La decisión del abogado Juan Alberto Castro, juez 10 de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de Caracas, se produce luego de los pronunciamientos realizados por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; y varios exministros chavistas contra los dictámenes del TSJ.

Caracas. Las denuncias de la oposición en relación a que el Golpe de Estado que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le propinó a la Asamblea Nacional sigue —pesar de las dos sentencias que hace una semana dictó y en las que aseguró que anulaba aquellas con las que despojó al organismo de las pocas competencias que le restaban y a los diputados de su inmunidad—; recibieron un balón de oxígeno desde el propio Poder Judicial.

El abogado Juan Alberto Castro, titular del Tribunal 10 de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de Caracas, afirmó que las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional evidencian una “intolerable (…) violación del orden constitucional” y “un claro atentado contra la democracia y el Estado de Derecho”; y en protesta contra las mismas renunció a su cargo.

“Como juez titular [ganador del cargo por virtud de haber superado un concurso público de oposición] no puedo ser indiferente ante la descomposición del sistema de justicia de Venezuela y, por ello, me veo en la obligación de apartarme del mundo judicial para salir a un escenario mucho más amplio, el político y ciudadano, deslastrado y liberado de las ataduras legales que supone el ejercicio de la magistratura, con la finalidad de coadyuvar desde donde me encuentre en la construcción de una Venezuela decente y de un Poder Judicial honesto”, se lee en la misiva que el ahora exfuncionario le envió el pasado 6 de abril de 2017 al juez rector de la capital, Juan Pablo Torres Delgado, anunciándole su dimisión.

En el texto, de tres páginas, Torres afirma que no solo los fallos 155 y 156 violan el orden constitucional, tal y como lo afirmó el pasado 31 de marzo la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, sino también “todas las sentencias que el TSJ en sala Constitucional y Electoral, ha proferido para desconocer abiertamente la voluntad popular expresada claramente en las urnas electorales el día 6 de diciembre de 2015” y afirmó que con ello el Poder Judicial se “ha convertido en un instrumento al servicio del Poder Ejecutivo”.

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Saludan el paso

El pronunciamiento del exjuez fue saludado por la expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa Gómez, para quien “todo gesto que revele que no hay democracia en Venezuela y el Estado de Derecho ya no existe suma y es bienvenido, más allá de las actuaciones que hayan tenido en el pasado quienes los emiten”.

La magistrada emérita no descartó que la presión popular y el malestar que las actuaciones de la Sala Constitucional han generado fuercen a otros jueces e incluso a magistrados del propio TSJ a desmarcarse o al menos aclarar que ellos no tuvieron nada que ver con ellas.

Otros gestos

La renuncia del juez se produce luego de que la fiscal General criticara públicamente los dictámenes que en la práctica liquidaban a la AN y a que tres exministros del fallecido Hugo Chávez afirmaran que la crisis no se ha resuelto.

“El hilo constitucional continúa roto”, afirmaron Héctor Navarro, Oly Millán y Gustavo Márquez, quienes ocuparon distintas carteras durante los gobiernos del fallecido mandatario y para los cuales las aclaratorias que emitió la Sala Constitucional son insuficientes.

“El problema sigue, porque se mantiene el desconocimiento de la Asamblea Nacional y eso crea un estado de cosas que no está reflejado en la Constitución”, explicó Millán, quien ocupó la cartera de Economía Popular y quien recordó que el Legislativo sigue sin poder ejercer buena parte de las potestades que le otorga la Constitucional, entre las cuales mencionó la revisión y aprobación de los contratos con empresas extranjeras.

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Foto referencial: Archivo Crónica.Uno


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