La AN designó una comisión para que vaya a constatar el estado de salud del diputado Caro en la cárcel de Tocuyito y exigió al Gobierno su inmediata liberación.

Caracas. A mí me costaba mucho hacer denuncias por el miedo de que lo maltrataran más, pero él me dijo: ‘¿Qué más me van a maltratar?’, así relató Carolina Caro, hermana de Gilber Caro, lo que vive el diputado suplente en la cárcel de Tocuyito, donde lleva recluido 8 meses. Él está recibiendo muchas torturas. No es que me han contado, lo he presenciado, lo maltratan delante de su mamá y hermana, añadió desde la tribuna de oradores del hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional (AN), a donde fue invitada para exponer el caso del parlamentario.

Caro fue detenido el 11 de enero, acusado por el Gobierno de portar armamento de guerra, señalamientos que han sido negados por su abogados y familiares. Hace 9 días Caro inició un huelga de hambre, exigiendo un traslado de centro de reclusión, protesta que detuvo este martes luego de que su salud empeorara. Su abogada Theresly Malavé aseveró que el traslado ya había sido aprobado por el tribunal que lleva la causa, pero sus captores se niegan a cumplir la orden.

Nos contaron que le dio un colapso estomacal y llegó a torcerse, está en un cuarto oscuro, sin luz, sin poderse bañar. Cuando vamos a la audiencia se nota un gran desarraigo, tristeza, repetición de las frases, ya sufre las consecuencias y los síntomas. Gilber está aturdido. Hemos caído en el juego del Gobierno. Lo que hemos pedido es cambio de su sitio de reclusión, no su libertad, señaló.

La hermana del diputado detalló otros maltratos de los que sería víctima el legislador: No han dejado de hacerle daño. Le colocan una bolsa que se pudrió y se llenó de gusanos y al él se le montaban los gusanos. Le apagan la luz a las 6:00 p. m. Le dije al director del penal que lo colocara en un paredón, porque yo sé que es lo que quiere hacer.

La situación del parlamentario de Voluntad Popular (VP) toma relevancia luego de que el pasado domingo el concejal de Primero Justicia (PJ), Carlos García, falleciera luego de 9 meses de prisión, también detenido por razones políticas. Dirigentes opositores denunciaron que no recibió la atención médica adecuada. Hoy tememos por la vida de Gilber Caro, que pueda correr la misma suerte, expresó Rafael Guzmán, diputado principal por el mismo circuito de Caro (Guarenas Guatire).

Luego de un debate, los parlamentarios aprobaron un acuerdo mediante el cual crearon una comisión que se trasladará al estado Carabobo para constatar la situación de salud de Caro. La instancia está integrada por Delsa Solórzano, Edgar Zambrano, Adriana Pichardo, Richard Blanco, Rafael Guzmán y Stalin González. También acordaron denunciar la situación ante la comunidad internacional y exigir la inmediata detención del parlamentario, a quien se le estaría violando su inmunidad parlamentaria.

AN citó a la FAO

Asimismo, se dio un debate sobre las “violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos en Venezuela según el último Informe de la Organización de las Naciones Unidas”. Al final de la discusión se aprobó una propuesta hecha por la diputada Delsa Solórzano, en la que solicitó enviar copia de lo hablado a la ONU para que se establezcan las responsabilidades del Estado en la muerte del concejal González en Apure. “Usan toda la fuerza del Estado para perseguir, encarcelar y matar a los venezolanos”, expresó la diputada.

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También se dio un debate sobre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y se le invitó a comparecer ante el Parlamento para que den explicaciones sobre sus investigaciones. En años anteriores, la FAO dio reconocimientos al Gobierno venezolano por su labor en el área de la alimentación. “La FAO se ha convertido en copartícipe de todas las muertes por desnutrición al ocultar las cifras reales”, aseveró la diputada Manuela Bolívar.

El Parlamento también aprobó un acuerdo en rechazo a la extensión del Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio nacional y señaló que son “nulas” las operaciones de endeudamiento del Gobierno valiéndose de este decreto. “Es la décima prórroga y solo se podía hacer una vez. Estamos ante la inconstitucionalidad, una violación flagrante de la Constitución, con las consecuencias que sabemos. Es una receta que pretenden imponer, un proyecto económico que en todas partes ha fracasado y en Venezuela no es la excepción”, indicó el diputado Alfonso Marquina.

Foto referencial: Prensa Voluntad Popular



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