La batalla por la publicación de la Ley del BCV

El presidente de la Comisión de Finanzas, Alfonso Marquina, denunció que en el TSJ no existe la solicitud de revisión que anunció el Gobierno.

Mayela Armas/@mayearmas

Caracas. El pasado 3 de marzo la Asamblea Nacional reformó la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV) para recuperar sus atribuciones en la designación o remoción del directorio del instituto emisor y evitar que el ente oculte información. Pero todavía el texto no se publica.

A los pocos días de su aprobación, la Ley fue remitida al Presidente Nicolás Maduro, quien tenía 10 días para promulgarla una vez que la tuviera en sus manos. En ese período el jefe de Estado podía aprobarla o solicitar su modificación o si consideraba que era inconstitucional remitirla al Tribunal Supremo de Justicia. Si no había un pronunciamiento en ese lapso, la AN publicaba el instrumento legal.

El plazo del mandatario venció el 18 de marzo, pero un día antes fue que mandó la Ley al TSJ para que determinara la constitucionalidad.

Este miércoles el presidente de la Comisión de Finanzas, Alfonso Marquina, informó que la solicitud del Ejecutivo nacional ante el máximo tribunal no existe.

Detalló que esta semana acudieron al TSJ para revisar el libro que registra los recursos y no había ninguno del Gobierno. También pidieron los libros de diarios de la sala constitucional, los cuales fueron negados. “O la solicitud no se hizo o se pretenden esconder los libros de diarios. Lo que deja en evidencia la opacidad del Tribunal”.

Marquina dijo que el lapso ya se venció y, por ello, la directiva de la AN ordenó la publicación de la Ley en la Gaceta Oficial y si la imprenta nacional no la divulga, “habrá acciones”.

En la reforma que aprobó Maduro en diciembre de 2015 se limitaron las funciones de los diputados. La AN no tenía potestad para designar a dos miembros del directorio, tampoco podía aprobar el nombramiento del presidente del BCV. La capacidad para remover a los directores por el incumplimiento de las metas también había sido restringida. Y adicionalmente, el marco legal le daba luz verde al Banco  Central para no divulgar información.

Todas esas disposiciones se cambiaron y se volvió a la Ley del 2014.