un adolescente de 15 años, le cortaron la garganta a dos jóvenes de 20 y 25 años, así como cuando decapitaron y abrieron el estómago de un recluso para sacar sus órganos, por robar comida a otro detenido.

También señalaron que un detenido fue descuartizado en Táchira durante un motín y los cinco muertos y cuatro heridos que se produjeron en una pelea en un calabozo de Acarigua.

¿Quién agarra por las riendas el problema?

La tragedia de Policarabobo no ha sido la única que se generó en un calabozo. En agosto de 2017 fueron asesinados 39 detenidos en las celdas de Amazonas, según Una Ventana a la Libertad fue la primera masacre en un recinto de estos, y la ministra Varela también se deslindó.

Pero no es la primera vez que la titular del Ministerio para el Servicio Penitenciario asegura que los calabozos no son su competencia. En noviembre de 2016 durante una rueda de prensa, dijo lo mismo.

En septiembre de 2016 Varela dijo que había otorgado 26.000 cupos de traslados a las cárceles, pero que debían llegar “con todas las de la ley” como mínimo una audiencia preliminar y estar plenamente identificados.

Carlos Nieto Palma, director de Una Ventana a la Libertad, aseveró que la responsabilidad del sistema penitenciario en general es de la ministra, pues según el Código Orgánico Procesal Penal al ministerio le corresponde velar por los derechos humanos y la vida de los privados de libertad.

El Ministerio para el Servicio Penitenciario creó el plan Cayapa para agilizar el retardo procesal penal

Ahí no dice que a unos sí y a otros no. Hay que recordar que en el decreto de creación del ministerio dice en uno de sus puntos que le corresponde velar por los derechos humanos y las condiciones de vida de los privados sean procesados o penados.

Para el abogado, el ministerio otorga los permisos para que los detenidos sean trasladados a los centros penitenciarios y hay demoras. “Además las policías deben asumir el costo del kit de los reclusos que incluye el uniforme y una serie de artículos que llevan a la cárcel”.

William Saab declaró que las policías no tienen responsabilidad.

Es exacerbado el hacinamiento en los calabozos y las muertes se deben a eso. El sistema debe declararse en emergencia”, dijo en el programa radial.

Corrupción por donde se mire

Wilca Rodríguez contó que los familiares debían cancelar distintas sumas de dinero a los funcionarios de Policarabobo para ingresar alimentos, bebidas, medicinas e incluso para la visita conyugal. “Se acondicionaba una celda pequeña para las parejas, era un espacio solo para la pareja pero para dormir a veces se metían hasta tres”.

Los calabozos no tienen capacidad para albergar a tantos detenidos por más de 48 horas y por lo tanto no cuentan con áreas para recibir visitas regulares, menos conyugales, tampoco hay disponibilidad para comedores o para realizar actividades de esparcimiento, según Nieto Palma.

Tampoco cuentan con el personal policial para custodiarlos ni están capacitados para ello. El fiscal Tarek William Saab destacó que 30 % de los efectivos no salen a la calle por cuidar a los presos.

En Policarabobo permanecían 273 detenidos pero sus áreas tenían capacidad para 35

En el caso de la comandancia de Carabobo, la mujer destacó que para las visitas conyugales cancelaban 10.000 bolívares y para pernoctar cualquier día de la semana, 20.000 bolívares.

Si alguno de los detenidos quería ingresar una gavera de cervezas o una botella, los precios oscilaban entre 30.000 y 50.000 dependiendo del tipo de licor.

Sí había armas. De hecho, cuando los bomberos ingresaron después del incendio, las descubrieron enterradas. Se pasaban drogas pero eso ya era entre los internos y los policías, detalló.

Fiscalía anunció que cuatro efectivos y el subdirector de Policarabobo, José Luis Rodríguez, fueron privados de libertad por el presunto motín que culminó en incendio y además serán investigados por estos supuestos hechos de corrupción.

Además del pago para ingreso de cualquier objeto, que también ha sido denunciado por familiares en otros calabozos como en el de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Boleíta, también se habla de corrupción en el sistema judicial.

William Saab, a su vez, se refiere a los policías, quienes rompen boletas de excarcelación o niegan los traslados para seguir extorsionando a la familia.

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Insalubridad y decadencia

Por la sobrepoblación, las enfermedades infectocontagiosas se propagan rápidamente, pues además los detenidos no reciben un adecuado aseo personal tomando en cuenta que en los centros de detención preventiva pasan varios días sin agua y algunos no tienen baños debidamente acondicionados.

A veces teníamos que llevarle agua en los botellones de cinco litros para que ellos se pudieran bañar, detalló Wilca Rodríguez.

Según investigaciones, hay detenidos con sarna, enfermedades en el estómago y hasta con tuberculosis

Durante un recorrido de Crónica.Uno por calabozos de los Valles del Tuy en noviembre 2016, se constató que en la mayoría no había agua e incluso los reclusos debían hacer sus necesidades en una letrina.

En las celdas de Polichacao los presos deben orinar en botellas plásticas que guindan durante el día en los barrotes o permanecen dentro de una bolsa de basura negra en la entrada, lo cual empeora el mal olor producido por la escasa ventilación y el sudor de los privados de libertad.

Mi esposo se contagió de lechina mientras estuvo preso, luego agarró una infección muy fuerte en el ojo. Hasta antes de su muerte le llevé antibióticos porque seguía con unas ronchas en los pies, agregó Wilca Rodríguez.

Añadió que su hijo de ocho años contrajo una bacteria luego de que lo llevara a los calabozos a visitar a su papá. Estuvo hospitalizado desde el 16 de enero como hasta el 23 por esa infección que agarró allá.

Los reclusos que no cuentan con agua potable deben recolectarla en envases para su aseo.

Investigaciones de las ONG que defienden los derechos humanos señalaron que la mayoría de estos espacios no tienen ventilación y algunos no tienen ni luz. Los reclusos pasan el día encerrados en estos angostos lugares sin actividades de esparcimiento y además mezclados con personas acusadas de robo o con homicidas, también se da el caso de que no hay distinción de sexo ni de edad: adolescentes con adultos y mujeres con hombres conviven en la misma celda.

Ante la grave situación en estos centros, la diputada Delsa Solórzano indicó en la sesión de la Asamblea Nacional el pasado martes 3 de abril que consignarán la ley de calabozos y que el próximo martes 17 de abril será la primera discusión, para que los detenidos no pasen más de 48 horas en estos lugares.

Fotos: Archivo Crónica.Uno


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