La medida se tomó con base en la demanda introducida por la empresa Crystallex International Corp, una minera canadiense que perdió sus derechos de minería debido a la expropiación ordenada por Chávez.
Caracas. Un juez federal de Estados Unidos falló a favor de la minera Crystallex y autorizó la toma de acciones de Citgo para saldar deudas pendientes del Gobierno venezolano con la empresa canadiense.
El juez Leonard P. Stark, del tribunal del distrito Wilmington en Delaware, emitió la decisión en la que concede las acciones a la minera, aunque se desconoce la amplitud de la medida, pues la sentencia fue sellada y se espera que esté a disposición del público en unos días.
La medida se tomó con base en la demanda introducida por Crystallex International Corp, que perdió sus derechos por la nacionalización del proceso de explotación de oro.
A pesar de que muchos de los acreedores de la deuda venezolana han contemplado la toma de Citgo, Crystallex es la primera compañía en ser autorizada por la corte para hacer efectivo el embargo. La decisión la favorece para tomar control de la empresa venezolana y, posteriormente, realizar su venta.
Entre 2015 y 2016 Pdvsa utilizó a Citgo como garantía para sus operaciones financieras.
La petrolera rusa Rosneft tiene un colateral de 49,9 % de Citgo como respaldo de un préstamo de unos 1500 millones de dólares que hizo a Venezuela. El resto de las acciones de la filial de Pdvsa forman parte de la garantía de los bonos 2020 de la estatal.
Desde octubre de 2017, Pdvsa ha retrasado los pagos de los intereses de sus papeles; sin embargo, ha hecho excepciones con algunos tenedores de bonos al cancelar los cupones de los títulos 2020 y 2022, los adquiridos por Goldman Sachs.
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Las expropiaciones realizadas en la etapa del boom petrolero comienzan a pesar.
En 2017, una corte de EE. UU. confirmó un fallo emitido por un órgano de arbitraje del Banco Mundial (BM) para que Venezuela indemnizara con 1400 millones de dólares a Crystallex por la expropiación, en 2008, de la mina Las Cristinas.
La orden se refería al conflicto entre Venezuela y Crystallex, que obtuvo en 2002 los permisos para la explotación de la mina de oro Las Cristinas, una de las más importantes de Latinoamérica.
En 2008, el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez negó a la empresa canadiense un permiso ambiental clave para iniciar sus labores de explotación y, acto seguido, anunció que la mina Las Cristinas pasaba a control estatal, aunque en 2012 concedió su explotación a una compañía china, según reseñó el diario El Nacional en su momento.
Ya en 2014 el Ciadi falló en contra de Venezuela y ordenó pagar más de 700 millones de dólares a la minera Gold Reserve por la nacionalización de proyecto Brisas y Chocó 5.
Venezuela enfrenta más de 20 arbitrajes en diferentes tribunales tras la nacionalización de empresas que el expresidente Hugo Chávez impulsó a partir de 2007 a fin de aumentar el peso del Estado en distintas áreas de la economía como petróleo, alimentos y manufactura.
Foto: Archivo
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