Crónica.Uno revela, en esta segunda entrega, datos tras bastidores del diálogo: 20 millones de dólares invertirá el Gobierno para tratar de ganar curules de Amazonas. Sepa quiénes serán los candidatos a dirigir el CNE y las presiones de Voluntad Popular sobre Acción Democrática para que no siga en las conversaciones.
Caracas. Si Diógenes Escalante no llegó a la Presidencia en 1945 por su locura, en la oposición perciben que Nicolás Maduro quiere mantenerse en el poder con una conducta dual. En octubre, el Presidente prometió que quería elecciones en “25 días, antes de que termine 2016”, como una manera de salvar el “legado del Comandante”; recomponer las fuerzas del chavismo y facilitar una transición, con miras a retornar al poder en un futuro, al estilo de Daniel Ortega en Nicaragua.
La iniciativa despertó el interés de la oposición y, luego de polémicos debates —discrepancias con Voluntad Popular (VP)— y en vista de que El Vaticano había llegado a Caracas bajo la premisa de amarrar aquella promesa, los principales partidos —Un Nuevo Tiempo (UNT), Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ)— acceden a sentarse en la Mesa de Diálogo un tanto obligados, primero el 30 de octubre y, más tarde, el 11 y 12 de noviembre.
Maduro cambió de posición en noviembre: se calentó porque los diputados debatieron el caso de los “narcosobrinos” y acordaron investigar el uso de la rampa presidencial y la emisión de pasaportes diplomáticos de manera irregular. Entonces pretendió “institucionalizar” la Mesa del Diálogo, es decir, que forme parte del estamento político de la “revolución” y así llegar a 2018 con la elección de un nuevo presidente en esa época, objetivo por el cual en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se mueven entre Diosdado Cabello y Tareck El Aissami.
La presión de los radicales privó en esta conducta de Maduro, quien en privado ha confesado que desea una salida política y electoral, y en público vocifera que la Mesa es para salir de la crisis económica. La presencia de El Aissami en el diálogo tiene como fin impedir una opción electoral, revelan fuentes del PSUV. Luis Soteldo, diputado de la bancada oficialista, aseguró en Venevisión que: “No podemos negociar la salida de Maduro porque es un presidente constitucional”.
[irp posts=”39482″ name=”El “diálogo obligado que atormenta a Miraflores y a la MUD”]El diálogo ha expuesto, pues, las diferencias internas del chavismo y de la oposición, “la conducta bipolar de Maduro” y un último intento por evitar que las partes se levanten.
La Iglesia presiona por lograr que los bandos cumplan, más ahora que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) —o el G-3— ha impuesto como condición que si Miraflores no cumple, no van más al hotel Meliá.
La MUD exige los siguientes puntos “antes de la próxima sesión programada”, o 6D: a) Instar a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a restituir las competencias constitucionales del Parlamento, dejar sin efecto el falso “desacato” y las sentencias que restringen al Legislativo; b) nombrar entre las partes dos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y sus respectivos suplentes, que ejercerían a partir del 4 de diciembre de 2016 cuando vence el plazo de Socorro Hernández y Tania D’Amelio; c) liberar a los presos políticos e instalar una Comisión de la Verdad, presidida por El Vaticano; d) abrir el canal humanitario; y, e) convocar en fecha acordada entre las partes las elecciones parlamentarias en Amazonas.
Empero, antes de las amenazas, se suscitaron cuestiones que, hasta ahora, habían permanecido en silencio o bien guardadas:
1) El plazo de “25 días” señalado por Maduro para buscar una salida política significaba que en diciembre o en enero de 2017 “a más tardar” debía convocarse a elecciones generales. La comunidad internacional estaba al tanto de ese escenario, que no se concretó por los radicales del chavismo que temen que la pérdida del poder los deje “huérfanos” y, por tanto, objeto de juicios penales en el ámbito nacional e internacional, explicaron fuentes de los partidos opositores y del oficialismo. No obstante, en el PSUV se habló de unos comicios de la Asamblea Nacional (AN) como una forma de que el chavismo postulara sus fichas y así poder gozar de inmunidad parlamentaria.
“Eso explica el porqué el TSJ no ha resuelto la interpretación aquella sobre los límites del fuero legislativo a la espera de un cambio en el juego político”, alertaron.
2) La desincorporación de los diputados de Amazonas como condición para restablecer la “legalidad” del Parlamento. En la Mesa, la Unidad se comprometió a cumplir este trámite; de hecho, se hizo efectivo y hasta la directiva legislativa envió al TSJ una notificación oficial, con los sellos y firmas.
El oficialismo consideró insuficiente aquel hecho. Sin embargo, nunca se dijo que, en el caso de que esto no fuera posible, se planteó la posibilidad de que los diputados de la pasada legislatura de Amazonas —que estuvo en manos de Cabello—, volvieran a ocupar las sillas para así garantizar la representación y la continuidad administrativa. La iniciativa favorecía a la oposición por cuanto esos diputados son quienes, casualmente, se habían desincorporado: Julio Igarza y Nirma Guarulla, y por el PSUV, Egildo Palau.
La discusión está paralizada. El TSJ no ha convocado a elecciones en Amazonas, a pesar de que el Gobierno hace campaña en ese estado. Incluso, fuentes del Movimiento Progresista de Venezuela (MPV) aseguran que Miraflores cuenta con 20 millones de dólares para costear esa campaña. El MPV, en el cual milita el gobernador Liborio Guarulla, espera contar con la MUD para hacer proselitismo y para vigilar los votos.
[irp posts=”34867″ name=”Elecciones generales en Venezuela: ¿la última carta del oficialismo? (I)”]3) Nuevo CNE. Las partes habían concebido una distribución: dos rectores para el PSUV y dos para la oposición, y un quinto, que aspiran sea “puro, aceptado por las partes”. Entre los “rectoreables” estuvieron: Vladimir Villegas, José Rachadell y Egleé González, pero ahora surgen otros nombres. El quid es que el tema está en stand-by, a pesar de que la escogencia debía hacerse antes del 3D cuando vencen los períodos de Tania D’Amelio y Socorro Hernández.
En la MUD descartan que el TSJ termine declarando omisión legislativa y, en consecuencia, proceda a designar los dos rectores principales y tres suplentes, con dominio del chavismo. “El TSJ no se atreverá porque saben que el Papa está pendiente de los acuerdos. Si lo hacen, se exponen al escándalo internacional”, sostienen.
4) La lectura del polémico comunicado el 12-N. El alcalde Carlos Ocariz recibió el texto de manos del monseñor Claudio María Celli y, por ende, no tuvo tiempo de negarse a hacerlo público, revelaron fuentes partidistas. En lugar de aclarar lo sucedido, Ocariz se enredó y consideró un “error” que el documento se refiriera a “personas detenidas” y no a presos políticos; de guerra económica, grupos paramilitares, con lo cual, se señaló que la MUD acogía parte de la nomenclatura de Miraflores. ¿Ingenuidad?
Mesas inoperativas. Las comisiones han estado sin trabajo desde la semana pasada, manifestaron, debido a la ausencia de los expresidentes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). La única instancia que se reunió la primera quincena de noviembre fue la de Derechos Humanos, que evalúa la libertad de los presos políticos, a raíz de que el diputado de UNT, Timoteo Zambrano, regresó de Estados Unidos y se entrevistó con la canciller Delcy Rodríguez y el nuncio apostólico, Aldo Giordani, revelaron fuentes. Entre el 24 y 25N, los facilitadores hablaron, en forma separada, con los representantes del Ejecutivo y de la oposición en un intento por evitar la suspensión del diálogo. Durante esta semana no ha habido actividad.
Ante la inercia de las comisiones técnicas de la mesa de diálogo, la MUD propuso a El Vaticano y a Unasur que los expresidentes, o uno de ellos, permanecieran en Venezuela para lograr avances en los acuerdos establecidos. El dirigente de UNT, Vicente Bello, espera que la propuesta sea acogida puesto que, por ahora, solo se reúne con más regularidad la comisión de DDHH debido a que el nuncio apostólico, Aldo Giordani, sí está en Caracas. “Queremos que así como está la iglesia estén los expresidentes porque el Gobierno no quiere cumplir”, alegó Bello.
5) AN, “apéndices del Gobierno, nueva exigencia del Gobierno”. Como condición para acceder a reconocer al Parlamento como institucional, “legal y legítima”, además de la desincorporación de los tres diputados de Amazonas por la plenaria, el oficialismo pidió en el Diálogo a la MUD: que la AN acoja en el Reglamento Interior y de Debates (Ridan) las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que, en la práctica, limitan el ejercicio legislativo.
El TSJ dejó sin efecto con la sentencia 269 parte del Ridan —aprobado en la gestión de Cilia Flores— que asignó mayor poder en el presidente del Legislativo, porque desde 2016 cambió la correlación de fuerzas que favorece a la oposición. El diputado del MPV, José Luis Pirela, confirmó la propuesta de Miraflores y que busca, por ejemplo, que el reglamento incorpore que la sesión debe ser convocada con 48 horas de antelación; que el orden del día no puede ser modificado por la directiva y que esta no pueda pedir el allanamiento de la inmunidad parlamentaria el mismo día que reciba la solicitud de los poderes públicos.
“Se pretende cercenar a la Asamblea y convertirla en un apéndice del Gobierno y no lo vamos a aceptar”, alertó Pirela. Por ahora, AD, PJ y MPV rechazan la iniciativa gubernamental, mientras que el resto de los partidos ignora que se haya debatido en la mesa de diálogo, revelaron fuentes legislativas.
[irp posts=”39652″ name=”Desde 2013 reuniones de Gobierno y empresarios no dan resultados y se han impuesto más controles”]6) Pugnas tras bastidores. Ante la eventualidad de que la MUD se divida por las diversas posiciones y pugnas entre los partidos, el miércoles 30N se resolvió una salida salomónica: presionar con dejar la mesa de diálogo si el Gobierno no cumple con los acuerdos del 30-Oct, 11 y 12N. El comunicado estuvo precedido de polémicos debates, primero con el G-9 —instancia representada por igual número de partidos— en una encerrona hecha el pasado lunes 21N, que no arrojó acuerdos.
La dirigente de Alianza Bravo Pueblo (ABP), Rosaura Sanz manifestó: “A los negociadores que actuaron por la MUD en el fulano diálogo con el Gobierno hay que darles unos cuantos teteros de avispa para ver si se ponen las pilas a la hora de defender nuestros derechos, porque la verdad es que entregamos los cochinos y los morrocoyes, y salimos con las manos vacías de esas reuniones”.
Luego, el secretario general de La Causa R, José Ignacio Guédez, alertó: “No podemos estar esperando que desde ese mesa de diálogo nos resuelvan los problemas. Ninguna negociación cupular puede sustituir el derecho del pueblo al voto y así escoger a sus representantes. La tarea que el pueblo nos encomendó aún no ha sido terminada”.
Entre el viernes 25 y 30N, se citó a los representantes del G-4 —que reúne a las 4 organizaciones principales— en el despacho de Henry Ramos Allup, sin consenso. Un Nuevo Tiempo Y Primero Justicia propusieron seguir en la mesa bajo condiciones, pero Voluntad Popular y Vente Venezuela presionan para que Acción Democrática no concurra a la cita del 6-D. VP ha planteado al presidente del Parlamento que sea su candidato si se convocan a presidenciales, debido a que Leopoldo López no podría serlo por estar preso. Por ello, Ramos Allup vaticinó a título personal, sin comprometer a AD y a los diputados, lo que sería la posición de la MUD:
“El Gobierno no quiere elecciones en ningún momento. Quiere llegar al último día [del período]. [Esa mesa] no va llegar a nada. Será en cuestión de horas, de días, falta poco para que se disuelva”.
Mientras, el comunicado de la MUD reza: “El Gobierno debe cumplir compromisos adquiridos ante El Vaticano y facilitadores. Hasta que eso ocurra, la Unidad Democrática revisará su presencia en el Diálogo en términos que anunciaremos el 6 de diciembre. Solo cuando el Gobierno dé muestras claras de cumplimiento, reanudaremos plenamente nuestra participación en el Diálogo, y lo haremos ratificando la agenda que promueva mecanismos constitucionales, electorales, democráticos y pacíficos para superar la profunda crisis política, institucional, social y económica de Venezuela”.
Previo a esta decisión, el gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, atribuyó a Ramos Allup “la mayor responsabilidad” para que la Unidad continúe en el diálogo: “Es el presidente de la Asamblea el que reúne a los partidos de oposición y tiene mayor experiencia y trayectoria política. La oposición tiene dos posturas: una ante la opinión pública y otra en el diálogo. Crearon falsas expectativas en sus seguidores que no pueden cumplir, porque nunca fueron planteadas, como adelantar las presidenciales o el revocatorio”.
La respuesta vendrá de Miraflores en las próximas horas. Maduro regresa de La Habana, Cuba, luego de las exequias de Fidel Castro, un tanto convencido de que a él y a la dirigencia de izquierda les corresponde seguir “el camino del comandante cubano” y, una vez más, mostrará su polaridad: diálogo con amenazas; diálogo con látigo.
Foto referencial: Cristian Hernández
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