Apenas durante los primeros 11 días de 2018 hubo más protestas de calle que en enero del año pasado: 386, frente a las 383 del registro anterior. El mes cerró, finalmente, con 714 y 141 saqueos o intentos de saqueos. Y esto envía una señal clara: habrá mucho más. Marco Antonio Ponce, director del OVCS, desmiente —con datos— el argumento simplista de que “aquí no pasa nada”.

Caracas. 2017 dejó el mayor registro de manifestaciones desde que el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) hace seguimiento: 9787. De modo que la perspectiva de un escenario todavía más problemático es como para alarmarse. Pero es lógico: el Estado no materializa soluciones para las demandas ciudadanas. Todo lo contrario. Y atiza el fuego con su única respuesta: la represión.

Venezuela está lejos de ser un país con paz social. A lo largo de los últimos siete años la data arroja un promedio de 6700 conflictos por periodo. Y en 2018 una variable se agudiza: el hambre. Marco Antonio Ponce, activista de derechos humanos, profesor universitario y director del OVCS, desmiente —con datos— el argumento simplista de que “aquí no pasa nada”. Pasa mucho y desde hace tiempo ya. Y seguirá pasando.

2017 fue un año récord en protestas, de acuerdo con los registros del Observatorio. ¿Ese récord también marca una diferencia en la tendencia de las razones por las cuales se protesta en Venezuela?

—Ese récord del año pasado revela varias cosas. En principio, los ciudadanos salieron a protestar por numerosas razones. Una de las características del año pasado es que las protestas se hacían reclamando derechos fusionados. Así lo llamamos. Las personas exigían derechos políticos, derechos a la alimentación, a los servicios básicos. Es decir, había una sumatoria de derechos exigidos en una misma protesta.

¿Y eso no había ocurrido antes?

—Eso lo vimos de manera incipiente en el 2014, que ahora es el segundo año con mayor número de manifestaciones, pero en 2017 se dio con mayor intensidad. Esto es interesante porque normalmente las manifestaciones son por un derecho, pero aquí vemos que la mayoría de las protestas fueron fusionadas. Al comparar con otros años lo vemos con mayor claridad. Este año, por ejemplo, las protestas han sido por derechos económicos, sociales y culturales y particularmente por el derecho a la alimentación. La ola de manifestaciones de abril a junio tuvo como resultado que 2017 terminara como el año récord, superando al año 2014 que fue bastante difícil. 2017 también fue mucho más intenso y dramático en materia de violaciones a derechos humanos.

¿Ese cambio en la naturaleza y cantidad de protestas está vinculado con la actuación en cuanto a articulación y organización por parte de los partidos políticos?

—Sí, claro. Sobre todo al inicio de la ola de manifestaciones del año pasado, en abril, hubo una conexión con los partidos políticos liderados por jóvenes. Esa conexión que ocurrió porque los políticos jóvenes estaban en las manifestaciones logró que se motivara mucha más gente: “si están los diputados aguantando lacrimógenas igual que yo, tomo la calle”. Fue una reacción de contagio, sobre todo entre los jóvenes. Y esta es otra de las características particulares de 2017 porque normalmente en las manifestaciones los dirigentes políticos no están acompañando a la gente. Ese impulso que dieron los partidos políticos, ese acompañamiento, logró que se iniciara de manera incipiente una conducción de la protesta.

Vimos, por ejemplo en la región capital que cuando los partidos políticos convocaban a las marchas la asistencia era numerosa. Esa logística, esa cercanía que hubo en el momento, permitió que hubiese mayor participación. Y el tratamiento que dieron los partidos políticos al final de la ola de manifestaciones fue lo que ocasionó también que disminuyeran las protestas cuando los dirigentes políticos dejaron de acompañar a las manifestaciones y tuvieron el acercamiento para el diálogo con el Gobierno. Eso ocasionó que las protestas con estas características disminuyeran aunque permanecieron las otras por derechos económicos, sociales y culturales; vivienda, alimentos y salud.

Es común escuchar quejas que se refieren a que “aquí no pasa nada” ante lo que hace el Gobierno, especialmente por parte de venezolanos que ya no viven en el país. ¿Esa apreciación qué tan cierta es?

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—Eso es falso. Aquí está pasando mucho y desde hace bastante tiempo. Una de las pruebas es que cuando vemos a los sectores populares protestando de manera firme y observamos quiénes son los que protestan encontramos a personas que en el pasado se identificaron con el chavismo e incluso a gente que respalda al madurismo pero están protestando porque no se les garantizan sus derechos.

Desde hace mucho tiempo los ciudadanos están tomando las calles aquí: tenemos una cifra promedio anual de más de 6700 protestas. Y también es importante destacar que cerca de 80 % de las protestas están vinculadas a la exigencia de derechos políticos, sociales y económicos, dentro de lo cual están derechos laborales, a la vivienda, alimentación y servicios básicos. Esos son los focos más intensos.

Desde hace muchísimo tiempo los venezolanos han tomado las calles para exigir derechos y para rechazar políticas públicas ineficientes. Lo que ocurre es que algunas personas quisieran un cambio drástico por la grave situación que vive el país y eso se respeta. Pero lo que vemos es que desde hace muchos años la gente aquí está expresándose de distintas maneras como las protestas, pero también lo hicieron participando en las votaciones parlamentarias y luego absteniéndose en las más recientes elecciones. El venezolano permanentemente se está expresando. Y por eso el Gobierno de Venezuela ha reaccionado con una represión tan salvaje. Saben que hay un descontento muy grande y que los ciudadanos lo están expresando constantemente de distintas formas.

¿Existe en Latinoamérica un caso similar a lo que sucede en Venezuela en cuando a cantidad de protestas año a año?

—No. Cuando hacemos revisiones de otras organizaciones que hacen balance en la región vemos que Venezuela se mantiene como el país donde hay mayor frecuencia de protestas por año. En otros países los conflictos son focalizados, es decir, la protesta tiene que ver con un tema, puede ser laboral, indígena, de ambiente, pero aquí en Venezuela la gente protesta por todo. La crisis ha permeado todos los espacios del venezolano y no hay garantía, prácticamente, de ningún derecho. Y la falta de respuestas y de soluciones hace que esa frecuencia de protestas sea tan alta.

¿Por qué el índice de protestas es tan elevado? Eso tiene una relación directa, en principio, por la ausencia de respuestas por parte de las instituciones. Y en la medida en que no haya respuestas, la gente seguirá protestando. Cuando hacemos seguimiento a las manifestaciones nos damos cuenta de que muchas veces es por el mismo tema, es decir, en un barrio pueden protestar durante semanas por problemas con el suministro de agua. Y como no hay soluciones, continúan protestando. En todos niveles de gobierno, salvo algunas excepciones, no se le da respuestas a la población.

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Frente a las demandas de los ciudadanos en la calle, la respuesta del Gobierno ha sido aumentar la represión. Foto: Francisco Bruzco

En todo caso, la respuesta que da el Estado es la represión…

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—Efectivamente. Y eso alimenta el descontento, la rabia y crea un espiral de violencia que ha ido creciendo en el país. Lo vimos el año pasado: acciones de protestas que comienzan de manera pacífica y terminan en violencia luego de la intervención de los cuerpos de seguridad. El Gobierno venezolano ha tenido como respuesta a las manifestaciones un patrón de represión que hemos venido caracterizando desde el 2014 y que hemos denunciado ante los organismos internacionales. Esa represión incluye a las Fuerzas Armadas, a los cuerpos de seguridad y a los colectivos paramilitares o a civiles armados.

¿Cómo es esa caracterización del patrón de represión?

—Básicamente es un sistema donde el Estado está avocado a oprimir cualquier tipo de expresión popular que sea crítica. En el año 2017, por ejemplo, fue muy claro con la implementación del Plan Zamora, a través de la fuerza militar en conjunto con la milicia y los colectivos paramilitares, que dejó un saldo lamentable: 163 muertos.

En nuestra web presentamos un mapa en el que identificamos a todas las personas que murieron en el contexto de manifestaciones y eso nos revela la gravedad de lo que estamos viviendo. Otra parte de la respuesta que el Estado le da a las manifestaciones pacíficas es que después de la represión viene la militarización de las zonas para impedir que la gente siga protestando. Pero a pesar de esto, el sistema de represión se ha convertido en un búmeran para el Gobierno y los números lo revelan. La criminalización y la represión han ido creciendo con los años, ahí vemos leyes restrictivas y que penalizan a la manifestación pacífica, o la Ley contra el Odio, pero año tras año también el índice de protestas es cada vez más alto. Lo que mueve a la protesta es la crisis política y social y es la ausencia de garantías de derechos. A pesar de la represión la gente sigue tomando las calles. Las medidas se han convertido en un búmeran porque el descontento ha crecido en todo el país y en sectores que en el pasado apoyaron al chavismo.

Lo que vemos en lo que va de 2018, ¿qué indica? ¿Habrá tantas o más protestas que en 2017? ¿En qué estamos en este momento?

—Los datos de enero nos revelan un poco sobre lo que viene, pero no hay que perder de vista que el año está comenzando y hay que considerar lo que suceda con el tema de las elecciones presidenciales y las medidas que pueda tomar el Gobierno frente a la crisis de alimentos y salud.

En lo que va de 2018 hay un incremento considerable de las manifestaciones en comparación con enero del año pasado. En enero de 2017 se registraron 383 protestas y en enero de este año 714. Es un número bastante alto. Y más cuando comparamos con los últimos cuatro años: en 2015 hubo 518, en 2016 fueron 481; en 2017 hubo 383 y este enero ocurrieron 714. Y hay datos más dramáticos. Este año que acaba de comenzar ha sido un año en el que los ciudadanos han tomado las calles de manera sistemática para exigir alimentos porque la crisis de inseguridad alimentaria se ha agudizado. Otra cosa alarmante es el aumento de los saqueos en todo el país.

En enero de 2018 documentamos ya 141 saqueos o intentos de saqueo. En enero de 2015 fueron 31 casos, en 2016 se dieron 23 y en enero de 2017 registramos 19. Cuando miras eso en la perspectiva de lo que nos viene pareciera que la desesperación por el hambre está haciendo que el venezolano salga a manifestar de manera desconcertante para tratar de sobrevivir en esta grave crisis. El caso de los saqueos nos preocupa porque va en crecimiento. Hay mucha impunidad en esto y que viene desde las altas esferas permeando a todos los espacios. La gente además de saquear un local o un camión de comida está entrando a fincas e incluso hay reportes de saqueos de viviendas. Esto es resultado de políticas públicas que han sido ineficientes y de una situación en la que las propias autoridades no llaman a la calma sino que promueven este tipo de acciones que se alejan de las exigencias pacíficas de derechos. El saqueo entra en la categoría de manifestación violenta. Y esto arroja otro dato preocupante: el incremento de las protestas violentas. Los datos de enero nos ponen en alerta.

¿El hambre es lo que va a marcar el panorama de protestas de 2018?

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—Sin duda alguna ese es el tema, al menos en el primer trimestre. De acuerdo con la fluctuación de las manifestaciones que veníamos viendo ya teníamos previsto que este era un conflicto en ciernes que se iba a agudizar durante las primeras semanas del año. Hasta ahora no vemos ningún elemento que nos permita inferir que las protestas por alimentos vayan a disminuir. Es una situación muy volátil que es producto de la desesperación.

¿Qué elementos podría introducir el hecho de que este posiblemente sea un año electoral? ¿Esto podría agudizar las protestas y reorientarlas de forma política o podría más bien apaciguarlas?

—En los periodos preelectorales las protestas siempre aumentan porque los ciudadanos ven en ese momento la oportunidad para exigir a los candidatos. Y por eso veamos que posiblemente los conflictos aumenten y sigamos viendo a los venezolanos en las calles reclamando por el derecho a la alimentación y a la salud, que son los temas más críticos. En relación a la conducción política que pueda haber, ya eso dependerá del tratamiento que le den los partidos, en el sentido de que busquen esa conexión con el ciudadano que está manifestando o que está todos los días haciendo una cola para comprar alimentos o conseguir medicinas. Ahí los partidos políticos, tanto del oficialismo y de la oposición, tienen el desafío de conectarse con la gente, con esa gente que está en la calle esperando respuestas y esperando el acompañamiento democrático para tratar de resolver sus problemas.

Foto: Cortesía / Francisco Bruzco



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