La fiscal general destituida presentó informe de gestión ante el Parlamento. Acusó a Maduro y su gobierno de pretender despojar a la población de todos sus derechos. La comisión de Política Interior dio a conocer un acta policial de la Masacre de El Junquito que desmiente versión del Jefe de Estado sobre los funcionarios heridos en el hecho.
Caracas. Vía Skype, desde el exilio en Colombia y con una orden de captura sobre sus espaldas, la fiscal general destituida el pasado mes de agosto por la fraudulenta Constituyente, Luisa Ortega Díaz, compareció este miércoles ante la comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN).
Ortega presentó un informe verbal de sus actuaciones ante organismos internacionales desde el momento de su destitución, para denunciar la “sistemática violación de los derechos humanos por parte del Estado venezolano”. Además interactuó con los diputados de la comisión —varios de ellos otrora perseguidos por el Ministerio Público— quienes le formularon preguntas y consultaron su opinión sobre varios temas, entre ellos sobre la Masacre de El Junquito.
Sobre este caso en particular, la presidenta de la comisión, Delsa Solórzano (UNT-Miranda), reveló parte del contenido de una de las actas policiales —hasta ahora ocultas— de la denominada Operación Gedeón, desplegada el pasado 15 de enero en el sector Araguaney de El Junquito, donde resultaron ejecutados 7 insurgentes encabezados por el exfuncionario del Cicpc, Óscar Pérez.
De acuerdo con el acta policial, uno de los funcionarios del FAES-PNB fallecidos en el sitio, recibió un disparo en el tórax (Andriw Gárate quien también era colectivo) y el otro (Nelson Chirinos) en la cabeza. Sin embargo, en su alocución de ese mismo día en la noche, Nicolás Maduro aseguró que ambos habían sido asesinados por disparos a la cabeza.
En esa oportunidad, Maduro también afirmó que varios funcionarios habían resultado gravemente heridos en un enfrentamiento con los insurgentes y que algunos se debatían “entre la vida y la muerte”, pero según el acta policial leída por Solórzano, de los 8 heridos, 3 recibieron disparos rasantes (abdomen, pierna, brazo) y los otros 5 presentaron heridas de poca gravedad por disparos en diferentes partes del cuerpo (antebrazo, fémur, espalda, abdomen, mano). Ninguno requirió hospitalización y todos fueron dados de alta el mismo día, dice el acta.
Solórzano afirmó que el reporte demuestra que en el sitio no hubo enfrentamiento.
Ortega dijo coincidir con tal apreciación: “Qué casualidad. Los heridos de los cuerpos policiales todos fueron tiros rasantes. Los chalecos que cargaban no fueron efectivos porque ¿cómo tuvieron disparos en el abdomen en una operación de esa naturaleza? Indudablemente que quienes participaron en esa actuación son personas ajenas a los cuerpos de seguridad ¿Por qué las policías y los cuerpos militares tienen en su equipo a personas con más de tres órdenes de captura? Es el caso de ese supuesto funcionario que tenía 3 órdenes de captura y estaba siendo procesado por 10 homicidios. Es sumamente delicado, ya no solo vivimos en un Estado militarista sino que en las filas de los cuerpos de seguridad hay personas con prontuario policial”, dijo Ortega.
Adelantó que próximamente presentará una denuncia puntual sobre la Masacre de El Junquito ante la Corte Penal Internacional (CPI) con pruebas “que involucran a funcionarios del alto gobierno en crímenes de lesa humanidad” en una “operación desproporcionada, con armas de guerra, donde además los masacrados estaban rendidos”.
Preguntas y respuestas
Juan Requesens (PJ) y Gaby Arellano (VP) preguntaron a Ortega sobre la penetración de guerrilla y paramilitares en la frontera, el narcotráfico “amparado por el alto mando militar”, la “presencia de células terroristas en suelo venezolano”, el uso de las instituciones para perseguir a la disidencia, los expedientes de los presos políticos de 2014 a 2017, la migración masiva y el caso Odebrecht.
Ortega seleccionó sus respuestas conforme a su agenda particular. Odebrecht, violación de derechos humanos, diáspora y sobre la persecución se limitó a decir: “No debe haber presos políticos por pensar distinto”.
La fiscal destituida lanzó un alerta a la tropa y mandos medios de la FANB:
El Gobierno pretende responsabilizar a los militares de bajo y medio rango de las violaciones de derechos humanos. Parece que quieren exculpar a Maduro. Alerta. En la denuncia que presenté ante la Corte Penal Internacional, el primer responsable es Nicolás Maduro y la cadena de mando militar. Más de 8000 personas perdieron la vida entre 2015 y 2017 en manos de los cuerpos de seguridad del Estado”.
Comparó al gobierno de Maduro con el nazismo: “Quieren seguir quitándole todos los derechos a los venezolanos, a la alimentación, a la salud, a la seguridad, a una vida digna, todos. Es una tragedia. En Venezuela se está desarrollando una nueva forma de genocidio, esto hay que detenerlo. Es una forma de genocidio moderno con rasgos del nazismo porque vemos cómo la cultura de Goebbels se ha implementado en Venezuela distorsionando la información y repitiendo mentiras miles de veces hasta que las convierten en verdad. Eso hay que denunciarlo ante el mundo”.
Sobre el caso Odebrecht ratificó que todas las pruebas de la trama de corrupción en Venezuela están en manos de la Fiscalía de Brasil y la de España.
Con respecto a la diáspora, adelantó que en las próximas semanas acudirá ante el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) para solicitar la actuación efectiva y urgente de ese organismo para atender a los venezolanos que emigran.
Ortega instó a los diputados a defender la legitimidad de la AN e impedir que se concrete “otro golpe que pretenden darle al Parlamento” con la convocatoria adelantada a elecciones legislativas: “Ustedes fueron electos por el pueblo venezolano por un tiempo determinado, no permitan que le den otro golpe a la Asamblea”.
Investigarán relación de Santana con altos funcionarios
La comisión de Política Interior abrió además una investigación en torno a un video que circuló el lunes en redes sociales. En el material se registra el momento cuando el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, la alcaldesa de Libertador, Erika Farias, el general Favio Zavarce, comandante de la Zodi de la región Capital, y la jefa de gobierno de Distrito Capital, Carolina Cestari, se acercan al ciudadano Valentín Santana, quien portaba un arma militar automática terciada en el hombro de manera visible.
Santana es dirigente del colectivo La Piedrita, de 23 de Enero, y en el año 2004 fue tildado por Hugo Chávez como “delincuente”. En la sesión de la comisión, la Fiscal Ortega dijo que contra Santana pesan 3 órdenes de captura.
“¿Cómo se cruza Santana con esos altos funcionarios y no es detenido? ¿Cómo es posible que estando presentes fuerzas de seguridad del Estado frente a un individuo con tres órdenes de captura que portaba armas de guerra en lugar visible, no sea detenido? Como tenemos preguntas sin respuesta estamos ordenando que se remita comunicación a las autoridades ahí presentes. Sabemos que no van a contestar pero ello nos abre la puerta a la jurisdicción internacional”, dijo Solórzano.
La diputada recordó que en la sesión del 5 de julio de 2017, cuando civiles armados progobierno asaltaron el Palacio Federal Legislativo y causaron una docena de heridos, el responsable de la seguridad de las áreas externas del palacio era Zavarce, por lo cual se investigará si fue cómplice por omisión en dicho asalto.
La comisión también recibió un informe de la diputada Gaby Arellano sobre las gestiones realizadas por las cancillerías de Colombia y Brasil junto con Acnur para la activación de corredores humanitarios en las fronteras con Venezuela y atender a la diáspora.
Fotos: Maru Morales P. / Cortesía @AsambleaVE
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