Magistrados en el exilio condenan a Maduro a 18 años de prisión por corrupción y legitimación

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Los altos jueces, reunidos en el Congreso de Colombia impusieron a Maduro una multa por 25 millones de dólares por corrupción y otra por 35.000 millones de dólares por legitimación. Además lo inhabilitaron políticamente por el tiempo que dura la pena. Se notificará al sistema internacional de justicia y a los organismos financieros.

Caracas. Este miércoles culminó el juicio por corrupción contra Nicolás Maduro que adelantaron los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, a solicitud de la fiscal general, también en el exilio, Luisa Ortega Díaz.

Reunidos en el Congreso de Colombia y luego de 6 audiencias de juicio, los magistrados que se constituyeron como máximo juzgado en el exilio en septiembre de 2017, encontraron a Nicolás Maduro culpable de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales en el caso de las contrataciones del Estado venezolano con la trasnacional brasileña Odebrecht.

La dispositiva de la sentencia fue leída por el magistrado ponente, Romel Gil, quien aclaró que la sentencia completa será publicada conforme a la Ley Orgánica del TSJ en un lapso de 10 días.

Los magistrados declararon que las pruebas promovidas por Ortega fueron suficientes para comprobar la responsabilidad penal de Nicolás Maduro en los delitos que se le imputaron inicialmente. Además determinaron que la pena que se le impondrá a Maduro por este juicio será de “18 años y 3 meses de reclusión en el centro de detención Ramo Verde en el estado Miranda”.

Los altos jueces acordaron la imposición de multas conforme a la ley: por el delito de corrupción propia impusieron una multa de 25 millones de dólares y por legitimación de capitales Maduro debe resarcir a la República 35.000 millones de dólares.

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También declararon la inhabilitación política de Maduro por el tiempo que dure la pena y solicitaron al Ministerio Público investigar y determinar “la responsabilidad penal de los contralores generales de la república desde 2011 hasta el presente, quienes por acción u omisión fueron cooperadores o encubridores de los delitos” en cuestión. Esta acción recaería sobre la excontralora Adelina González (sucesora de Clodosbaldo Rusian, que falleció en 2011) y el contralor Manuel Galindo.

El sexto punto de la dispositiva señala que el TSJ determinará los mecanismos para hacer efectivo el pago de las multas, pues en este momento el cargo de Procurador General de la República está siendo ocupado de forma ilegítima.

Además se insta a los ministerios públicos, procuradurías generales y demás entes de investigación penal del mundo a que con base en las pruebas remitidas por el TSJ en el exilio se activen los mecanismos de la justicia internacional trasnacional para que actúen en consecuencia.

Los magistrados acordaron librar nuevamente las respectivas órdenes de captura contra Maduro a la Interpol “pero esta vez con razón de una sentencia” aclaró Gil, así como al Cicpc, Sebin y componentes de la Fuerza Armada.

Los jueces también ratificaron en su decisión el “vacío institucional que existe en el poder Ejecutivo de Venezuela y se ordena notificar a la ONU, OEA, Mercosur, CAN, UE, BID, BM, FMI y CAF entre otras a los efectos que conforme al derecho internacional público tomen las previsiones en el sentido de que Maduro no es presidente legítimo y está detentando ilegalmente la presidencia”. Acotaron que, en consecuencia, los tratados y contratos suscritos por Maduro no serán legítimos ni válidos y no comprometen a la República.

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“No es un juicio político”

El presidente de los magistrados en el exilio, Miguel Martin Tortabú, enfatizó que el juicio culminado este miércoles “no es un juicio político”.

Maduro ha sido condenado porque cometió un delito que va mucho más allá del enriquecimiento ilícito. Los hechos que ha considerado el tribunal han contribuido en la crisis financiera del país y el daño y sufrimiento que vive el pueblo”, dijo.

Aclaró que 25 magistrados votaron a favor de declarar culpable a Maduro y los otros 2 magistrados se abstuvieron de votar porque no estuvieron presentes durante la audiencia.

El proceso contra Maduro se inició en febrero de este año a solicitud de Luisa Ortega Díaz, en abril la Asamblea Nacional autorizó el enjuiciamiento del Presidente y el juicio propiamente dicho se realizó en seis audiencias los días 2, 6, 8, 9, 10 y 14 de agosto.

Foto cortesía @TSJ_Legitimo


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