Más de 1000 comercios e industrias de Cagua en peligro de cierre

comercios e industrias de cagua

La nueva ordenanza de impuestos sobre actividades económicas, aprobada por la Cámara municipal de Sucre, en el estado Aragua, establece incrementos tributarios que van desde 1300 a 20.000 % que deben cancelarse mensualmente. Para el sector industrial y comercial de la región, este instrumento es confiscatorio y pone en riesgo la seguridad alimentaria. Piden su nulidad.

Maracay. Una empresa establecida en la zona industrial de Cagua, municipio Sucre del estado Aragua, produjo en 2016, 12,6 millones de unidades, mientras que en 2017, se redujeron a 4 millones de unidades, en el 2018 disminuyeron a 2 millones de unidades y en 2019, solo ha producido 1,2 millones de unidades.

Esa misma empresa canceló en impuestos municipales en mayo de 2019, 26 millones de bolívares, pero para julio de este año, debió pagar 291 millones de bolívares, solo por concepto de la ordenanza de impuestos —aprobada de manera inconsulta— sobre actividades económicas, que entró en vigencia en julio de este año, luego de 7 meses de su promulgación.

Alejandro Balbi, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Cagua y Santa Cruz, sostiene que las consecuencias por la aplicación de esa ordenanza son impredecibles, aunque no duda de los efectos negativos que traerá para los comercios e industrias del municipio, que a la fecha no han obtenido flujo de caja para honrar este tributo.

La ordenanza establece nuevos impuestos —explica— que van desde 1300 a 20.000 % de incremento, dependiendo de la actividad económica, que además deben cancelarse mensualmente. “Eso, nadie lo puede pagar”.

De allí que más de 1000 comercios e industrias establecidos en las 4 zonas industriales que posee el municipio Sucre, están en peligro de cierre, ya que la mayoría apenas produce por debajo de 10 %, de acuerdo con los cálculos de la Cámara de Industriales del estado Aragua.

Su presidente, Freddy Lujano, señala que esta ordenanza es confiscatoria, causa un grave impacto en la competitividad de las empresas y pone en riesgo la seguridad alimentaria del estado y del país.

Es confiscatoria porque no toma en cuenta la capacidad contributiva de la empresa para honrar esos compromisos tal y como establecen las leyes. Es un tributo que se paga sobre ingresos brutos y no sobre las ganancias, por lo que muchas, ni siquiera, perciben  ingresos para honrar tributos de esta magnitud, señala

El presidente de la Cámara de Industriales de Aragua teme que esta ordenanza traerá mayor contracción de la economía e incidirá en la seguridad alimentaria.

Cagua es la sede de importantes empresas del sector agroalimentario que tienen relación directa e indirecta con el proceso de productos de la cesta básica.

Esta ordenanza —advierte— podría convertirse en una espiral en el estado y en el país, con graves consecuencias en la economía nacional.

Por ello, el sector industrial y comercial de la entidad, representado por Fedecámaras Aragua, solicita la derogación de la ordenanza, mientras una comisión técnica cuya conformación fue solicitada ante la Superintendencia Tributaria del municipio y ante la Sindicatura municipal, realiza una evaluación del instrumento jurídico, que por cierto fue aprobado sin que se realizara la consulta pública previa, tal y como lo establece la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y la Constitución.

No fueron consultadas tres organizaciones empresariales e industriales del municipio, como la Cámara de Comercio y Producción de Cagua y Santa Cruz, la Asociación Regional de Industria y Minería del estado Aragua (Arima) y la Asociación de Vecinos Industriales, que reúnen en conjunto unas 600 empresas, además de las adscritas a la Cámara de Industriales del estado con presencia en el municipio.

Los comerciantes —puntualiza Balbi— se enteraron de este nuevo impuesto el 11 de julio, cuando les llegó la facturación.

No nos negamos a pagar los tributos, pero los niveles de rentabilidad son bajos y es imposible cumplir con esos tributos exorbitantes. De lo contrario, desapareceremos”, advierte Ricardo Clámens, presidente de Fedecámaras Aragua.

Comerciantes, industriales y empresarios de Aragua piden nulidad de ordenanza municipal de Sucre. Foto Gregoria Díaz

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