“Con la Constituyente ni se come, ni se cura la gente, ni se le da más seguridad”

A pocos días para la elección de la ANC convocada por el gobierno de Maduro, el abogado y profesor universitario, Carlos Ayala Corao, insiste en la importancia de desmontar el discurso oficialista y reparar en las consecuencias que el mecanismo electoral —inconsulto— traerá para el país.

Caracas. Para explicar su urgencia por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el Gobierno utiliza ideas sencillas, de fácil comprensión: herramienta para la paz, la fórmula para que el pueblo resuelva los problemas del pueblo, independencia, patria. Ese manejo lo tiene muy bien medido. Del otro lado, a la oposición —o a los críticos— suelen tocarle las aclaratorias complejas, desmontar el discurso oficialista punto por punto.

En el caso de la Constituyente no basta con decir que va en contra de la Constitución de la República. 

¿Cuál es la base legal de la ANC desde la óptica oficial? Está contenida, en primer lugar, en el decreto presidencial 2830, del 1° de mayo de 2017 en el que se cita el artículo 347 de la Constitución: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.

El abogado y profesor universitario Carlos Ayala Corao hace una precisión:

“La verdad es que la explicación que ellos han dado después —y que no está en el decreto— apunta al artículo 348, que es el relativo a la iniciativa para la convocatoria a una Constituyente. Ese artículo menciona al Presidente, a la Asamblea Nacional, a los Concejos Municipales y al 15 % de los electores. Con ese artículo, en el discurso y después con las sentencias de la Sala Constitucional —la del 12 de junio y la del 31 de mayo— han pretendido, en su lógica, igualar iniciativa con convocatoria. Según ellos, quien tiene la iniciativa también tiene el poder de convocar. Las dos sentencias de la Sala Constitucional y luego la resolución del CNE del 7 de junio, también lo interpretan así”.

¿Y está apegada a la norma esa interpretación?

—En la Constitución de 1999 está escrito que la soberanía reside en el pueblo. Lo dice el artículo 5. En un Estado democrático y constitucional la soberanía no reside en una persona, no reside en el rey, ni en los dioses, sino en el pueblo de manera intransferible. Y cuando vota la está ejerciendo para que alguien lo represente.

El Artículo 347 constitucional reitera que el titular del poder constituyente es el pueblo. ¿Qué es el poder constituyente? Es el poder creador de un Estado y de una Constitución. La decisión de ir a un proceso constituyente solo la puede tomar el pueblo. No se le puede imponer. Se le puede preguntar si quiere ir o no quiere ir. La iniciativa es para preguntarle al pueblo, pero quien decide es el pueblo.

Y en este caso no se le preguntó nada…

—En este caso, el decreto 2830 en su artículo 1 tiene al Presidente hablando en primera persona: “Convoco a una Asamblea Nacional Constituyente”. Él tomó la decisión usurpando la soberanía popular. Lo primero que el Presidente ha debido hacer es convocar a un referendo para que el pueblo responda si acepta ir a una ANC. Pero esa no es la única decisión que debe tomar el pueblo, también debe decidir sobre qué bases, cómo va a estar integrada, cómo se va a elegir, cuánto tiempo va a durar, cuáles son los principios, los fines, cuál es el mandato que le da el pueblo a la ANC. Esto es lo que se ha llamado las bases comiciales.

En las que el pueblo tampoco ha tenido participación…

—Estas bases comiciales fueron decididas de manera unilateral por el Presidente Maduro y adoptadas con poquísimas modificaciones por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Estas bases comiciales impuestas implican que de 545 constituyentes, 173 van a ser electos dentro de lo que se llama el ámbito sectorial. El primer problema con esto es que son ámbitos sectoriales escogidos arbitrariamente. Uno podría preguntarse por qué esos y no otros. O dónde está el ámbito sectorial de profesores universitarios, o el de las amas de casa o por qué no está el de los profesionales liberales…

¿Se aseguraron de que se tratara de ámbitos sectoriales cercanos al Gobierno?

—Esa es la consecuencia. ¿Dónde están los gremios profesionales, los académicos, la tercera edad? Son sectores escogidos de forma arbitraria. Yo, por ejemplo, que soy profesional y docente universitario no estoy en ningún sector, resulta que estoy discriminado como muchos otros venezolanos. Esto viola el principio de igualdad del sufragio. Pero además hay circuitos que tienen más representantes que otros y no se sabe por qué.

El mismo criterio de arbitrariedad que se utilizó para decidir que tener la iniciativa también implica convocar se aplicó a las bases comiciales…

—Exacto. Y en las bases comiciales hay que analizar el segundo tipo, la territorial.

La democracia significa el voto universal y los representantes deben ser representantes de toda la nación, no de los intereses de sectores. Esto de ahora lo que implica es un fraccionamiento del voto para la representación de sectores cosa que, dicho sea de paso, era el sueño de Benito Mussolini: el Estado corporativo fascista.

Recordemos que se va a elegir a un constituyente por cada uno de los municipios del país y dos por cada uno de los municipios capitales. Esto genera una distorsión. Y con estas bases no se va a representar a los electores, ni siquiera a la población, sino que se va a representar a entidades jurídicas como son los municipios.

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¿Habrá estados sobrerrepresentados a conveniencia?

—Veamos un ejemplo. Falcón tiene 25 municipios. Eso implica que allí se elegirán 26 constituyentes. Esto significa que del total de los 364 diputados territoriales, Falcón tiene más del 7 %. Pero por su población oficial debería tener 2,5 % de los diputados. Eso se puede contrastar con un estado vecino, Lara. En Lara hay 14 municipios, por lo cual elegirá 15 constituyentes, lo que significa que va a elegir 4,12 % de los constituyentes territoriales; pero con base en su población de 2 millones 219.000 habitantes, le correspondería elegir 6,35 %.

El propio Maduro hizo recientemente una pequeña crítica sobre esto…

—Es que esto es insostenible. En Caracas la distorsión es mayor. En el Distrito Capital las bases de Maduro asignan 7 diputados constituyentes, es decir, 1,92 % de los constituyentes territoriales. Pero por su población, de 3 millones 137.000, le correspondería 9 %. Cada uno de los 7 constituyentes le “cuesta” al Distrito Capital 237.000 electores. A Lara le cuesta cada uno 84.000. Mientras que a Falcón le cuesta apenas 25.600. A nivel nacional se ven favorecidos los estados rurales y selváticos como Amazonas, Delta Amacuro, Portuguesa; y se ven desfavorecidos los estados más urbanos como Carabobo, Zulia y Lara. Esto es un absurdo en una democracia moderna.

Existe la percepción de que la ANC le servirá al gobierno de Maduro para atornillarse y concentrar más poder. ¿De qué manera específica le sirve la ANC para este propósito?

—No diría atornillarse, pero sí para pretender prolongarse en el poder. A diferencia de la Constituyente de 1999, esta no tiene plazo de duración. Podría alargarse en el tiempo. Segundo, al concentrar todos los poderes será Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Defensoría, Ministerio Público, Contraloría. Conforme nos han anunciado, serán muy importantes lo que ellos llaman los actos y decretos constituyentes. Podrán entonces disolver temporalmente a las gobernaciones y alcaldías y ya no tendrán que convocar a elecciones. Podrán disolver a la AN.

Y digo podrán a pesar de que todos esos actos son inconstitucionales y contrarios a los principios universales del derecho constitucional y de los Derechos Humanos. Por eso es que es peligrosa una Constituyente en estas condiciones, porque es una Constituyente del oficialismo, por el oficialismo y para el oficialismo.

Es una Constituyente para gobernar, ¿no debería ser para escribir una nueva Constitución?

—Es cuestionable una Constituyente que se dedique a gobernar. La nueva Constitución será en la práctica la ANC porque, según se nos ha anunciado, derogará a la de 1999 antes de dictar una nueva; va a crear órganos, a disolver, y eso es contrario a la Carta Magna del 99 y a toda la teoría democrática moderna.

¿Y en qué se basa ese poder de los actos constituyentes? ¿Cómo la ANC se convierte en un gobierno?

—Por vía de una interpretación arbitraria que desgraciadamente también tiene sus antecedentes en algunos actos que dictó la Constituyente en 1999. Se trata de una vieja teoría del siglo XIX y del XX, que dice que por ser la constituyente una especie de representación de la soberanía popular entonces tiene unos poderes absolutos. Pero, poderes absolutos en el mundo democrático no los tiene nadie. Los poderes absolutos están limitados por la Constitución y por los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

La concentración de poder es contraria a la democracia, a la República. De tal manera que esa concentración de poderes será un régimen del terror y la arbitrariedad, porque será como una especie de rey sin corona que ya no tendrá límites.

Sería también un gobierno por encima del propio Presidente Maduro…

—Así es. De hecho, tal como a Chávez en su momento, al Presidente Maduro le interesa mucho controlar a esa Constituyente porque tendrá que poner el cargo a la orden, conforme lo han anunciado, y lo ratificarán.

La pregunta es: ¿lo ratificarán hasta cuándo? ¿Eso quiere decir que no habrá elecciones presidenciales en el 2018? ¿Se prorroga su mandato mientras exista la ANC? ¿O quiere decir que ya las elecciones no serán como las conocemos hasta ahora sino que serán por sectores o por otros mecanismos indirectos?

Ahí también está el tema de una nueva Constitución socialista comunal que se nos ha anunciado y de la cual podemos ver parte de ella en lo que fue la reforma que resultó derrotada en 2007 y en la que se sustituía a un Estado de derecho social y de justicia por otro social y comunal. Lo que se ha anunciado es peor, si tomamos en cuenta todo lo que sería la regulación de la actividad privada, la educación y hasta el régimen de Petróleos de Venezuela. De tal manera que creo que con la Constituyente lo que se está anunciando es un régimen del terror, una especie de Estado socialista, comunista, anarquista, totalmente alejado de las tradiciones democráticas y republicanas.

Casi todas las propuestas que se escuchan para la Constituyente se trata de cosas que se pueden resolver en otras instancias, de otras maneras…

—El problema de la comida, de las medicinas, de la inseguridad, de la inflación, son problemas de políticas públicas que con la Constitución actual podrían adoptarse las medidas para resolverlos. Hasta ahora el Presidente ha contado con poderes casi absolutos, entre el estado de emergencia —inconstitucionalmente dictado y prorrogado—, las leyes y las sentencias del TSJ.

El Presidente no tiene límite alguno para ejercer sus funciones y, sin embargo, las ha ejercido deteriorando la economía y los servicios públicos día a día. Con la Constituyente ni se come, ni se cura la gente, ni se le da más seguridad, ni se controla la inflación.

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Los aspirantes a la ANC hablan de cosas muy del día a día, desde llevar gas a los barrios hasta reivindicaciones de género, etcétera. ¿Esta gente de verdad entiende lo que es una Constituyente?

—Creo que sí lo saben y hacen esa oferta engañosa como si la Constituyente fuese una vara mágica para solucionar los problemas de políticas públicas. Se pretende simplemente llevarnos a una dictadura comunista de mano de esa Constituyente.

Si la Asamblea Constituyente nace violando a la propia Constitución, ¿son nulas sus decisiones de cara a una revisión futura?

—Desde el punto de vista jurídico sí. La nulidad constitucional es lo que en derecho llamamos nulidad absoluta desde el principio, desde el inicio. Pero más allá del tema jurídico creo que hay que subrayar la irresponsabilidad histórica que supone de parte del Presidente y del tren del alto gobierno de llevar al país a esta calle sin salida de una Constituyente del partido PSUV, por el partido y para el partido PSUV.

Las constituciones deben ser producto de consenso, de pluralismo y de tolerancia, porque las constituciones son tratados de paz, no declaraciones de guerra. Las constituciones deben ser un marco de principios fundamentales, de límites y de obligaciones donde estén las distintas tendencias democráticas. No se puede pretender imponer a la mayoría del país la constitución de una minoría. Con ello se está jugando a la violencia. Es irresponsable hablar de Constituyente para la paz porque con esta Constituyente lo que están es jugando a la guerra, provocando una violencia cuando el país lo que necesita es encontrarse, entenderse y hablarse respetando los valores de la democracia y los Derechos Humanos.

Una vez hecha la elección del 30 de julio, ¿cómo se instala la ANC? ¿Funcionará en paralelo con el Parlamento, ocuparán su sede?

—El decreto sobre las bases establece que la ANC se instalará dentro de las 72 horas siguientes a la proclamación de los electos y tendrá como sede el Salón Elíptico del Palacio Nacional. Ese es el salón donde reposa el arca del acta de Independencia. Imaginemos nada más a estas 545 personas entrando en la misma sede del legislativo, acompañados de los colectivos armados, y con una Asamblea Nacional funcionando en el mismo espacio. Por eso es que digo que esto no está pensado con un ánimo de encuentro y de diálogo sino de exclusión y de abolición. Habrá problemas desde el primer día y seguramente pretenderán disolver a la Asamblea Nacional desde el principio.

¿Sobre quiénes recaerá la responsabilidad por violar la Constitución y tomar decisiones desde una estructura ilegal como esa?

—Sobre quienes son responsables conforme al Artículo 25 de la Constitución: las personas que ordenen y ejecuten estos actos.

Foto: Luis Calors Díaz