Las FAES se alzó como nuevo órgano represor y de amedrentamiento en las acciones de calle. Expertos explican que este grupo élite, creado por Nicolás Maduro hace dos años, no es responsable de la gestión del orden público. “Estamos, entonces, ante un gobierno usurpador que está enfrentando la protesta ciudadana con una clara intención de causar daño”, dijo el asesor de Provea, Marino Alvarado.
Caracas. Los patrones represivos de los cuerpos de seguridad del Estado no solo se mantienen, sino que han ido escalando en cuanto sus niveles de violencia y tiempo de acción, así lo aseveran expertos. En tan solo tres días, entre el 22 y 25 de enero de 2019, 35 venezolanos perdieron su vida en contexto de protestas a manos de las fuerzas públicas, de acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y Provea.
“Desde un principio la respuesta del Gobierno ha sido represiva y violadora de Derechos Humanos. Estos oficiales no han tenido la intención de mediar de manera pacífica con los manifestantes. Todo lo contrario, llegan a las manifestaciones empleando fuerza mortal hacia las comunidades de los sectores populares que han sido las protagonistas de esta jornada de protestas”, dijo el director del OVCS, Marco Ponce.
La fuerza mortal de la que habla Ponce en estos primeros días de protestas, en definitiva, ha sido mayor si se compara con las otras jornadas de acciones de calle que han ocurrido en el país en contra de Nicolás Maduro.
En el 2017, cuando los ciudadanos se mantuvieron más de cuatro meses en protestas pacíficas, no hubo ningún asesinato en los primeros cinco días. La primera víctima para ese entonces fue Jairo Ortiz, quien murió el 6 de abril en San Antonio de los Altos a manos de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Por otro lado, en el 2014, fueron tres los asesinatos que ocurrieron en el primer día de este movimiento de calle denominado La Salida. Las víctimas: Bassil Da Costa, Roberto Redman y Juan Carlos Montoya murieron el 12 de febrero de ese año. La cuarta víctima, José Ernesto Méndez, murió al sexto día de manifestación.
El artículo 68 de la Constitución prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. Además, establece que los “ciudadanos tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas”. Por otro lado, los artículos 43, 44 y 46 de la Carta Magna subrayan que el derecho a la vida es inviolable, así como también la libertad personal y la integridad física, psíquica y moral.
“La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”, estipula el artículo 68. No obstante, el excoordinador y ahora asesor de Provea, Marino Alvarado, alerta y apunta sobre la “gravedad” del silencio absoluto de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía sobre los asesinatos de los últimos tres días.
Se debe recordar que quienes ocupan este cargo actualmente fueron impuestos por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Su silencio demuestra la impunidad del país. Estos órganos terminan siendo cómplices de estas actuaciones arbitrarias”.
Más de 200 protestas se han registrado en cuatro días, entre el 21 y 24 de enero, en la Gran Caracas. La mayoría ha sido en sectores populares de la capital, cuyas comunidades ya venían manifestando desde hace un año. De hecho, de acuerdo con el OVCS, en el 2018 se marcó un récord de protestas en el país con 12.715, solo que los motivos han cambiado.
“La demanda de las comunidades es distinta, por eso la respuesta del Estado ha sido distinta. En este caso, represiva. Esa ola de protesta que veíamos desde el año pasado, ya no es exclusivamente por sus derechos sociales, ya tienen un tilde político”, agregó Ponce.
La primera protesta de esta jornada fue en Cotiza el pasado lunes 21 de enero de 2019. Los manifestantes, además de respaldar a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que se sublevaron y atrincheraron en uno de sus comandos en esta zona, gritaban: “No queremos bono, no queremos Clap, queremos que se vaya Nicolás”.
“Estos sectores se empiezan a convencer de que su calidad de vida no va a mejorar mientras Maduro continúe usurpando el poder”, detalló Alvarado.
Las FAES como nuevo órgano represor y de amedrentamiento
La mayoría de las protestas en estos sectores populares en los últimos cuatro días se han realizado en horas de la noche. Los vecinos de distintas comunidades consultados por Crónica.Uno arrojaron como primer motivo que es por “seguridad para el resguardo de su identidad”. Pero, al salir sol, aunque muchos fueron dispersados y reprimidos por la GNB, llegan hasta las comunidades efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) —cuerpo adscrito a la PNB— como órgano de amedrentamiento y represor.
Tanto Ponce como Alvarado explican que este grupo élite, creado por Maduro hace dos años, no es responsable de la gestión del orden público. Su misión, como lo dice su nombre, es para acciones especiales ante personas o situaciones que atenten contra la seguridad de la nación. Sin embargo, en los últimos meses, este órgano ha sido calificado como violador de Derechos Humanos por distintas organizaciones debido a su responsabilidad por numerosas ejecuciones extrajudiciales.
Por su funcionamiento y prontuario hemos observado que sus actuaciones son de alta letalidad. Tienen una reiterada práctica de realizar ejecuciones. Estamos, entonces, ante un gobierno usurpador que está enfrentando la protesta ciudadana con una clara intención de causar daño”, dijo Alvarado.
Catia, Petare y La Vega han sido tres zonas en las que este cuerpo ha aparecido en tempranas horas de la mañana para allanar hogares, detener ciudadanos y hasta asesinar a vecinos de la comunidad.
Frank Correa, mecánico de 25 años y padre de dos niños fue una víctima de las FAES en Hornos de Cal, en la tarde del 23 de enero. Por otro lado, luego de los saqueos de La Vega —donde murieron al menos dos personas, Kevin Antonio Cárdenas, de 22 años y Luis Alberto Martínez de 32 años— efectivos de las FAES llegaron hasta la parte baja de este sector la tarde del 24 enero y a la parte alta la mañana del 25 para detener a los supuestos responsables sin órdenes de detención ni allanamiento.
Los vecinos del barrio José Félix Ribas, en Petare, también denunciaron amenazas de este organismo. Allanaron distintas casas entre el bloque 6 y 10, luego de que la comunidad protestara la noche del 23 de enero. Génesis, vecina del sector, denunció que lo único que se escuchaba era “bala tras bala”. De hecho, una de esas atravesó la ventana de su casa. Ella y su madre temen por su seguridad en las próximas noches. También desconocen el número de heridos o detenidos por parte de las FAES en este lugar. “Solo dicen que van a buscar a los malandros”, cuenta.
Encapuchados, con armas largas y derribando puertas es la forma en la que aparecen estos funcionarios en los hogares. “Es una actuación delictiva, al margen de la ley y con un notorio uso desproporcionado de la fuerza”, concluyó Alvarado.
Los asesinatos de las 29 personas durante las manifestaciones de 2019 eleva a 240 el total de fallecidos en acciones de calle bajo el mandato de Nicolás Maduro.
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