Mañana los tribunales y la Fiscalía dejarán de laborar, por segundo viernes consecutivo, en cumplimiento del decreto presidencial para ahorrar luz.
Juan Francisco Alonso
Caracas. La celeridad nunca ha sido de las características de la justicia venezolana. Sin embargo, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Ministerio Público de sumarse al decreto presidencial que da libre a los funcionarios públicos para intentar ahorrar energía eléctrica no hará más que agravar el histórico retardo procesal que sufre el país.
Mañana, será el segundo viernes consecutivo, que los venezolanos que acudan a los tribunales, porque tienen una audiencia o porque quieran consignar un documento, se encontrarán que la mayoría de ellos estarán cerrados, en virtud de la resolución 2016-0168 que el pasado 7 de abril dictó el máximo juzgado y en la cual declaró como “no laborables” los viernes “hasta tanto cesen los efectos del fenómeno El Niño sobre los niveles de disponibilidad del volumen de agua almacenada en la represa de Guri”.
La misma suerte sufrirán quienes acudan a las fiscalías o a las sedes de la Defensa Pública, organismos que también se plegaron a la medida gubernamental.
Aunque en la resolución del TSJ se ordena a los juzgados que tomen “las debidas previsiones para que no sea suspendido el servicio público de la administración de justicia” y se manda a los tribunales penales, de Violencia contra la Mujer y antiterroristas a establecer un sistema de guardias similar a la que se aplica durante los fines de semana o los feriados, en predios judiciales aseguran que estas previsiones no serán suficientes y que miles de causas se retrasarán.
“La medida afectará sobre todo a los tribunales penales de Control, donde se pueden celebrar entre tres y ocho audiencias de presentación (imputación) y/o preliminares (en las que se decide si una persona será enjuiciada o no) por día, eso sin contar las decenas de solicitudes (órdenes de captura y allanamiento, etc) que se acumularán porque serán recibidas por unos pocos tribunales y no por la totalidad”, afirmó un juez penal quien pidió mantenerse en el anonimato.
En similares terminó se pronunció una magistrada de la Corte de Apelaciones de Caracas, quien apuntó: “Un tribunal de Juicio por ejemplo tiene cinco días para celebrar juicios, pero ahora solo tendrá cuatro y habrá que reprogramar una cantidad de audiencias que ya fueron programadas entre el lunes y el jueves. Solo en Caracas unas 30 audiencias a la semana se verán afectadas, eso sin contar que los jueces tendrán menos tiempo para redactar las sentencias y para revisarlas las Cortes de Apelaciones”.
En la Fiscalía la situación será peor augura la funcionaria. ¿La razón? “Aunque haya fiscales de guardia para atender las denuncias que ocurran los viernes, cientos de experticias correspondientes a cientos de investigaciones no podrán realizarse por qué los fiscales no estarán en sus despachos, con lo cual las causas se retrasarán”.
Sin embargo, las causas que previsiblemente sufrirán más serán las demandas por manutención que se deciden en los tribunales de protección de Niños y Adolescentes; los divorcios y separaciones de bienes, los pleitos por herencias o conflictos entre accionistas de empresas que conocen los tribunales civiles; o las denuncias por prestaciones sociales o despidos injustificados que llevan los tribunales laborales, pues la resolución del TSJ no estableció ningún tipo de régimen de guardias para esos despachos.
En 2015, durante la anterior crisis eléctrica, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, rechazó reducir el horario laborable de su despacho, alegando que “si bien se deben tomar medidas para el ahorro energético no menos importante es garantizar la justicia”; y por ello implantó un plan alternativo para reducir el consumo de electricidad.
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