Seis años después de los estragos causados por las lluvias en urbanizaciones como La Punta y Mata Redonda, que terminaron por afectar a más de 8000 personas, todavía unas 800 familias siguen viviendo en refugios, a la espera de las soluciones habitacionales prometidas por las autoridades.

Maracay. En el año 2012, las constantes y torrenciales lluvias ocasionaron una emergencia que afectó a cientos de familias residenciadas en las riberas del Lago de Valencia. Las aguas negras comenzaron a filtrarse en las casas de las urbanizaciones al sur de Maracay y habitantes de La Punta y Mata Redonda, entre otros, iniciaron una protesta para llamar la atención de las autoridades, que devino, horas después, en la  militarización del muro de contención del lago y en el traslado de miles de familias a refugios.

Rafael Isea, gobernador de Aragua para entonces, anunciaba que se habían visto afectadas, aproximadamente, unas 638 familias, pero las incesantes lluvias ocasionaron estragos en otras comunidades de la región, por lo que el número de refugiados superó las 8000 personas, a quienes se les prometió una vivienda digna, una vez se concretaran las soluciones habitacionales que prometieron el gobierno nacional y el de Rafael Isea, que, de acuerdo con registros periodísticos del momento, rondaban las 14.000 viviendas.

En medio de la improvisación, escuelas, cuarteles y hoteles, entre otros espacios, fueron habilitados para recibir a cientos de familias enteras, cuyas viviendas habían quedado bajo las turbias aguas del lago. El Cuartel Páez, la 42 Brigada de Paracaidistas, Base Sucre y el Conscripto, así como los hoteles Sahara, Aladino, El Jeque, América y sedes del INCE, entre otras instituciones, debieron acogerlas hasta que les fueran adjudicadas las viviendas que el Gobierno anunciaba en construcción. Al menos esa fue la promesa de Rafael Isea y de su sucesor, Tareck El Aissami.

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Pero ambos incumplieron. Seis años después, según registros tímidos que Crónica.Uno pudo obtener con algunos miembros del desaparecido Frente Bolivariano de Refugiados de Aragua, en la región aún permanecen en refugios más de 800 familias. En principio, los afectados fueron llevados a, por lo menos, 18 refugios en todo el estado, de los cuales, en 2018, han cerrado oficialmente tres, entre ellos, la vieja escuela Unidad Educativa Olinto Mora Márquez, al sur de Maracay, en donde permanecían 12 familias. La estructura que las aguas del Lago de Valencia aún no se había tragado, fue demolida.

El 17 de octubre, las 12 familias que por seis años estuvieron refugiadas en las inundadas y corroídas instalaciones de la UE Olinto Mora Márquez, al sur de Maracay, fueron desalojadas. La vieja estructura fue demolida.

Cifras extraoficiales refieren que, en la actualidad, al menos 126 familias permanecen en el refugio Samán de Güere, constituido con containers chinos que albergaron, en principio, a unas 214 familias y cuyas estructuras colapsaron a los pocos meses. En el Cuartel Páez aún pernoctan 20 familias, dos aún quedan en el estacionamiento de la vieja sede de la Universidad Bicentenaria de Aragua en San Vicente, otras 16 en el Conscripto militar, ocho en Base Sucre y 28 en la Escuela para la Transformación Integral de las Comunidades de Aragua (ETICA), ubicada en la avenida Las Delicias del sector El Castaño, de las cuales 16 son  de la etnia wayúu.

Las cifras obtenidas no son definitivas ni precisas, pues la  multiplicidad de organismos que participaron en la atención de las familias afectadas no permite conocer el porcentaje exacto de aquellas que han sido beneficiadas con una vivienda. Además, impera una absoluta opacidad informativa oficial sobre el tema.

En los cuarteles, sábanas dividían a familias completas, que debían compartir un mismo baño. En los hoteles, un grupo familiar de cinco integrantes debía convivir en una habitación. La deuda que el Gobierno contrajo con los hoteles, además de incalculable, nunca se canceló y llevó al cierre a varios de los hospedajes.

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Algunas familias refugiadas han sido favorecidas con una vivienda de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Otras, ante las calamidades, hacinamiento y enfermedades que padecieron en los refugios volvieron a las ruinas de sus viejas viviendas o se “arrimaron” con familiares en espera de unas viviendas que a la fecha no se culminan, pero que en papel les fueron adjudicadas. Al menos 400 familias están en esta situación. También hay familias que, sencillamente, desistieron en la larga espera y, con extremo sacrificio y con propios recursos, se fueron del estado o abandonaron el país.

Con Rodolfo Marco Torres como gobernador de Aragua, se han realizado algunas adjudicaciones en urbanismos construidos por el Gobierno, como Guasimal, Coropo o El Venerable. Son apartamentos cuyos propietarios abandonaron el país y que ahora son “recuperados” para ser entregados a otras familias, particularmente a aquellas que aún permanecen en refugios. “Funcionarios públicos junto a fiscales revientan candados y cerraduras, levantan actas de los enseres encontrados, los envían no se sabe a dónde o se los entregan a familiares de los propietarios y adjudican el apartamento a otra familia”, cuenta uno de los refugiados que rechazó una vivienda en estos urbanismos, porque, asegura, están controlados por los pranes.

No se pierda la primera parte de este trabajo:

Refugios: Depósitos de familias pobres (I)

Fotos: Gregoria Díaz


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