Jueces no convalidan ataques de Diosdado Cabello a la prensa en Nueva York

La rápida respuesta de la justicia de Estados Unidos contrasta con la lentitud de la justicia venezolana, la cual aplica penas anticipadas a los demandados por Diosdado Cabello.

Caracas. La velocidad con que actúa la justicia parece ser directamente proporcional a la libertad de los jueces. En el caso de la demanda de Diosdado Cabello contra el diario estadounidense Wall Street Journal se resolvió en dos años. En Venezuela, el primer juicio contra TalCual se inició hace cuatro años y desde ese momento sus directivos están pagando una pena anticipada.

La referida demanda fue introducida en marzo de 2014 ante la juez Bárbara Cesar, quien sin escuchar a los demandados acordó medidas restrictivas a sus libertades al obligarlos a presentarse semanalmente ante el tribunal y prohibirles salir del país. Las medidas se mantienen vigentes. Cesar después de esta actuación ascendió a magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Dichas medidas fueron impuestas a Teodoro Petkoff, Manuel Puyana, Francisco Layrisse, Juan Antonio Golia y Carlos Genatios, autor del artículo en el que basó su demanda Cabello, quien solicitó la aplicación de las mismas restricciones en la segunda demanda que introdujo contra este medio por replicar la información aparecida en el diario español ABC en la que su escolta, Leamsy Salazar, lo implicaba en el tráfico de drogas.

El abogado de TalCual, Humberto Mendoza de Paola, señala que existe una doctrina y jurisprudencia española que se refiere a la “pena del banquillo”, la cual consiste en llevar a juicio a una persona sin tener una base legal suficiente para ello, pero sufren una pena de escarnio y humillación.

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En Venezuela los jueces, dice Mendoza, han puesto en práctica una versión endógena de esa doctrina, “han encontrado una cualidad más efectiva que la de estigmatizar al encausado, cual es: o la pérdida de su libertar o la sujeción a medidas restrictivas de la misma por tiempo indefinido, causando una tremenda pérdida en los derechos de los acusados y sus familias”, apunta el defensor de TalCual.

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Foto archivo Francisco Bruzco, Crónica.Uno


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