El ente rector del balompié nacional dejó en manos de árbitros y delegados la decisión de realizar los partidos. En San Cristóbal hubo incidentes luego del clásico.
Caracas. La avenida Páez de El Paraíso fue foco de protestas y enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos de seguridad durante casi toda la semana. En la zona se encuentra ubicado el estadio Brígido Iriarte, donde el domingo se jugó el encuentro entre Atlético Venezuela y Mineros de Guayana por la fecha 12 del torneo Apertura, que tuvo como plato fuerte la disputa del clásico entre Deportivo Táchira y Caracas FC en San Cristóbal, otra ciudad donde los reclamos y movilizaciones han ido subiendo de tono con el paso de los días.
Ante la tensión que se vive en la capital y el interior del país, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) divulgó el viernes por la noche la Resolución 004/2017 que deja en manos de los árbitros y delegados la potestad de realizar, suspender o aplazar la disputa de los encuentros de Primera, Segunda y Tercera División “cuando haya incomparecencia de la fuerza policial en número y cantidad requerida y se considere que la cantidad no garantiza la seguridad de los equipos en cuestión” y también cuando las oncenas locales y visitantes no puedan evitar la presencia en los escenarios de barras “en actitud desafiante o provocadora” y no se cuente con la presencia obligatoria de funcionarios en estos casos.
Además, la comunicación autoriza que los clubes sustituyan a los cuerpos de seguridad con agentes de custodia privados, solo en los casos en que los órganos del Estado “se encuentren acuartelados o no disponibles para prestar el servicio”, siempre y cuando el partido no sea declarado de alto riesgo.
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Más flexibilidad
La postura federativa actual al menos flexibiliza un poco la que tuvo el ente en 2014, cuando en medio de concentraciones, movilizaciones y violencia callejera que dejó un saldo fatal de más de 40 fallecidos, el Consejo de Honor —organismo que regía la organización de los torneos—prácticamente obligó a jugar la séptima jornada, ante la negativa del gremio de jugadores. ¿El resultado? Los encuentros se disputaron con mayoría de futbolistas juveniles y hubo dos partidos aplazados por incomparecencia de dos conjuntos.
“Desde la Aufpv queremos dejar nuevamente nuestro compromiso en acompañar y respaldar al profesional del fútbol en Venezuela. Rechazamos los actos de violencia que han sucedido en el país y estamos atentos a cualquier situación que ponga en riesgo a nuestros agremiados”, es esta vez la posición de la Asociación Única de Futbolistas Profesionales (Aufpv) ante la medida de la FVF.
Precisamente, el miércoles uno de los miembros del sindicato deportivo el jugador del Chicó Guayana FC, José Gabriel Coronado Malavé, de 19 años, fue detenido por la Guardia Nacional en Puerto Ordaz tras participar en la marcha opositora. El pasado 24 de febrero, a tres años de la recordada séptima fecha, la Aufpv recordó las razones del porqué se opuso a que rodara el balón.
“Esta época del año nos hace rememorar una decisión que jamás quisimos haber tomado, pero en vista de que los actores influyentes en la organización del fútbol nacional insistieron en desvincular lo profesional de lo personal, la inmensa mayoría de los jugadores del país se abocaron a no acatar el llamado a desarrollar normalmente el espectáculo, en medio de unas condiciones jamás apropiadas para tal fin”, explicó la mutual que preside el otrora goleador Juan García.
La jornada de la máxima categoría se cumplió, aunque en el estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal, la Guardia lanzó bombas lacrimógenas cuando entró a custodiar el campo tras el pitazo final bajo los insultos y las consignas que bajaron de la tribuna. Varias personas, incluyendo bebés, fueron atendidos por Protección Civil Táchira.
Foto: Junior Chacón
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