Representantes del magisterio solicitaron al Parlamento que se investigue el fondo de las deducciones que le hacen a los docentes por concepto de Ipasme.
Mabel Sarmiento Garmendia/@mabelsarmiento
Caracas. Al inicio del año diversas organizaciones del gremio declararon la emergencia del sector educativo.
En mayo de 2015, el Ejecutivo Nacional anunció un incremento en la tabla salarial de los docentes de 50%, incluyendo a trabajadores, jubilados, pensionados y del sector privado.
El aumento generaría la discusión de un contrato colectivo para este sector. Incluso hubo protestas de diversas organizaciones sindicales docentes, que incluyeron un paro nacional de 24 horas en varios estados del país, acciones que fueron calificadas por el Ministerio de Educación como “politiqueras”.
A pesar del aumento, los reclamos no cesaron. Los docentes lo consideraron insuficiente frente a la grave situación económica que del país y el deterioro de la calidad de vida.
Fuentes del Magisterio aseguraron que la baja remuneración, trajo renuncias masivas en el sector y un detrimento sostenido de las condiciones laborales de todos los trabajadores del sistema de educación a escala nacional.
Con ese panorama se llegó a 2016 y fue a finales de febrero cuando 17 organizaciones sindicales de escala nacional y regional, que agrupan a 700.000 maestros, terminaron por firmar el VIII Convenio de Contratación Colectiva, que establece un aumento de 55% en el salario en marzo, 17% en junio y otro incremento de 10% para septiembre.
El beneficio salarial base de un docente I, con 36 horas académicas a partir de este mes serán de 17.337,44 bolívares, desde junio 19.938,05 bolívares y para octubre 22.928,75. Además que se les aumentó el HCM a 100.000 bolívares con una cobertura especial de otros 100.000 bolívares y Servicio funerario por ese mismo monto.
La Convención, entre sus 200 artículos, dice además que se cobrará 105 días de vacaciones (antes eran 75 días) y un bono navideño de 9.000 bolívares. Mientras que las primas de años de servicio aumentaron a 120 bolívares y la prima de transporte a 1.700 bolívares.
Aún así los docentes piden ser atendidos dentro de un sistema educativo que contribuya al ejercicio de la ciudadanía, al disfrute de una vida cada vez más satisfactoria, que llegue a proporcionarles mayores niveles de libertad y estabilidad.
Por ello llevaron un informe sobre su condición actual a la Comisión de Desarrollo Social integral y Subcomisión de Educación, Deporte y Juventud, de la Asamblea Nacional, para que los parlamentarios encuentren un camino en el cual se priorice la calidad del sistema escolar.
Además pidieron que se reforme la Ley Orgánica de Educación y se retome el proceso de descentralización de la educación en términos financieros, administrativos y educativos; que se permita que cada región y estado del país pueda poner en práctica una educación al servicio de su propio desarrollo con la participación de todas las fuerzas vivas que hagan vida en esa entidad federal.
También solicitaron investigar y comprobar el destino de los fondos 6% de Instituto Previsión y de Asistencia Social para el Personal del Ministrerio de Educación (Ipasme) de cada trabajador, así como verificar el adecuado manejo por parte del patrono, e indagar los fondos destinados para la dotación y el mantenimiento de la infraestructura de los centros educativos.
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