Hacinamiento y falta de alimentos imperan en calabozos del Táchira

Múltiples son los petitorios de celeridad procesal, pues hay quienes purgan condenas en estos recintos, aun a sabiendas de que no son el lugar para ello.

San Cristóbal. No solo se trata de que existe hacinamiento en los calabozos, producto del constante ingreso de reclusos, sino también de que al no efectuarse su traslado a los centros penitenciarios correspondientes se agrava el problema.

Pero el sufrimiento de las familias va más allá de tener a sus seres queridos tras las rejas, pues son ellas las que deben garantizar el alimento, cuando deberían ser las autoridades del recinto las encargadas de darles las comidas, así como espacios adecuados para la permanencia en él.

En una celda de 2×3 metros, donde deberían estar, máximo, cinco personas, hay cerca de veinte detenidos. Uno de los funcionarios, quien se reservó su nombre, dijo que, hace unas semanas, un hombre se cayó de una hamaca improvisada, fracturándose el brazo al caer sobre otros compañeros.

Lamentablemente, este hecho se repite en todos los cuerpos de seguridad, ya que, al tratarse de procedimientos particulares, los detenidos deben ser llevados a las jefaturas a las que pertenecen los funcionarios actuantes.

Con pocos recursos y el alma en la mano es con lo que cuentan quienes tienen a sus seres queridos pagando condena. Para Jaime Rozo, esta situación sobrepasa su voluntad. Se quiebra su voz al hablar de la situación en la que se encuentra su prima, quien padece un mioma uterino. A medida que pasan los días, la situación se agrava y, al no contar con los recursos para los exámenes, el proceso para solicitar casa por cárcel se ralentiza, ya que no hay manera de realizarle los estudios necesarios para ello.

Necesitamos el beneficio de casa por cárcel para ver si la operan. Nos ha tocado hasta pedir limosna para hacerle los exámenes. Hemos ido a El Milagro y por allá la gente nos ha dado donaciones porque los exámenes son muy caros”, dijo.

Pese a estar delicada de salud, no le han brindado alguna comodidad, pues los parientes aseguran que comparte celda con más mujeres y deben turnarse para “estirar los pies”.

“Hay una mujer embarazada y entonces hacen turnos. Unas se encogen para que otras estiren los pies porque el espacio es muy reducido… ella no recibe atención, a pesar de estar enferma y de que la necesita. Solo recibe la comida que nosotros podemos traerle. Esta vez le traemos espagueti, carne molida y arroz”, decía Rozo, mientras se percataba de que su familiar había sacado un espejo para verlo a él y a su hija.

La crisis alimentaria también hace estragos en los cuarteles, pues el poco alimento que llega lo distribuyen entre unos pocos detenidos, mientras que a los demás los “salva” la ayuda de sus familiares.

“Si no les traemos la comida, aguantan hambre. Por eso nos toca traérselas. En la mañana, de 7:30 a 8:30 y en la tarde de 11.30 a 12:30 y la cena es de 4:00 a 5:00”, indica Rozo.

Yo antes venía todos los días, pero yo vivo en Palmira [a 15 kilómetros de San Cristóbal]. Por problemas de salud no puedo y él se prepara aquí su comida. Aquí hay muy pocos presos a los que les dan comida. Como a 10 es a los que les dan. Al resto se las traen de afuera los familiares”, dijo Yosmaiby Sayago.

Señaló que para buscar recursos y mantenerse, los detenidos han hecho una pequeña hermandad tras las rejas, pues si no se unen, pasan hambre. Unos cocinan y otros hacen piezas artesanales con papel reciclaje que los familiares venden y cuyos recursos se usan para adquirir alimentos con los que los reclusos preparan comidas y comparten entre ellos.

“Eso lo hacen ellos ahí adentro para ayudarse para la comida y útiles de aseo. Yo le traigo a mi hijo las hojas blancas, rayadas, de colores, las recojo con los vecinos donde vivo en Apure. Se elaboran con foami y papel de reciclaje, pega y silicón como estás viendo. Duran dos días haciendo estas cositas”, indicó Johana Pérez.

Los costos de las piezas artesanales oscilan entre los 600.000 y 800.000 bolívares, dependiendo de la complejidad en la elaboración, que dura cerca de dos o tres días. Indica que con ese dinero compra harina, panela, pasta, arroz y otros productos, con los cuales su hijo pueda sobrevivir hasta que ella pueda regresar a verlo.

Entre todos ponen algo y se hace la comida del día. A veces les traemos las paticas de pollo, platanitos, papa, ajo y ellos hacen y comparten. Más bien, a veces, hasta los funcionarios comen ahí”, dijo Jaime Rozo.

Tanto Johana como Yosnaiby esperan por beneficios procesales del Plan Cayapa, pues a pesar de que ya cada caso ha sido revisado, no obtienen respuestas concretas por parte de los funcionarios del Ministerio de los Servicios Penitenciarios.

“Mi hijo tiene un año y tres meses preso. La semana pasada lo llevaron a revisión en el Core 1 y el juez le dijo que tenía que cumplir los cuatro años”, dijo Pérez.

“Yo tengo detenido a mi hermano. Él ya tiene un año y un mes aquí. No lo han soltado porque falta un informe del Plan Cayapa. El miércoles pasado lo hicieron, pero nunca llegó al tribunal… se desapareció. Nunca llegó”, puntualizó Yosnaiby.

Fotos: Referencial / Ana Barrera