El año que registra menos sanciones individuales contra Nicolás Maduro y sus funcionarios fue 2016. El que más podría ser 2019, pues sin que haya finalizado el primer semestre, ya se han impuesto 65, más de la mitad del total del año pasado que fue de 129. En el seriado que comienza hoy, Crónica.Uno profundizará en el alcance e impacto de las sanciones internacionales a funcionarios venezolanos.
Caracas. A partir de marzo de 2015 Estados Unidos inició una política de presión contra Nicolás Maduro, expresada en la generación de listas de individuos sancionados que le incluyeron a él y a sus colaboradores más cercanos.
Aunque desde mediados de los años 2000 algunos funcionarios de Hugo Chávez, sobre todo militares, habían sido incorporados a la lista negra del narcotráfico estadounidense, en 2015 se abrió una nueva etapa en la que Estados Unidos comenzó a presionar a altos funcionarios de todos los poderes públicos cooptados por el PSUV madurista, en función de su presunta vinculación con otros delitos.
En la primera entrega de este seriado, haremos un comparativo de sanciones internacionales contra funcionarios venezolanos emitidas por año.
Esta lectura revela que el arreciamiento de la crisis humanitaria (2017), el agravamiento de la crisis institucional (2015, 2016 y 2017) y también del desplome sostenido de la producción de petróleo en Venezuela que se registra desde 2015, fueron elementos que empujaron a los países más poderosos del globo a actuar contra quienes consideran responsables de la situación: la cúpula madurista.
En 2016 el Parlamento venezolano en manos de la alternativa democrática declaró la existencia de una emergencia humanitaria; pero la comunidad internacional no sintió el impacto hasta finales de 2017 cuando la estampida de venezolanos encendió las alarmas de la ONU.
La crisis institucional comenzó en diciembre de 2015 cuando el TSJ anuló tres curules de oposición en la Asamblea Nacional y continuó en 2016 con el desconocimiento de la Asamblea Nacional por parte de los poderes públicos manejados por el PSUV. En 2017 entró en fase crítica con las sentencias 155 y 156 del TSJ y la designación de una asamblea constituyente a contrapelo de la Constitución.
El 20 de mayo de 2018 y el 10 de enero de 2019 fueron fechas clave para que la comunidad internacional comenzara a alinearse de cara a una política conjunta frente a la situación de Venezuela: entre el 5 de enero y el 30 de mayo de 2018, es decir, antes e inmediatamente después del 20M, se dictaron 96 sanciones. Luego del 10E se han emitido 65 sanciones.
Por otro lado, en la página web de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) es evidente el derrumbamiento de la producción de crudo de Venezuela en los últimos cinco años:
-2.350.000 barriles diarios en marzo de 2015
-2.320.000 barriles diarios en marzo de 2016
-1.972.000 barriles diarios en marzo de 2017
-1.488.000 barriles diarios en marzo de 2018
-732.000 barriles diarios en marzo de 2019
Y aunque los países miembros de la OPEP (excepto Ecuador) se han mantenido al margen del conflicto venezolano, al ver los números parece claro que a menos producción, más crisis y a más crisis, más sanciones.
Es así como el propósito de las primeras sanciones parecía orientado a penalizar a individuos sospechosos por la comisión de delitos y exponer ante la comunidad mundial las relaciones peligrosas de un gobierno cada vez menos democrático. Pero desde 2018 en adelante, la comunidad internacional apunta a otro objetivo: causar una ruptura significativa en el seno del poder madurista, que abra paso a una transición política.
2017 cerró el año con 100 sanciones. En 2018, antes de las elecciones fraudulentas del 20 de mayo –así calificadas por la Asamblea Nacional– la comunidad internacional dictó 82 sanciones individuales. Después de esa fecha, otras 47, para cerrar el año con 129 actuaciones contra 74 personas.
Este año 2019, de las 65 amonestaciones contra personas dictadas hasta el día de hoy, 57 se produjeron en respuesta a la negativa e impedimentos impuestos por la administración Maduro al ingreso de ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero. Estas sanciones estuvieron dirigidas a militares activos y gobernadores de los territorios fronterizos (terrestres y marítimos), principalmente aquellos donde se produjeron hechos de violencia que causaron la muerte de personas inocentes.
El emperador quedó desnudo
Una aclaratoria relevante, al momento de analizar el proceso de imposición de sanciones en el caso venezolano, es que la comunidad internacional ha sido cuidadosa de diferenciar las sanciones contra funcionarios (objeto de esta serie) y las sanciones contra el Estado.
En el discurso oficialista, las sanciones iniciadas en 2015 son las causantes de la crisis económica y su derivación en una crisis humanitaria en Venezuela. Pero como hemos visto, esas sanciones son esencialmente contra personas. En todo caso, las cifras reveladas por el BCV la semana pasada echaron por la borda esa tesis.
Las sanciones contra el Estado propiamente dichas emitidas desde 2015 son las siguientes: en 2017 y 2018 Estados Unidos y la Unión Europea prohibieron transar bonos venezolanos y venderle armas a Venezuela, respectivamente; en 2018 Estados Unidos prohibió transar con petros, así como la compra de bonos y oro venezolanos.
Este año, Reino Unido impidió la repatriación del oro venezolano resguardado en ese país, y Estados Unidos congeló el movimiento de oro venezolano, petróleo venezolano, capital de bancos estatales venezolanos y amenazó con sancionar a las empresas transnacionales con operaciones en su territorio que facilitaran dichos movimientos. Además, la Casa Blanca bloqueó el acceso de Maduro a las cuentas de Citgo.
Sin el efecto esperado
Si el efecto deseado al sancionar a tantos individuos (133 en total desde 2015) era causar una ruptura masiva o al menos significativa y pública del bloque dominante, ese efecto no se ha cristalizado.
Los rompimientos de peso dentro de la coalición madurista, si bien han tenido impacto a lo interno, han sido más bien pocos: en 2017, figuras como la fiscal general Luisa Ortega Díaz y su esposo, el diputado Germán Ferrer abandonaron la lealtad a Maduro y se fueron, perseguidos, al exilio. El diputado Eustoquio Contreras formó con Ferrer una nueva bancada parlamentaria y ha asistido desde entonces con regularidad a la Asamblea Nacional como disidente del chavismo.
En 2018, con todo su entorno señalado de corrupción y malversación en Pdvsa y tras haber caído en desgracia y removido de su cargo diplomático, Rafael Ramírez, el antiguo zar del petróleo venezolano, dejó a Maduro.
En febrero de 2019, luego de la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado, el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez y de Maduro, Hugo Carvajal, comenzó a marcar distancia de Maduro y su entorno y a denunciar hechos de corrupción incluso electoral. El otro golpe fuerte a la lealtad al Maduro lo dio el 30 de abril el ex director del Sebin, Manuel Cristopher Figuera, quien no se retrató con Guaidó pero días después acusó a Maduro como responsable de la crisis.
Además, una cónsul, un agregado militar en Estados Unidos, una jueza superior, un alto mando de la Aviación, un coronel de ese componente que participó en el 4F y dos embajadores han expresado públicamente su ruptura con la administración Maduro. Uno de ellos, Isaías Rodríguez que hace dos semanas publicó una indescifrable carta donde no reconoce a Guaidó, reitera su lealtad a Maduro pero le acusa de incompetente.
En la siguiente entrega de este seriado repasaremos los países que han emitido más sanciones personales contra funcionarios de Maduro.
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