El 98 % de los créditos autorizados por Nicolás Maduro el pasado año fueron para cubrir los aumentos de salarios y del bono de alimentación.
Caracas. En 2016, el Ejecutivo se pasó por el forro a la Asamblea Nacional (AN), primero con las leyes de la Habilitante y luego con los decretos de emergencia económica. Y a largo del ejercicio manejó las finanzas sin control.
El pasado año, el presidente Nicolás Maduro aprobó créditos adicionales por 4,1 billones de bolívares, los cuales no fueron revisados por los parlamentarios, como sucedió hasta 2015.
Cuando la oposición ganó la mayoría en la AN, el Jefe de Estado le restó poder a los diputados: con la Habilitante modificó la Ley Orgánica de Administración Financiera para que los parlamentarios no evaluaran las condiciones financieras de las emisiones de bonos y en enero de 2016 —tras la publicación del decreto de emergencia económica— el mandatario encontró una vía para evadir la fiscalización al gasto.
Ese mes publicó una providencia en la que decidió que los recursos no ejecutados del 2015 fueran trasferidos al Fonden a fin de usarlos en diversos proyectos.
Ese dinero que no se llegaba a emplear en un año solía devolverse a la Tesorería Nacional, y después se utilizaba para soportar los créditos adicionales del ejercicio siguiente. Por ejemplo, durante la primera mitad del 2015, gran parte de las operaciones que autorizó la Asamblea fueron financiadas con los fondos que no se ejecutaron en 2014.
Al traspasar esa plata del 2015 al Fonden, el Gobierno no envió los créditos al Parlamento, dado que los autorizaba directamente Maduro.
Por lo general, cuando las operaciones eran revisadas por la AN los despachos consignaban la petición del dinero con un informe que señalaba la orientación de los recursos, pero desde que cambió el proceso de autorización, no hay detalles.
Más allá de los recursos que se contemplaron para pagos laborales, Maduro avaló fondos para los consejos comunales y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) por 10,9 millardos de bolívares, pero en los decretos no hay detalles de cómo se distribuyó esa plata, ni las metas de los planes.
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El 98 % de esas operaciones extraordinarias fueron para cancelar salarios, pensiones, bonos de alimentación, entre otros compromisos laborales.
En el transcurso de 2016, el mandatario aprobó cuatro incrementos salariales, lo que obligó a revisar la escala de sueldos de la administración pública, por tanto, las revisiones impactaron en las cuentas fiscales.
El costo de los compromisos laborales para el fisco se debe a que la nómina estatal asciende a 2,7 millones de trabajadores y los pensionados son más de tres millones.
Foto referencial: Miguel González
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