De acuerdo con el informe de Provea, en la sección “Derecho de los pueblos indígenas”, en mayo de 2017 se registraron 20 muertes por falta de atención y medicamentos para el VIH.

Caracas. Waraos mendigan, deambulan y duermen por las calles de Boa Vista, en Brasil. Al menos 450 de ellos fueron detenidos el 12 de diciembre de 2017 por la Policía Federal de Roraima y luego entregados a las autoridades de migración en Santa Elena de Uairén, en Venezuela.

Así lo reseñó el informe de “Situación de los Derechos Humanos en Venezuela 2017” en su sección “Derecho a los Pueblos Indígenas” realizado por Provea y presentado el pasado 13 de junio, en el cual además señaló que entre 2014 y 2016 se han registrado 532 deportaciones desde tierras brasileñas.

El tema ha llegado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual emitió en un comunicado en enero de 2017 que “un gran número de venezolanos se han visto forzados a migrar a otros países de la región como mecanismo de supervivencia, como consecuencia de la situación humanitaria, en particular de los efectos que vienen ocasionando la escasez de alimentos, medicamentos y tratamientos médicos”.

La situación de salud en la región del Delta se ha escrito en tinta roja, pues para mayo de 2017, en San Francisco de Guayo se registraron 20 muertes a consecuencia de la falta de atención y medicamentos para el VIH-Sida, una situación que no da signos de mejoras. Para enero de ese mismo año se había reportado extraoficialmente la muerte de 37 indígenas productos de diferentes patologías en el hospital San Francisco de Guayo.

Esta realidad ha llevado a que el pueblo indígena busque sobrevivir fuera de sus tierras ancestrales, lo que ha generado problemas de logísticas en Brasil, por lo que la Procuraduría General del país emitió una alerta en septiembre de 2017 para estar preparados a ofrecer ayuda humanitaria a unos 2000 indígenas waraos venezolanos que se esperaba llegaran a la ciudad de Belén.

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Según el documento de Provea, los waraos migrantes viven de la venta de mercadería o de mendigar dinero en las calles, incluyendo niños. Para abril de 2017, en el refugio temporal de Boa Vista había 193 personas registradas, 136 eran indígenas.

El hambre es otra de las razones por la que salen del país. La desnutrición es una marca que llevan a la nación vecina, con un registro de 6 casos para febrero de 2017, cifras reportadas por el Comité de Derechos Humanos de la Guajira, que en 2016 registró 12 casos.

Para tener acceso a los alimentos, el pueblo indígena depende de la entrega de las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), cuya distribución es intermitente y, según el informe, viene acompañada de proselitismo y coacción: según denuncias recogidas por Provea, la presión ejercida desde las instituciones del Estado genera miedo sobre los sectores vulnerables ante la posible pérdida de acceso a alimentos y salud.

Foto referencial: Miguel González



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