La hoja de ruta del gobierno de Maduro para el próximo período presidencial fija el camino para el afianzamiento de la economía socialista.

Caracas. He venido con el Plan de la Patria 2019-2025, escrito por el pueblo, para lograr el renacimiento económico, aseguró Nicolás Maduro cuando entregó su programa ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en febrero de 2018. El 20 de mayo fue reelecto con 6,2 millones de votos para seis años más en la presidencia y sus líneas de gobierno prevén: el Estado popular, mayor injerencia estatal en las áreas clave y consolidación de la economía comunal.

El programa de Maduro busca afianzar el socialismo tal como se ha anunciado desde 2007 y esos objetivos se plantean cuando la crisis —producto del modelo de controles— se profundiza. La economía entra a su quinto año de recesión con hiperinflación y fallas de abastecimiento.

En 2007 el gobierno del fallecido Hugo Chávez Frías esbozó una reforma de la Constitución con el objeto de transitar hacia el socialismo, y aunque los cambios fueron rechazados en un referendo, ello no lo limitó a plasmar el sistema en el Plan Simón Bolívar y en las leyes del poder popular aprobadas en 2010. En aquel período, el expresidente se beneficiaba de altos precios del petróleo, y optó por nacionalizar empresas, disparar el gasto y crear un tejido de unidades socialistas. Aunque las autoridades señalaban que debía romperse con el modelo rentista, el soporte de las acciones fueron los ingresos petroleros.

Uno de los fines del modelo era disminuir el peso del sector privado, por lo que aumentaron los controles, pero dicho objetivo no se alcanzó en su totalidad. El economista Ronald Balza lo explica: No se avanzó en reducir del todo el sector privado porque se elevaron las importaciones y, cuando se formuló el segundo plan, todavía había recursos.

Para las elecciones de 2012, Chávez presentó el Plan de la Patria con el fin de insistir en el desarrollo de otras formas de propiedad diferentes a la privada. Maduro mantuvo ese objetivo en el programa de 2013; sin embargo, no hubo nuevas empresas socialistas. El Jefe de Estado sí recrudeció los controles, lo que acentuó los desequilibrios de la economía y, en línea con la planificación centralizada, estructuró los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

Cuatro días después de que el CNE lo proclamara ganador de los comicios presidenciales, Maduro —el 24 de mayo— se juramentó ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y allí reiteró: “Venezuela ha vuelto a ratificar su rumbo: el socialismo”.

El desabastecimiento de productos en Caracas supera el 80%. Vecinos han denunciado en varias oportunidades que la entrega de bolsas del Clap es discrecional.

El peso del poder popular

Se busca la transformación del Estado capitalista burgués en un Estado comunal de transición para construir el Estado socialista. Esta es la frase más repetida por el ministro de las Comunas, Aristóbulo Istúriz, en sus intervenciones. Y esa modificación está en el Plan de la Patria, que indica que debe pasarse a un Estado popular.

Dicha transformación se ha planteado desde hace 11 años, pues si bien hay consejos comunales, comunas y empresas socialistas, para el oficialismo la base es estructurar un Estado comunal.

En el modelo —tal como sucedió en los otros planes— la presencia del sector privado se mantiene, pero minimizado. Para el Gobierno es clave que los privados formen alianzas con empresas estatales y comunales. “Crear un nuevo tejido productivo con alianzas estratégicas, empresas mixtas, estatales y del poder popular”, detalla el texto.

En cinco años, el cerco a los privados ha crecido. La restricción en la entrega de divisas, el control de precios, los problemas con los servicios, las ocupaciones y las regulaciones han tenido a las empresas en jaque, y hoy operan a 24 % de su capacidad, según Conindustria.

Las acciones oficiales han buscado favorecer a empresas públicas y socialistas; sin embargo, esas fábricas también han estado a media máquina. Hasta los últimos datos disponibles —memorias de 2015— las empresas socialistas en el sector agrícola apenas habían alcanzado 30 % de sus metas de producción. Otras industrias estatales como las siderúrgicas y las cementeras operaban entre 10 y 40 % de capacidad al término de 2017, de acuerdo con fuentes de esos sectores.

Richard Obuchi, economista y director de la firma ODH, apunta que el Gobierno cree que seguir con ese modelo tendrá resultados diferentes y no es así. El desbalance económico continuará.

Pero Maduro persiste y en su plan destaca que es clave “desarrollar el Sistema Económico Comunal” mediante empresas de propiedad social directa, unidades familiares, grupos de intercambio solidario y demás formas asociativas para el trabajo.

En noviembre del pasado año, el mandatario dijo que “las comunas y consejos comunales deben ser el espacio para construir el socialismo territorial”, y comentó que había que impulsar bancos comunales. El Plan de la Patria incorpora bancos y monedas comunales. En mayo ya aprobó 800 millardos de bolívares para reimpulsar las entidades comunales.

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Afianzar los Clap

“Los Clap llegaron para quedarse”, aseveró el ministro de Agricultura Urbana y jefe de los Clap, Freddy Bernal, a mediados del pasado año y ha sido una frase repetida por los funcionarios.

El Plan no solo abarca empresas comunales, también le da mayor poder a los Clap, conformados en abril de 2016 para vender bolsas de comida a precios subsidiados, pero que, con los decretos de emergencia económica, tienen injerencia en la distribución de rubros básicos.  

Según el documento, los Clap deben articularse con los consejos comunales y la milicia, y “desarrollar una nueva lógica del sistema de distribución y producción”. Para el Ejecutivo, a los Clap hay que transferirles “espacios productivos abandonados y tierras ociosas en la comunidad”, y darles mayor financiamiento.

Adicional a los Comités, la administración de Nicolás Maduro utiliza otras herramientas como el carnet de la Patria, y ello forma parte del programa de gobierno.

Ese instrumento ha sido la herramienta más usada por el Gobierno en los eventos electorales. De hecho, el acceso a bolsas de comidas, bonos y viviendas está sujeto al carnet. Según el Plan, “es necesario consolidar el sistema de registro y despacho mediante el carnet de la Patria, fortaleciendo la transparencia y eficiencia en la distribución”, en alusión a los alimentos.

Obuchi indica que “mientras los aliados del Gobierno abandonan la planificación centralizada, aquí se insiste y habrá más recesión”. Balza añade: La planificación centralizada destruye y estamos en las peores condiciones.

Las firmas económicas proyectan para este año una caída de más de 10 % y una inflación superior a 150.000 %.

Hacia el sistema de fijación de precios y plan de divisas

A lo largo de cinco años, la política oficial ha sido recrudecer los controles. Y esa estrategia sigue.

El Gobierno ha mantenido un control de precios que ha obligado a las empresas a producir artículos por debajo de sus costos de producción y ha creado marcos legales que la impactan.

En el Plan de la Patria 2018-2015 el Ejecutivo contempla un sistema de fijación de precios para “establecer una nueva lógica de precios”.

Hay que desarrollar un sistema de determinación y fijación de precios justos para los bienes y servicios, combatiendo las prácticas de ataque a la moneda, acaparamiento, especulación, usura y otros falsos mecanismos de fijación de precios, mediante el fortalecimiento de las leyes e instituciones responsables y la participación del Poder Popular, detalla el documento.

En ese contexto, está previsto incrementar las inspecciones, debido a que se plantea “ampliar las capacidades institucionales de determinación, fijación, seguimiento y fiscalización de precios, así como la implementación de un sistema efectivo de sanciones”. Todos estos aspectos ya están en instrumentos como la Ley de Precios Justos.

Gran parte de las fiscalizaciones se realizará con los Clap, consejos comunales y milicia —lo que está previsto en un texto elaborado por la Asamblea Constituyente—, por lo que el plan reitera que deberá “desarrollarse una plataforma social con los consejos comunales y los Clap para el seguimiento, en conjunto con la milicia, del combate contra la especulación y acaparamiento en el marco de los programas de la Gran Misión Abastecimiento Soberano”.

Junto con las regulaciones, el Gobierno ha seguido con la restricción en la entrega de dólares. En diversas oportunidades las autoridades han indicado que es necesario regular la asignación de billetes verdes, por lo que se vuelve a formular un plan de divisas.

En el documento que marca las líneas de seis años de gobierno se prevé implementar un Plan General de Divisas de la Nación “que permita optimizar, jerarquizar y controlar la asignación de divisas a los distintos sectores de la economía nacional”. Y se estima consolidar a Corpovex como centralizador de las importaciones.

En los primeros meses de 2018, la Vicepresidencia de Economía anunció que las importaciones bajarán en 40 %.

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Foto: AVN



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