La decisión de mantener preso al director del Seguimiento de la Presidencia de la Asamblea Nacional, Alejandro Puglia; y la citación al alcalde de El Hatillo, David Smolansky, son dos ejemplos de una tendencia peligrosa.
Caracas. Pese a que la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establecen que el Ministerio Público (MP) es el encargado de “ejercer en nombre del Estado la acción penal” y de “ordenar y dirigir la investigación (…) de los hechos punibles para hacer constar (…) la responsabilidad de los autores y demás participantes”. En las últimas semanas, los jueces y un par de cuerpos policiales asumieron sin empacho algunas de las funciones del despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz.
El último ejemplo ocurrió ayer, cuando el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), envió una citación al alcalde de El Hatillo, David Smolasky, para entrevistarlo por una investigación que comenzó en su contra debido “a sus declaraciones sobre el lugar donde se encuentra detenido el dirigente opositor Yon Goicoechea”.
“Esto es una irregularidad. Los cuerpos policiales solo pueden actuar a petición de un fiscal, no pueden andar citando a ciudadanos por su cuenta y por eso fuimos al Ministerio Público para denunciar esta situación que, para nosotros, es una usurpación de funciones”, denunció el abogado del mandatario local, Juan Carlos Gutiérrez, en conversación telefónica con Crónica.Uno.
El artículo 111 del COPP establece claramente que al MP le corresponde “ordenar y supervisar las actuaciones de los órganos de policía de investigaciones en lo que se refiere a la adquisición y conservación de los elementos de convicción”, mientras que el artículo 114 agrega que ”corresponde a las autoridades de policía de investigaciones penales, la práctica de las diligencias conducentes a la determinación de los hechos punibles y a la identificación de sus autores o autoras y partícipes, bajo la dirección del Ministerio Público”.
Gutiérrez, quien fue Fiscal, justificó en estas disposiciones la negativa de Smolansky a comparecer ante el Sebin.
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Pero este no es el único caso, pues esta misma semana el Tribunal 37 de Control de Caracas decidió mantener detenido en El Helicoide a Alejandro Puglia, director de Seguimiento de la Presidencia de la Asamblea Nacional (AN), a pesar de que los fiscales decidieron no imputarle ningún delito. Puglia fue detenido el 1° de septiembre señalado de violar la prohibición de volar drones.
Este caso es muy similar al del jefe de Seguridad del Presidente de la Asamblea Nacional, comisario Coromoto Rodríguez, quien fuera aprehendido en mayo pasado bajo el señalamiento de planificar los hechos violentos ocurridos tras la marcha del 18 de ese mes en Caracas. Rodríguez sigue tras las rejas sin importar que el MP decidiera no acusarlo e incluso consideró ilegal su detención, porque no fue en flagrancia. La jueza María Magdalena Díaz hizo caso omiso de esta opinión.
“Estamos viviendo una situación completamente anormal, digna de una dictadura”, denunció la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Blanca Rosa Mármol de León, quien afirmó que “la Fiscalía está siendo ninguneada por los jueces y el Sebin, dos actores del sistema, lo cual es algo muy grave”.
La penalista aseveró que “los policías no pueden actuar por su cuenta, todas sus actuaciones deben contar con el visto bueno de un fiscal y si no hay imputación, el juez debe liberar a la persona, porque aquí estamos en un sistema acusatorio no inquisitivo, donde el juez investigaba”.
Foto: Cristian Hernández
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