La Constitución establece que el presupuesto nacional requiere el aval del Parlamento, y tiene que entregarse antes del 15 de octubre.
Caracas. Desde que la oposición es mayoría en la Asamblea Nacional (AN), el Gobierno se ha saltado su control. A lo largo de 2016 ha utilizado los decretos de emergencia para aprobar directamente créditos adicionales, y bajo esa misma vía autorizará el presupuesto y el endeudamiento de 2017, de manera que por primera vez no llegará al Parlamento.
El presidente Nicolás Maduro el pasado jueves en la noche indicó que el gasto del próximo año será consultado en el Congreso de la Patria, y solamente detalló que 70 % de los recursos que se programarán serán para el área social.
“Estamos viendo cómo será la presentación y aprobación (del presupuesto). Como la Asamblea está fuera de la Constitución, llamo al pueblo para consultar y exponer el presupuesto en el Congreso de la Patria”, sentenció, sin dar más detalles.
Con esta decisión, Miraflores incumple la Constitución, que en el artículo 313 señala: “El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional, en la oportunidad que señale la ley orgánica, el proyecto de Ley de Presupuesto. Si el Poder Ejecutivo, por cualquier causa, no hubiese presentado a la Asamblea el proyecto de ley de presupuesto dentro del plazo establecido legalmente, o el mismo fuere rechazado por esta, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso”.
De hecho, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público —texto que fija las directrices del gasto— indica que antes del 15 de octubre de cada año, las autoridades deben consignar el presupuesto ante la AN así como el tope máximo de endeudamiento de la República, lo cual no se acatará de acuerdo con lo expresado por el mandatario.
El Jefe de Estado a mediados de septiembre aprobó una extensión del decreto de emergencia que le permite avalar directamente el gasto.
Por medio del decreto, Maduro puede tener “una normativa especial para la asignación de recursos presupuestarios, los límites máximos de autorizaciones para gastar, la distribución de los egresos y las operaciones de financiamiento, sin compensaciones entre sí, que regirán para el ejercicio económico financiero 2017. Si por situaciones de hecho o impedimentos jurídicos resultare imposible tramitar el presupuesto de 2017 oportunamente, con el objeto de evitar daños irreparables al Patrimonio Público, así como garantizar el adecuado funcionamiento de los órganos y entes públicos”.
El diputado de la Comisión de Finanzas, José Guerra, aseveró que “el presupuesto es una ley que tiene que ser autorizada por la AN, al Congreso de la Patria no lo eligió nadie”.
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El mandatario aseguró que presentará una asignación, pero en la Asamblea Nacional consideran que si no se consigna en la fecha prevista, se autorizará un presupuesto reconducido. Eso significa que el gasto de 2017 será igual al de 2016, que se contempló inicialmente en 1,5 billones de bolívares.
El parlamentario afirmó que si el presupuesto no se entrega el 15 de octubre “se reconduce”, tal como lo indica la Ley de Administración Financiera. Sin embargo, la estrategia del Gobierno apunta a buscar otras vías para gastar.
Ya con el primer decreto de emergencia Maduro creó una norma especial para no entregar créditos adicionales a los diputados. El camino fue depositar los recursos no ejecutados del pasado año en el Fondo Nacional para el Desarrollo Endógeno (Fonden) y ejecutar la plata directamente. Con ese dinero y los ingresos tributarios se han aprobado 1,7 billones de bolívares en operaciones extraordinarias, que en gran medida han sido para cubrir pagos laborales.
Ahora faltan los detalles de cómo se gastará y se endeudará la República. Con la reforma de la Ley de Administración Financiera, las condiciones de los bonos las autoriza el Jefe de Estado, no requieren el visto bueno de la AN.
Foto: Cristian Hernández
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