Laura Roldán, coordinadora de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, sostuvo que los allanamientos deben realizarse con órdenes legales, y que se debe resguardar la vida de terceros.
Caracas. “Forzaron la puerta y entraron a la fuerza a nuestro cuarto. Nos sacaron casi desnudas”, contó una de las vecinas de Edwin Omar Sulbarán Molinares, el joven invidente asesinado el lunes 25 de julio en el barrio Bicentenario de Carapita.
Los inquilinos del segundo piso de la vivienda, propiedad de los padres de Edwin, denunciaron que cuando los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) subdelegación Caricuao, irrumpieron en sus habitaciones, robaron dinero en efectivo, perfumes y electrodomésticos.
Desalojaron a todos de la casa y solo dejaron a Edwin, quien gritaba preguntando qué pasaba. “Yo oí que él decía: ¿qué pasa? Soy ciego, llamen a mi mamá que está abajo. Pero un policía le respondió: para joder no eres ciego”, soltó una testigo.
Una de las hermanas menores de la víctima, de 13 años, sostuvo que le pidió a los efectivos del Cicpc una orden para poder ingresar a su casa, pero ellos les respondieron: “Según el artículo 666 podemos entrar a viviendas donde haya bandas delictivas”.
Laura Roldán, abogada y coordinadora general de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, explicó que estas acciones se han convertido en un patrón del cuerpo de seguridad en varios sectores.
“Llegan muy temprano al sector, entran a la vivienda, sacan a los familiares, cierran las puertas, ajustician a la persona y después dicen que fue enfrentamiento, luego roban pertenencias”.
Añadió que no está dentro de sus funciones participar en este tipo de operativos, pues para eso están otros cuerpos como la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Pueden hacerlo si los comisiona el Ministerio Público (MP).
“El Cicpc no está en sus labores, a menos que sea una labor de inteligencia, porque entonces ¿quién le dio la orden para allanar la casa? En los procedimientos limpios debe haber vecinos de testigo, al menos dos”.
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La abogada detalló que hay excepciones, como cuando se registra la persecución de un presunto delincuente, en ese caso la comisión debe resguardar la vida de terceros.
“En el Manual del Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial están los pasos que deben seguir los funcionarios en una situación crítica, hasta llegar a sacar el arma de reglamento cuando hay peligro y para disparar debe haber una negociación. Hay muchas formas de proceder”.
A Edwin le dieron un disparo en el pecho y según su mamá, Paola Molinares, los vecinos observaron cómo los funcionarios colocaron casquillos de bala en el suelo y dispararon desde la parte de adentro de la casa para simular un enfrentamiento.
“Él tenía cinco años ciego, es imposible que se hubiese enfrentado con los funcionarios. Un disparo de escopeta le vació el ojo y por el otro solo veía sombras”, dijo la madre.
El joven de 22 años vivía en el segundo piso de la vivienda, con su pareja y dos hijos menores de edad. Por su discapacidad no trabajaba.
El director del Cicpc, comisario Douglas Rico, informó a través de su cuenta en Twitter (dos días después de su muerte), que Sulbarán presentaba tres solicitudes —entre ellas una por homicidio— y que era apodado “Chicho el virolo”.
9. Quien presenta 3 SOLICITUDES. 1) Tribunal 4to de Ejecución, del año 2015, por el delito de Rebeldía.
— Douglas Rico (@DouglasRicoVzla) 28 de julio de 2016
10. 2) Tribunal 42 de Control del AMC, del año 2014, por el delito de Homicidio.
— Douglas Rico (@DouglasRicoVzla) 28 de julio de 2016
11. 3) Tribunal 6to de Control del AMC.
— Douglas Rico (@DouglasRicoVzla) 28 de julio de 2016
La coordinadora de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz aclaró que hay protocolos para situaciones extremas de persecución y que en esos casos, si se está ante un presunto antisocial, el mismo debe ser detenido y no asesinado.
“Si es un presunto delincuente lo legal es que lo identifiquen, lo mantenga inmóvil, lo detengan y lo pongan a la orden del Ministerio Público. Si se presenta un caso de extrema violencia ellos deben tomar acciones, pero la ley dice que debe ser causando el menor daño posible”.
Hasta julio de este año, la Red recibió 31 denuncias de excesos que incluyen ajusticiamientos, maltrato o tortura, amenazas u hostigamiento, e inviolabilidad al hogar.
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Familiares denunciaron
Omar Sulbarán, padre de Edwin, dijo que el pasado lunes introdujeron la denuncia ante el Ministerio Publico y este martes fueron a hacer una inspección en la vivienda.
Esta semana serán citados los testigos, y los familiares propusieron a los doctores de Edwin para corroborar que él sí estaba discapacitado visualmente.
Además desmintió la información dada por el comisario del Cicpc, ya que alegó que las fechas de las solicitudes coinciden con el tiempo en el cual Edwin ya había perdido la visión.
“Cuando era muchachito se la pasaba con un grupo que andaba en malos pasos y estuvo detenido como un mes, por un problema que hubo y los acusaron a todos. Pero después acusaron a otro muchacho de homicidio y él salió. En los expedientes lo están poniendo como lo peor, confío en que todo se va a aclarar”, expresó Omar.
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La abogada Laura Roldán enfatizó que el MP debe aceptar la denuncia realizada por los familiares sobre estos excesos y colaborar en la investigación. El cuerpo involucrado en la acusación no puede intervenir en las averiguaciones.
“Independientemente de que sea delincuente, matarlo no es el procedimiento. La pena de muerte no existe en Venezuela. Hay que trabajar duro con la formación de estos servidores públicos desde que van a poner la denuncia, porque las personas son criminalizadas y los tratan mal”, sentenció.
Fotos: Miguel González
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