La minería compite con las escuelas en el sur del país

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Aunque difícil de admitir, Cecodap asegura que la peor secuela del Arco Minero del Orinoco, declarado como Zona de Desarrollo Estratégico en 2016, es social. El balance en las aulas confirma el drama de una región movida por la fiebre del oro: la deserción en las escuelas supera 50 %. Es un hecho, los alumnos, cuyas familia están en constante movimiento, dejan los salones para dedicarse a actividades distintas a las académicas.

Caracas. En el sur del país, los caminos baldíos, de tierra amarilla y de vegetación árida son la ruta más expresa a la riqueza: la minería. En El Callao, donde las bateas de escurrir el oro sirven de sombrero y herramienta de extracción, 45 % de los trabajadores de las minas son niños y adolescentes, según Cecodap. En esa población de Bolívar, de más de 20.000 habitantes, las bullas, que son los yacimientos recién excavados, le ganan el pulso a las escuelas. Allí el oro es percibido como el futuro y tiene la mayor matrícula. En la Venezuela en crisis, las minas de rutas estériles son la asignatura más cursada. Solo en esa entidad, se estima que 200.000 personas se han desplazado por cuenta propia para vincularse a la actividad minera, incluidos los niños y sus maestros.

Los pequeños dejados en manos de los abuelos, sentenciados por el paludismo y la violencia entre bandas armadas, son los protagonistas de aquel retrato siniestro: necesidad. En medio de la aparente riqueza, se dibuja un camino profuso de pobreza. Aunque difícil de admitir, Cecodap asegura que la peor secuela del Arco Minero del Orinoco, asumido como Zona de Desarrollo Estratégico en 2016, es social. El balance en las aulas confirma el drama de una región movida por la fiebre del oro: la deserción en las escuelas locales supera 50 %.

Es un hecho, los alumnos, cuyas familia están en constante movimiento, dejan los salones para dedicarse a actividades distintas a las académicas. Aunque de tradición aurífera, la ilegalidad y la perversión dominan hoy el negocio y la comercialización en Bolívar.

 45 % de los trabajadores de las minas son niños y adolescentes, según Cecodap. Foto: Archivo

En algunos casos los miembros de las familias, dice Cecodap, llevan una vida nómada, forajida, empujada por la ambición del oro. «En la comunidad de Brisas del Sol, en San Félix, 90 % de las niñas son abusadas sexualmente«, dice la organización. Y los adolescentes tienen una participación más activa en la minería, una actividad mayormente itinerante, que es foco de violencia y de enfermedades. En su informe «Peligros y Vulneraciones de DD. HH. de NNA en la Frontera y Actividades Mineras», Cecodap asegura que los casos de paludismo en esa zona han aumentado en 87 %, lo que ubica a Venezuela en el primer lugar de incidencia, con 53 % de los casos de malaria registrados en Latinoamérica.

El Arco Minero del Orinoco abarca un área de 111.843,70 km², lo que es igual a decir 12,2 % del territorio venezolano, y duplicando a la faja petrolífera del Orinoco. Ubicado al sur del río Orinoco, en el estado Bolívar, concentra las riquezas minerales más grandes de la nación: oro, diamante y coltán, por mencionar algunas.

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En el reporte presentado a propósito de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se celebra este lunes en todo el mundo, defensores de la población infantil ponen sobre la mesa un factor que despunta: la desnutrición infantil como causa de deserción. En Uyapar, en la región de Guayana, cada día mueren cuatro niños por cuadros asociados a la desnutrición, cita el documento. En algunos casos, las escuelas precisan del apoyo de «pranes» y sindicatos para mantener su infraestructura y el Estado abandona sus espacios; que luego son ocupados por grupos irregulares. Con toda esa situación, es fácil evocar el Estado fallido, un gobierno estéril, incapaz de garantizar los servicios básicos.

Hay quienes hablan incluso de la «minerización» de la sociedad, un fenómeno que ha servido para exportar la violencia. De acuerdo con estimaciones realizadas por Datanálisis en noviembre de 2018, la migración venezolana se calcula en 4.225.517 personas, una cifra gruesa, que rinde cuenta sobre la migración de 13,5 % de la población en los últimos cinco años. Solo este año la diáspora se incrementó en 47,6 %, estima Datanálisis. Colombia, Perú, Chile y Ecuador son los principales destinos de quienes huyen de la crisis. Lo descrito no es un diagnóstico aislado. Cecodap advierte que 1 de cada 4 niños está separado de sus padres. En la mitad de los casos de niños dejados, los abuelos fungen de cuidadores.

«50 % de los cuidadores que quedan con los niños no han realizado ningún trámite. Poderes notariados, autorizaciones de viajes y autorizaciones privadas son empleadas de manera inadecuada», advierte Cecodap. Aun cuando los menores dejados no presentan cambios emocionales visibles, en no pocos casos, pierden el interés por los estudios.

En 89 % de los casos, los representantes usan el servicio de mensajería instantánea de WhatsApp para comunicarse con los pequeños. Pero resulta insuficiente. El mayor riesgo lo supone la opacidad del Estado frente a un fenómeno que se profundiza. 91 % de los niños que son dejados atrás,  recoge el informe «Peligros y Vulneraciones de DDHH de NNA en la Frontera y Actividades Mineras», no recibe atención psicológica para manejar las secuelas de la partida de sus padres.

El cuadro es apenas una página del capítulo de emergencia humanitaria compleja que asedia el país desde 2016. La cifras más trágicas de la crisis hablan de 1134 homicidios de niños y adolescentes en 2017. Cada 8 horas es asesinado un menor en el país. Un hecho que también enciende las alarmas y que se consume el bono demográfico, la población más productiva en edad de trabajar, es la embestida contra los adolescentes entre 15 y 17 años, en cuyo grupo etario la tasa de homicidios se ubica en 99,7 por cada 100.000 habitantes.

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La predilección de los jóvenes por el efectivo y los bienes básicos los obliga a incursionar muchas veces en actividades ilícitas. En el sur, son mensajero y miembros de bandas. La fuerza gravitacional de la minería arrastra a los más desprotegidos, quienes son capitalizados por los grupos armados que ofrecen la ilusión de orden. Entre las recomendaciones de Cecodap, destacan propuestas como programas de asistencia y protección a las familias más pobres, para superar los factores de riesgo frente a la violencia, la migración forzada o la vinculación con actividades mineras o conexas.

«Urge desarrollar acciones sostenidas y especializadas para la atención en salud mental y acompañamiento psicosocial a los niños y sus hogares afectados». Solo en el sur, por lo menos 300 comunidades indígenas se han visto afectadas, concluye la organización.


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