Para el abogado Joel García los jueces son los primeros “alcahuetes” de todas las violaciones que se están suscitando en Venezuela. Diputada Adriana Pichardo (VP) afirmó que en dos años y 9 meses de gestión de la AN, el Ejecutivo ha perpetrado 90 ataques en su contra. Diputado Renzo Prieto afirmó que fue detenido, procesado y mantenido cautivo durante 4 años sin pruebas y sin juicio.
Caracas. El asedio a la Asamblea Nacional tiene varios rostros. Uno, el de sus diputados perseguidos. Otro, es de sus instalaciones asaltadas. Otro, el de los ataques institucionales recibidos por parte de los otros poderes públicos, confabulados para aplastar al Parlamento. Todos esos rostros fueron desvelados este jueves durante el foro Parlamento Bajo Asedio, realizado en las instalaciones de la Universidad Católica Andrés Bello.
Los rostros de la persecución están al día de hoy representados en el diputado Juan Requesens, preso inconstitucionalmente desde el pasado 7 de agosto en el Sebin. Pero también por Freddy Guevara ilegalmente despojado de su inmunidad y bajo protección diplomática desde noviembre de 2017.
O de los tres diputados excarcelados luego de haber permanecido hasta 4 años presos como Renzo Prieto, Gilber Caro y Gilberto Sojo.
Sin dejar de contar a los nueve diputados en el exilio: Germán Ferrer (despojado de su inmunidad), Rosmit Mantilla (antes preso por 2 años), Julio Borges (despojado de su inmunidad), Gaby Arellano, Ismael García, Tomás Guanipa, José Manuel Olivares, Adriana D’Elía y Karin Salanova.
El abogado del diputado Juan Requesens, Joel García, no duda en poner el foco en quienes considera los principales responsables de los atropellos jurídico-políticos perpetrados contra estos representantes del pueblo: jueces y magistrados.
Señaló que tanto en el caso Requesens como en los otros casos donde los diputados han sido despojados de su inmunidad por mecanismos no previstos en la Constitución, los 32 magistrados de la Sala Plena han votado de forma unánime a favor de esa ilegalidad.
“Esos 32 magistrados son partícipes de estas violaciones y a ellos nadie los señala. Si en Venezuela no hubiésemos tenido ese tribunal tan nefasto y esa Sala Constitucional tan nefasta, no estuviera pasando lo que está pasando. Ellos son los primeros responsables. Sin jueces no es posible todo este atropello. Los jueces son los primeros alcahuetes de todas las violaciones que se están suscitando en Venezuela y a los jueces poco los señalan. Se habla del dictador pero ese dictador necesita de cómplices necesarios para hacer lo que hace. Tenemos una dictadura judicializada”, sentenció.
Agregó que para este viernes está prevista la presentación del acto conclusivo del ministerio público en el caso Requesens. Este acto judicial puede arrojar tres resultados: el sobreseimiento por inexistencia de pruebas o por constatarse la inocencia del imputado, el archivo fiscal por debilidad de las pruebas disponibles, o el pase a juicio por la solidez de las pruebas existentes.
García no es optimista: “A Requesens le corresponde sobreseimiento porque no existe ni una sola prueba en su contra y porque él es inocente, pero vista la más reciente rueda de prensa de Jorge Rodríguez pensamos que vendrá una acusación. Le va a ser muy cuesta arriba al Ministerio Público comprobar cualquiera de los 7 delitos que le imputan, porque no hay pruebas, pero ya sabemos cómo actúan”. Ratificó que hasta este jueves, la defensa no tuvo acceso al parlamentario.
El asalto y el acoso
El abogado del diputado Freddy Guevara, Omar Mora Tosta, se refirió al caso de su defendido y también a los diputados que se han visto forzados a adoptar el exilio como vía para evitar el encarcelamiento.
Dijo que a Julio Borges y a Freddy Guevara los acusaron de ser responsables del bloqueo económico, por haber realizado una gira denunciando las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, mientras que Rosmit Mantilla nunca recibió una notificación formal de su excarcelación, por lo que su causa quedó en el limbo.
Relató que en el caso de Mantilla, el ruido interno y externo que generaron los malos tratos en su contra, derivó en su salida de prisión.
El resumen sobre los asaltos a las instalaciones de la AN y el asedio institucional lo presentó la diputada Adriana Pichardo, presidenta de la subcomisión de Derechos Humanos de la AN.
Señaló que desde 2016 se han perpetrado cuatro asaltos al Palacio Federal por parte de civiles armados afectos al PSUV (marzo y octubre de 2016 y junio y julio de 2017), y por lo menos otros cuatro de menor envergadura pero que han significado agresiones, insultos y tirones de pelo a diputados.
Precisó que desde el Poder Ejecutivo se han perpetrado 90 ataques contra la AN: 49 veces irrespetó a la inmunidad, 18 se abrogó la competencia legislativa de la AN; 4 violentó la potestad de control presupuestario del Legislativo; 12 veces obvió esperar la autorización de la AN; y 8 hizo caso omiso a las actuaciones de la AN en materia de contraloría.
Desde el Poder Judicial, Pichardo ha contabilizado 71 ataques: 6 contra la inmunidad y 65 contra las funciones propias de la AN. El Poder Ciudadano y el Poder Electoral no se quedan atrás, con 9 y una agresión respectivamente.
Mención aparte hizo la parlamentaria a la elección fraudulenta de una constituyente ilegítima –así denominada por la UE-, que en sus actuaciones ha pretendido ser la depositaria de la representación ciudadana y actuar como Poder Legislativo.
En el foro también participaron la abogada Theresly Malavé, defensora de los diputados Rosmit Mantilla y de Gilber Caro y de varios presos políticos. La abogada detalló las violaciones y torturas cometidas contra los parlamentarios presos, que van desde haber sido acusados por personas sin identidad llamadas en el expediente “patriotas cooperantes”, pasando por condiciones infrahumanas de reclusión (sin agua potable, luz solar ni alimentos), hasta el haber sido colgados durante días de los brazos y haber recibido descargas eléctricas, como fue el caso del diputado Renzo Prieto.
Precisamente Prieto fue el último orador del evento. En su intervención explicó las irregularidades procesales cometidas en su contra, pues aseguró que en ningún momento de sus 4 años y 3 meses de presidio, el Ministerio Público mostró ni una sola prueba en su contra. Pese a ello afirmó su decisión de quedarse en el país y seguir luchando por la libertad de Venezuela. “Nosotros somos un ejemplo claro de persecución pero no somos solo nosotros. Todos los ciudadanos que protestamos estamos siendo perseguidos, sometidos y atacados por el régimen. Cuando me preguntan si temo que me vuelvan a apresar respondo que estando preso recibí la inmunidad al ser electo y aun así me dejaron preso. Para ellos la inmunidad no es un impedimento”.
Video: Maru Morales P., Crónica.Uno
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