A través de la Habilitante, el Presidente le restó poderes al Parlamento y adicionalmente aumentó los impuestos a las empresas
Mayela Armas/@mayearmas
Caracas. El Presidente Nicolás Maduro por medio de los poderes especiales le quitó más competencias a la Asamblea Nacional en materia económica. La Comisión de Finanzas del Parlamento ya no podrá autorizar el endeudamiento del Gobierno, señala la reforma la Ley Orgánica de Admistración Financiera del Sector Público publicada en la Gaceta Extraordinaria del 30 de diciembre.
El marco legal que estaba vigente hasta el 29 de diciembre establecía que para emitir bonos la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional tenía que dar la autorización. De acuerdo con la modificación del marco legal, ese aval de la Comisión ya no se requiere.
De hecho se indica que el Ejecutivo nacional solamente informará semestralmente al Parlamento de las condiciones financieras que se fijen para las operaciones de endeudamiento. Eso significa que cada seis meses los diputados sabrán cómo fueron las emisiones de bonos en bolívares o en dólares.
Se apunta que la Asamblea nada más podrá dar su aprobación cuando el endeudamiento sea por la “celebración de contratos de interés público nacional, estadal o municipal con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela”.
Este lunes muy temprano la comisión delegada de la AN dio luz verde al Gobierno para que coloque bonos por 158 millardos de bolívares.
Con la Habilitante, Maduro le impide a los nuevos diputados aprobar endeudamientos, remover al directorio del Banco Central de Venezuela y condiciona la entrega de información del BCV.
Más pagos
Vía Habilitante también se ajustaron las leyes tributarias con el fin de buscar más ingresos por la merma de fondos por la caída de los precios del crudo.
En medio de una economía en picada fue aprobada la reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta (ISLR) para aumentar la tasa de 34 a 40%. Este incremento será cancelado por las empresas, bancos y seguros.
A esa revisión del ISLR, se suma la aplicación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras para las industrias, que tendrán que pagar una alícuota de 0,75% por cada operación. La Ley no detalla la vigencia de este tributo.
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