Además de haber sido convocada violando la Carta Magna, la ANC se mueve en función de los intereses del Poder Ejecutivo. Las 13 leyes que tiene en sus manos están signadas por la línea partidista y gubernamental.
Caracas. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), electa contrariando el espíritu de la Constitución vigente, desconocida por la opinión pública y de resultados cuestionados por Smartmatic, no solo está encabezada y dirigida por personas que provienen del poder constituido (ministros, gobernadores, alta dirigencia del PSUV, altos oficiales militares), sino que ninguna de las 13 leyes que discute al margen de la Constitución son de su autoría.
El Poder Ejecutivo, y en particular Nicolás Maduro, monopolizan la presentación de proyectos de ley, dejando al pueblo oficialista que conforma la ANC como convidados de palo, limitados a levantar la mano para respaldar propuestas, aplaudir las intervenciones de la dirigencia pesuvista y repetir la línea partidista.
La única ley aprobada hasta la fecha es la que crea la Comisión de la Verdad. Tanto la idea de esa comisión como su ley fueron hechura de Maduro.
Los 13 proyectos
El 11 de agosto, Maduro consignó el proyecto de Ley contra el odio, la intolerancia, el fascismo y por la convivencia pacífica. El instrumento surgió en respuesta a las expresiones de reclamo a decenas de altos funcionarios venezolanos en todo el mundo. Los llamados escraches llegaron a afectar incluso a Nicolás Maduro (hijo). Esta Ley podría ser el primer instrumento en ser ilegalmente sancionado por la Constituyente. De acuerdo con lo informado por su presidenta, Delcy Rodríguez, el debate en plenaria iniciaría esta semana.
El 15 de agosto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y compadre de Maduro, Maikel Moreno, solicitó a la ANC elevar a 50 años la pena máxima a delitos como homicidio, terrorismo, traición a la patria y robo. La petición no luce aislada si se considera que el 29 de agosto los constituyentes aprobaron un acuerdo que pide investigar y enjuiciar por traición a la patria a dirigentes opositores y diputados a la Asamblea Nacional (AN) que han solicitado respaldo a la comunidad internacional para superar la crisis institucional venezolana.
El 7 de septiembre, Maduro volvió a la ANC con un paquete de 8 proyectos de leyes económicas bajo el brazo: la Ley de abastecimiento soberano y precios acordados; la Ley para la promoción y protección de la inversión extranjera en Venezuela; la Ley de regulación y funcionamiento de casas de cambio; la Ley de impuesto a las grandes fortunas y patrimonios; la Ley de régimen tributario para el desarrollo soberano del Arco Minero del Orinoco; la Ley de creación del consorcio agroalimentario del sur “Agrosur”; y la Ley de régimen especial tributario para la protección social del pueblo y sanciones a los delitos a la economía.
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Ninguno de estos instrumentos ha sido discutido aunque fueron presentados como prioritarios para frenar la denominada guerra económica, contra la cual Maduro y su gobierno luchan desde 2013. Es de recordar que desde su ascenso al poder hace cuatro años, Maduro ha contado con dos leyes habilitantes y un decreto de Emergencia Económica y Estado de Excepción ilegalmente prorrogado por el Ejecutivo en 9 ocasiones.
El 10 de septiembre, el Consejo Legislativo del Estado Miranda, dominado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), junto con el director encargado de la Policía de Miranda, general Régulo Argotte —nombrado por el ministro del Interior Néstor Reverol—, entregaron a una comisión de constituyentes un proyecto de Ley de previsión y bienestar social para el policía. Es de acotar que en febrero de este año, la AN, único órgano avalado por la Constitución para sancionar leyes, aprobó la Ley de Protección Social del Servicio de Policía, la cual fue anulada por la Sala Constitucional del TSJ en junio.
El 3 de octubre, el ministro Reverol presentó a la ANC otra propuesta de Ley, esta vez diseñada por el vicepresidente ejecutivo con el respaldo del Jefe de Estado: la Ley de cuadrantes de paz, un sistema de vigilancia policial focalizado implementado en el año 2013, que no ha logrado reducir los índices de inseguridad.
Al día siguiente, el 4 de octubre, la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, anunció que la Comisión de la Verdad, instancia presidida por ella y creada a solicitud de Maduro, elabora un proyecto de ley de amnistía. Aunque dicho instrumento implicaría el reconocimiento del Gobierno de la existencia de presos de conciencia en Venezuela, la constitución vigente es clara al señalar que solo el Poder Legislativo tiene la potestad de aprobar instrumentos de esa naturaleza.
Lento proceso
El artículo 347 de la Carta Magna vigente señala que la ANC es convocada por el pueblo para “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. Sin embargo, el 10 de agosto, el primer mandatario también entregó a ese ente un proyecto de Constitución ya redactado: “Es la constitución de 1999 perfeccionada”, dijo.
La ANC trabajaría sobre ese texto base para escribir la nueva Constitución. No obstante, es poco lo avanzado. Hasta la fecha, solo se han nombrado las comisiones que discutirán la propuesta presidencial y este mes fueron conformados seis capítulos constituyentes atados a la estructura de los congresos de la patria que le responden directamente a Maduro, creados en 2015: juventud, cultura, educación, personas con discapacidad, mujer y adultos mayores.
La idea es que estos capítulos formulen propuestas sectoriales para ser consideradas al momento de discutir el proyecto presentado por el mandatario nacional.
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Hasta el gato
En su oferta constituyente, Maduro afirmó que la nueva Constitución incorporaría en su texto a los programas sociales de su gobierno, conocidos como “Misiones”. De ese modo, la misión vivienda, alimentación, las misiones educativas, las misiones para los adultos mayores serían parte del texto constitucional.
La primera semana de octubre, Delcy Rodríguez recibió la solicitud de incorporar también a la nueva Carta Magna la Misión Nevado, creada para “rescatar y brindar atención y protección de perros, perras, gatos y gatas en situación de calle, maltrato o abandono”.
Hasta el 5 de octubre, la ANC había realizado 23 sesiones de trabajo y aprobado 39 resoluciones; solo una de ellas orientada a redactar una nueva Constitución. En cambio se ha dedicado a remover altos funcionarios violando los procedimientos de la Constitución vigente (fiscal general y un diputado); acordar la apertura de investigaciones por traición a la patria contra dirigentes de oposición; condenar a otros gobiernos por solicitar apertura democrática en Venezuela; abrogarse las competencias del Poder Legislativo; y ratificar a los poderes públicos que se le han subordinado.
A continuación, el resumen del trabajo constituyente hasta el 3 de octubre, elaborado por la Secretaría de ese órgano:
Foto: Archivo
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